Este jueves era un día crucial para el exabogado del senador Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, y su socio Juan José Salazar. Un juez decidiría si les otorga casa por cárcel, tal y como lo solicitó la Fiscalía General de la Nación, si la condena en contra de los litigantes sería pagada en un centro carcelario o, dado el caso, los dejaba en libertad. El organismo judicial escuchó las declaraciones de la defensa de los involucrados, así como las de las víctimas y estaba listo para definir el rumbo de este proceso. A lo largo de la audiencia se expusieron diferentes argumentos para sustentar la medida que tomó el juez de control de garantías, Cifulfo Hernández Toro: ordenar detención domiciliaria al abogado Diego Cadena y la libertad para Juan José Salazar. En contra de este último el juez determinó que no se encontró ninguna medida de aseguramiento, “el ciudadano podrá seguir con el juicio en ejercicio de su libertad”, dijo. Ante la decisión del juez Hernández, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y el representante de Cadena, Iván Cancino, interpusieron el recurso de apelación. El representante de Juan José Salazar no interpuso recurso, así como tampoco lo hizo el representante de las víctimas, el abogado Reynaldo Villaba. El recurso de apelación requerido por la Fiscalía y el Ministerio Público tuvo que ver con la orden de libertad que impartió el juez para Juan José Salazar. La Fiscalía pidió "revocar la no medida de aseguramiento en contra de Juan José Salazar. Al hecho de que la primera instancia no estableciera medida de aseguramiento para Juan José Salazar", mientras que el Ministerio Público dijo que "se debe atender la medida solicitada por la Fiscalía, de tal modo que se le ordene medida de aseguramiento domiciliaria a Juan José Salazar". El abogado defensor de Cadena, Iván Cancino, desestimó la medida tomada por el juez, pues a su juicio "debe basarse en una evidencia, no en un fue, no en un hubiera ni en un peligro futuro como aquí se está haciendo", dijo Cancino. Para el abogado defensor, faltó material probatorio para ordenar la detención del abogado Diego Cadena, que en este caso fue domiciliaria.
Se esperaba que la medida que anunciaría el juez sea la prisión domiciliaria, entendiendo el marco en el que se da la decisión, un entorno en el que el coronavirus es una amenaza latente. Si bien la solicitud de detención domiciliaria fue hecha por la Fiscalía, entendiendo la coyuntura, la defensa de las víctimas, en la audiencia que se adelantó hace unos días, dijo estar en desacuerdo con esta medida. Dada la medida, las víctimas solicitaron que se trate de una medida transitoria, pero que, una vez se supere la curva epidemiológica o se levante el aislamiento preventivo, los abogados cumplan su condena en un centro penitenciario.
El juez de control de garantías, Cifulfo Hernández Toro, señaló que "no hubo pruebas suficientes para lo que pidió la defensa de las víctimas", por tanto, no procede una medida de aseguramiento en un centro penitenciario en contra de los abogados. Frente a los documentos entregados por el organismo, el abogado que representa a las víctimas, Reynaldo Villaba, señaló que “no hay objeción mayor a los documentos. Sin embargo encuentro objeciones frente al testigo Samuel Sanchez (abogado) porque anexan una constancia de la Policía Nacional donde dice que no tiene asuntos pendientes, revisando en el sistema jurídico sí aparecen antecedentes de él”. Aseguró que el abogado Sánchez ya ha estado involucrado en acciones donde ha conseguido “falsos testigos”. Acusaciones que fueron desestimadas por el organismo judicial puesto que la audiencia que se adelanta tiene como objetivo definir el rumbo de los abogados acusados, no la recepción de nuevas acusaciones o materiales probatorios. El juez Hernández abordó varias discusiones en el marco de la audiencia. La primera tuvo que ver con la carta del caso del ciudadano privado de la libertad en la cárcel de Palmira, donde ingresó el abogado Cadena "e hizo que escribiera una manifestación. Sobre ese acto de ingreso al centro penitenciario, no hay objeción", dijo el juez. Añadió que el abogado Cadena sostuvo un diálogo con el señor Carlos Enrique Vélez, "el ciudadano le dictó al profesional de derecho para que elaborara la declaración". En este punto la discusión de fondo es si la carta a la que se hace referencia fue dictada por el prisionero a Cadena o si el abogado ya la llevaba redactada.
