Semana conoció en exclusiva el indictment con el que el gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusa al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. A través de un documento de 28 páginas, el Departamento de Justicia acusa a Maduro y al líder del partido socialista Diosdado Cabello de conspirar con la guerrilla colombiana para "inundar a Estados Unidos con cocaína" y utilizar la venta de drogas "como arma contra" dicho país. En el escrito también señala a Maduro de convertir a Venezuela en un emporio criminal al servicio de narcotraficantes y terroristas. "Calculamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína fueron sacadas de Venezuela por estas rutas. Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dosis letales", declaró el Departamento de Jusiticia de Estados Unidos.
Las actividades criminales datan del inicio de la revolución liderada por Hugo Chávez en 1999 y ocurrieron en lugares como Aruba, Siria, México, Honduras e Irán, según las acusaciones. En una acción coordinada, fiscales en Miami acusaron al titular del Tribunal Supremo venezolano, Maikel Moreno, de lavado de dinero. El ministro de Defensa venezolano general Vladimir Padrino fue indiciado con base en acusaciones que datan de mayo de 2019.
Cubrimiento especial de Vicky en Semana con esta información
Además de Maduro y Diosdado Cabello, el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura del vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; así como contra los militares retirados Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar; y Clíver Alcalá Cordones. Todos ellos, altos directivos del régimen venezolano. Estados Unidos también acusó a dos líderes de la extinta guerrilla Farc. Específicamente a Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, jefe negociador de las Farc en las conversaciones que desembocaron en el acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016, y a Jesús Santrich, llamado realmente Seuxis Paucis Hernández, también negociador en los diálogos de La Habana y exalto mando guerrillero. Ambos están prófugos de la justicia. Los cargos por participar en una "conspiración narcoterrorista" conllevan una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. El Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares por datos que lleven a la captura de Maduro, cuya autoridad Washington desconoce, y por hasta 10 millones por información que permita detener a Cabello, El Aissami, Carvajal, y Alcalá Cordones. Los funcionarios estadounidenses también señalaron a Maduro como líder de la organización narcotraficante Cartel de los Soles, que según dijeron involucraba a políticos de alto rango y miembros del ejército y el poder judicial venezolanos. De acuerdo con los documentos oficiales, la entonces guerrilla de las Farc y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y países de América Central, como Honduras. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que su despacho ofrecerá recompensas en efectivo de hasta 55 millones de dólares por información que lleve al arresto de Maduro y cuatro de sus allegados. Las recompensas, de hasta 15 millones de dólares para el presidente y hasta 10 millones para cada uno de los otros, se ofrecen mediante el Programa de Recompensas de la División de la Lucha Antinarcóticos, que ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas a cambio de información sobre 75 narcotraficantes desde que fue creado en 1986. Esta acción contra un mandatario en funciones prácticamente no tiene precedentes y apunta a incrementar a niveles no vistos hasta ahora las tensiones entre Washington y Caracas, en momentos que el nuevo coronavirus amenaza con colapsar el sistema de salud venezolano y una economía dependiente del petróleo afectada por años de corrupción interna y sanciones de Estados Unidos. Indictment by Semana on Scribd
La administración acusa también a funcionarios del gobierno de Maduro y a empresarios influyentes de robarse miles de millones de dólares de las arcas públicas, particularmente dinero de la empresa petrolera PDVSA, cuya producción se ha desplomado a un nivel no visto en siete décadas. EE.UU. inculpa de "narcoterrorismo" a Nicolás Maduro Las evidencias contra Maduro fueron recabadas durante años por investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington que han acusado a funcionarios, militares y empresarios venezolanos de soborno y lavado de dinero. Gran parte de las pesquisas se han centrado en PDVSA, fuente de casi todos los ingresos por exportación que entran a Venezuela. El año pasado el gobierno estadounidense impuso sanciones contra PDVSA según las cuales ningún ciudadano estadounidense puede hacer negocios con la empresa. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Maduro ha logrado mantenerse en el poder, pese a protestas callejeras, intentos de golpe y un masivo éxodo en que millones de venezolanos han huido de la hiperinflación y la escasez de alimentos. Ante la caída del apoyo a Guaidó en las calles venezolanos, la administración de Trump intensificó la presión el año pasado, retirando su apoyo al proceso de mediación lanzado por Noruega y ampliando las sanciones de tal manera que incluso empresas extranjeras serían castigadas si transan con el gobierno de Maduro. Maduro, sucesor en 2013 del fallecido expresidente Hugo Chávez, fue reelegido para un segundo mandato en 2018 después de un boicot electoral por parte de la oposición, que rechazó los resultados por considerarlos fraudulentos, al igual que buena parte de la comunidad internacional.