Luego de varios días tensos y llenos de polémicas en torno a la justicia colombiana, por los casos de Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema, los voceros de las Altas Cortes emitieron un comunicado conjunto.
El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el Consejo Superior de la Judicatura dicen en el comunicado que “los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquiera otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico, ni siquiera en la era de la información”. El pronunciamiento es una réplica al uribismo y con este la rama judicial cierra filas en torno a sus jueces y a la autonomía de la Justicia Asimismo, dejan claro los firmantes del texto que la democracia moderna está sostenida por la garantía de una justicia con autonomía e independencia.
“En eso consiste el imperio de la ley: en la aplicación del orden jurídico para los ciudadanos por igual”, dice más adelante el documento. En otro de los apartes dicen los voceros que el sistema judicial debe ser respetado y que “las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas”. Por ese motivo, consideran que es inaceptable que se descalifiquen las decisiones judiciales por adoptar “y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance”. El comunicado dice, incluso, que los ciudadanos y funcionarios, así como las instituciones y quienes las representan, tienen que cuidar la integridad de las decisiones judiciales.
“Por el valor superior de la democracia hacemos un llamado a confiar en la acción de los jueces, quienes toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley”. El comunicado lo firman Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Álvaro Namen Vargas, presidente del Consejo de Estado; Patricia Linares, presidenta de la JEP, y Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional. El pronunciamiento de la magistratura se dio al final del lunes, día en el cual el Centro Democrático desplegó pautas de página entera en la prensa nacional y copó las redes sociales con un comunicado en respaldo al expresidente Uribe. A través de ese mensaje se advirtió de una "inminente" decisión judicial adversa al exmandatario y se sugirió que la misma no tendría sustento probatorio sino que obedecería a un plan minucioso concebido por la izquierda internacional cuyo propósito es lapidar la honra del exmandatario. La jornada estuvo colmada de mensajes en ese sentido desde los toldas del partido de gobierno. Incluso el propio presidente Iván Duque intervino para expresarse en defensa del expresidente Uribe. “Él siempre se ha presentado a todas las llamadas que le ha hecho la justicia, a todos, y lo ha hecho siempre de frente y creo que no hay un político más escrutado en la historia reciente del país”, dijo el jefe de Estado. El mandatario también señaló –en el mismo sentido que el Centro Democrático– que sería "triste" que quienes laceraron al país permanezcan tranquilos sin condenas penales y que las personas que lucharon por la legalidad y la moralidad del país (leáse Uribe) enfrentando "un proceso que les limite y les cercene sus derechos". En medio de esos pronunciamientos el senador Iván Cepeda, quien es el principal adversario de Uribe y contraparte de este en los procesos judiciales, señaló que "el Centro Democrático, la Presidencia y los seguidores del uribismo han desatado una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública, y presionar a los magistrados de la Corte". Es alta tensión en la institucionalidad colombiana. Ahora, con su salida al paso, las Altas Cortes, voceras de la rama judicial, están rechazando el alud de expresiones políticas por parte del Ejecutivo y de sectores del Legislativo sobrevenidas ad portas de que se tomen decisiones procesales en los casos de Uribe y el polémico abogado Diego Cadena. Se comprende entonces que las Altas Cortes consideran presión indebida el torbellino político que se desató en vísperas de que la justicia se pronuncie. Si el uribismo a todo nivel cerró filas en favor de Álvaro Uribe, la rama judicial responde también cerrando filas en torno a sus jueces y a la autonomía que los rige.