Los sindicatos de los trabajadores demandarán el Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, el cual reglamentó el llamado “Piso Mínimo de Protección Social”, una figura creada en el Plan Nacional de Desarrollo en el Gobierno del presidente Iván Duque y en medio de la crisis económica que ha generado la pandemia de la covid – 19.
Este decreto ha generado polémica porque, para unos, abre la puerta al sistema general de seguridad social para las personas que ganen menos de un salario mínimo, incluyendo el subsidio de transporte, y esto generaría oportunidades a aquellas personas que hasta el momento trabajan en la informalidad y no hacen aportes al sistema de seguridad social.
Entre tanto, para otros como Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo CGT, este decreto lo que hace es abrir una puerta para desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores, ya que considera que las empresas se pueden ver tentadas a no contratar por las 48 horas mínimas semanales, sino que contraten por menos tiempo. “Si para un joven que trabaja 48 horas a la semana le pueden pasar 50 años para poderse pensionar, qué puede esperar alguien que trabaje menos horas”, dijo el líder sindical agregando que: “las empresas pueden caer en la tentación de precarizar condiciones, con tal de no desmejorar sus ganancias, un pensamiento erróneo, que tienen algunos”.
Además, agregó que si esto ya es una ley, como han argumentado algunos sectores, entonces por qué razón se adelanta un proyecto con el mismo tema en el Congreso de la República. Gómez considera que esta es una reforma laboral que se dio en medio de la pandemia, “cuando se actúa en la sombra de la noche”. Apuntó que al demandar el Decreto 1174, están demandando la inconstitucionalidad y cuyo contenido, y ese es el punto que están analizando los jurídicos de las centrales obreras. Pero no solo demandarán, sino que además proponen una jornada de protestas. “Hay una inconformidad popular, hay personas que estaban en clase media y sus condiciones han desmejorado”. Por eso, aseguró que piensan mostrar su voz de protesta, por lo cual harán una caravana en la cual las personas que participen de dicha manifestación puedan ir en carros para que no pongan en riesgo su vida, bajo protocolos de bioseguridad. Para Gómez el Gobierno no puede justificar que con el decreto se mejoraran las condiciones de los trabajadores informales. “No puede ser que digan que cualquier cosa es cariño, que nos digan que nos den unas horas de trabajo, esas no son las condiciones”.
Por último, aseguró que detrás del decreto están los intereses de grandes empresarios y del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Cuestionó que mientras pequeñas y medianas empresas están solicitando créditos y apoyo para no desmejorar las condiciones de sus empleados, el Gobierno hubiese autorizado el millonario préstamo a Avianca.