Desde que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, el entonces funcionario del Gobierno de Álvaro Uribe decidió activar todos los mecanismos judiciales para reversar dicha decisión. Para ese entonces, la segunda instancia aún no había sido creada para los aforados y apenas fue aprobado por el Congreso de la República en 2018. Así las cosas, dentro de esa avalancha de recursos jurídicos, Arias decidió acudir a la Corte Constitucional, vía tutela, para exigir que se le respete este derecho habida cuenta de que no logró ser cobijado por la nueva norma. Dicha tutela fue interpuesta en contra de la Corte Suprema de Justicia, juez natural del exministro que lo condenó a 17 años de prisión en 2014. Y solo hasta el año pasado, los magistrados Diana Fajardo y Alejandro Linares decidieron admitir su caso para estudio.

Esta semana, justamente, el alto tribunal estudiará su caso. Así quedó establecido en el orden del día que adelantará la Corte el miércoles 13 de mayo, día en el que se espera que se defina la situación jurídica. Víctor Mosquera Marín, abogado de Arias, dijo a Semana Noticias que “las expectativas son altas”, refiriéndose al eventual pronunciamiento de la Corte y trajo a colación un fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que le halló la razón al exministro. “Ese fallo establece que a doble instancia es un derecho fundamental y a todos se les debe proveer ese derecho. Tenemos dos argumentos en ese sentido: primero, que ya hay una decisión internacional que ampara su derecho a la doble instancia y, segundo, la propia Corte Constitucional ha establecido que la doble instancia es un derecho que cobija a todos los seres humanos. Esperamos que la Corte ampare ese derecho”, dijo Mosquera a este medio.

Lo que dijo el Comité de Derechos Humanos respecto del caso Arias es que, efectivamente, el Estado colombiano vulneró un derecho universal al no permitírsele a Arias Leiva defenderse del fallo condenatorio que profirió la Corte Suprema de Justicia en su contra en 2014. De hecho, esa mismo tribunal se negó a acoger una tutela en el este mismo sentido el año pasado, argumentando que no podrían otorgarse facultades que les permitieran echar para atrás un fallo ya ejecutoriado. Por este motivo, la única esperanza que le queda a Arias, quien se encuentra detenido en la Escuela de Caballería en Bogotá, es la decisión que, se espera, se produzca esta misma semana en la Corte Constitucional. Entre tanto, en el plano político, los integrantes del Centro Democrático, comenzando por su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, vienen insistiendo en un proyecto que garantice la doble instancia para los aforados que han sido condenados en una única instancia y, por otro lado, que se proteja el derecho de la doble conformidad. Es decir, que quienes hayan sido absueltos en primera, pero condenados en segunda, tengan la posibilidad de una revisión del fallo. Dicho proyecto fue bautizado como la “ley Arias”.