Otras discusiones dadas en el marco de la audiencia fueron las siguientes: ¿Los documentos inducidos por la oficina de Diego Cadena o por iniciativa propia de Carlos Enrique Vélez?, ¿Le ofrecieron dinero a cambio de su dinero o Carlos Enrique Vélez quiso, de forma unilateral o fueron viáticos?. Un cuarto punto de discusión tuvo que ver con los pagos que no corresponden a giros si no, al parecer, a entregas de dinero en efectivo en un 90% y en un porcentaje menor a consignaciones bancarias. Haciendo referencia a las sumas de dinero direccionadas al hijo de Carlos Enrique Vélez que manifiesta que recibió $10 millones de pesos a través de dos cuentas bancarias. Cabe recordar que Carlos Erique Vélez es un exparamilitar al que, según la Fiscalía General de la Nación, Diego Cadena le ofreció $200 millones de pesos a cambio de que cambiara su testimonio contra el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Según el juez, la defensa no hizo esfuerzo en detallar para qué se destinaron los recursos que señaló como"viáticos" el abogado Cadena. Se preguntó cómo la oficina de abogados de Diego Cadena iba a entregar dineros para hacer "actividades investigativas" en personas que desconocen técnicas de investigacion o recolección de material probatorio como un exparamilitar condenado que roza la tercera edad y una mujer que el mismo Carlos Enrique Vélez ha señalado como "prepaguito". Diana Paz (a quien Carlos Enrique Vélez llama "prepaguito") explica que no se tratan de viáticos si no que ese dinero es habría utilizado para hacer recargas a teléfonos celulares al interno, lo cuál, es una actividad ilícita. Es decir, que para el juez Hernández, la oficina de Cadena habría entregado dinero para cometer un acto prohibido. "El destino final de esos recursos no era pagar viáticos ni labores de investigación porque ni la Fiscalía ni la defensa puedo dar cuenta de quién es ese investigador: es un fantasma", explicó el juez. Frente a las ayudas humanitarias que han allegado los implicados, señaló que "es la primera vez en mi carrera como magistrado que veo un despliegue humanitario de esas características por parte de una oficina de abogados a un testigo". Desde la oficina de abogados de Diego Cadena se transfirieron altas sumas de dinero a los familiares de Vélez, entre ellos, el hijo del exparamillitar. Al hijo de Carlos Enrique Vélez le fueron consignados $10 millones mediante dos consignaciones. Las cuales, los testigos apuntan que fueron consignadas por Samuel Sánchez, sin embargo el mencionado (Sánchez) lo negó. Por tanto, la Fiscalía desvirtuó las acusaciones y "queda la duda del origen de estas entregas", aclaró el juez. El juez puso en tela de juicio la entrega de los dineros que realizó Cadena a Carlos Enrique Vélez sobre si habrían sido producto de una extorsión porque se han escuchado audios entre Cadena y el exparamilitar sosteniendo conversaciones jocosas. No hay pruebas tampoco, como dijo la defensa, de que la familia de Carlos Enrique Vélez sea una banda criminal y llama la atención que una vez fueran denunciados esos vínculos, se frenara la entrega de dineros. Pasado el capítulo Vélez, el juez Hernández procedió a hablar sobre el otro testimonio del caso, el de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que señaló al senador Álvaro Uribe Vélez de ser uno de los promotores del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Diego Cadena se reunió con Monsalve en febrero de 2018 en la cárcel La Picota de Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, el abogado Diego Cadena le ofreció beneficios jurídicos al exparamilitar a cambio de retractarse. Juan Guillermo Monsalve es representado por el abogado Héctor Romero Agudelo. El abogado defensor de Monsalve asistió un día al centro penitenciario donde está recluido su cliente y vio que estaba presente el abogado Diego Cadena. Cadena estaba, ene ese momento, hablando con Pardo Hasche, exparamilitar que compartía celda con Monsalve. Cuando el abogado Cadena vio a Romero reunido con Monsalve, se le acercó para decirle que está ahí para hablarles de los beneficios de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ese momento, según el juez, Romero dijo a Cadena: "yo le dije a Monsalve que él no aplicaba para eso". Frente a este evento, la Fiscalía es que Diego Cadena fue a dos cosas. Primero, a reunirse con Pardo Hasche para que presionara a Monsalve de retractarse de lo que dijo de Álvaro Uribe Vélez (presión que según la esposa de Monsalve sí se dio durante muchos meses), y segundo, para ofrecerle a Monsalve y a su abogado la opción de vincularlo en la JEP "bajo cuerda" a cambio de que se retractara de lo dicho.