El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, explicó qué vendrá, luego de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de condenar al Estado colombiano por sus destitución e inhabilidad, por parte de la Procuraduría, cuando fue alcalde de Bogotá.
Según él, “los causantes de este tema (…) son personas que estaban incursas en unos hechos de corrupción. Por tanto, es absolutamente tonto afirmar que las consecuencias de unos hechos de corrupción es que (…) se profundiza la corrupción”. Con lo anterior, Petro se refiere a la “apropiación privada de un servicio público en contra de otros privados pero humildes, pero miles, que eran los recicladores”. Todas las multas impuestas por la Contraloría quedaron suspendidas, debido a esa decisión de la justicia, sólo queda vigente la de la Superintendencia de Industria y Comercio. “La sentencia no solamente restringe esa capacidad de destituir e inhabilitar a las personas popularmente, sino que le quita los efectos inhabilitadores a las sanciones de la Procuraduría y a cualquier otra acción administrativa”, dijo su abogado, Carlos Rodríguez. Por otro lado, Rodríguez explicó que solamente se podrían limitar los derechos políticos por razones de edad, de nacionalidad, de ciudadanía, de instrucción, de incapacidad civil o por un juez penal en una causa de ese tipo. Con respecto a lo anterior, el senador Petro dijo que esta decisión es un reconocimiento del derecho político como un derecho humano fundamental, y que haber cometido un delito sería una de las razones para destituir a alguien de una posición política. Sin embargo, asegura que eso no fue lo que ocurrió en su caso. “En Colombia, bajo la excusa de la corrupción que no es cierta, porque la corrupción ha incrementado en Colombia de forma escandalosa, se quitó y se vulneró los derechos políticos (…) al permitir que autoridades políticas, no judiciales, (…) la Contraloría y la Porcuraduría, se les permitió quitar derechos políticos a la ciudadanía”. Al respecto, hizo referencia al caso del opositor venezolano Leopoldo López que tuvo que recurrir a instancias internacionales para que se le restituyeran sus derechos políticos, a lo que Venezuela respondió saliéndose del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para el senador de la Colombia Humana, esto fue un acto de propio de una dictadura. “La Corte declaró violado el debido proceso en este caso, pero no descalifica el procedimiento administrativo (…) Lo que ha dicho es que, en este caso, y eso es una responsabilidad del que era procurador, quienes instruyeron fueron los mismos que fallaron”, añadió Rodríguez. No obstante, aclaró que las medidas disciplinarias no se ven afectadas para nada, “las medidas disciplinarias que no tienen entidad de delito para los funcionarios que son elegidos popularmente”, opinó.