El Comité de Presos por la Verdad de Colombia, conformado por privados de la libertad en 25 cárceles del país (entre ellas La Picota en Bogotá y Cómbita en Boyacá) envió un documento a la Corte Constitucional donde plantea, como opción para evitar el contagio masivo de coronavirus en los centros panitenciarios, la liberación masiva de presos. Argumentan, en la misiva, que la iniciativa se da tras conocerse el decreto de excarcelación que busca dar como beneficio prisión domiciliaria temporal --mientras dure la emergencia sanitaria-- a un determinado número de internos.  "Sin embargo, una larga lista de excepciones, condiciones y limitantes hacen inviable e inefectivo dicho decreto", denuncian en el documento.

Según el Ministerio de Justicia 4.000 internos de los más de 122.000 obtendrían este beneficio, entre ellos, mujeres gestantes, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades, así como quienes tuvieran penas menores de 5 años o hubieran cumplido con un 40% de la pena. Pero hay una lista de más de 70 delitos que no permitirían a privados de la libertad con estas características obtener este beneficio. Algo que ha sido criticado por abogados penalistas, juristas, defensores de derechos humanos y, por supuesto, los mismos internos del país. Hasta la fecha, solamente 106 reclusos han salido de las cárceles gracias a este decreto. El comunicado del CPVC insiste, por ello, en facilitar una liberación urgente ante el peligro de contagio masivo. "Esperan que el Estado garantice sus derechos asumiendo una postura humanitaria, democrática y moderna frente al problema, de forma que permita liberar a todas las personas no condenadas, en desarrollo y respeto de principio de presunción de inocencia, y a los condenados mediante mecanismos modernos ya usados en países como Francia, España, Estados Unidos y Canadá, a la vanguardia mundial en esta materia". El texto hace especial hincapié en la presunción de inocencia ya que aquellas personas que están privadas de su libertad como sindicados (es decir, sin haber recibido todavía una condena por un juez de la República), están sometidos, según ese decreto, a las mismas normas que aquellos que sí han recibido un fallo judicial. Proponen, además, que se otorgue la libertad bajo fianza y procurar la vigilancia de presos liberados por parte de organizaciones tales como iglesias, ONGs y personas o instituciones que puedan obrar como garantes de estas libertades. Además, plantean que se establezca una mesa de diálogo con el Gobierno nacional, encabezado por Iván Duque, y señala a las autoridades como responsables del hacinamiento que hoy en día sufren las 132 cárceles del país. En total, son 318 las personas contagiadas con coronavirus en las cárceles de Colombia, que incluye tanto privadas de la libertad como funcionarios y contratistas. La covid-19 ha cobrado la vida de 3 de estos internos (uno de ellos ya estaba en libertad), todos en Villavicencio. La cárcel de la capital del Meta es la más crítica, ya que cuenta con 306 del total de estos casos, y ha sido el foco de contagio a raíz de un traslado autorizado por la Dirección Regional Central del Inpec y el director de esta misma cárcel el pasado 30 de marzo.

Cabe recordar que a raíz de estos traslados se han expandido los contagios a otras cárceles del país como: La Picota, Bogotá (5), Las Heliconias, Florencia (3), Guaduas, Cundinamarca (1) y la Dirección General del Inpec (2). Además se conoció un caso en Leticia, Amazonas, por un guardián contagiado que había estado en Brasil.