"Poner al ratón a cuidar del queso", así define la red de veedurías la decisión de la Corte Constitucional de que las magistradas Diana Fajardo, Cristina Pardo y Gloria Ortíz de hacer parte de la investigación de acoso laboral y sexual en el alto tribunal.
Nueve magistrados de la Corte Constitucional fueron señalados de acosar laboral y sexualmente en la Corte Constitucional. El escándalo estalló después de que USAID realizara un estudio para promover acciones positivas de inclusión laboral y rechazo a la violencia de género, investigación solicitada por la misma Corte. El estudio arrojó en sus resultados iniciales que varias mujeres señalaban ser presuntas víctimas de acoso por parte de hasta 9 magistrados, pero también haber sufrido acoso laboral. Al conocerse esto, la Corte Constitucional decidió activar un Comité de Convivencia Laboral que se encargue de investigar estas situaciones. Sin embargo, entre las personas que habrían cometido acoso laboral contra mujeres, según la red de veedurías ciudadanas, podrían estar las magistradas Diana Fajardo, Cristina Pardo y Gloria Ortíz, por eso, para esta red es incoherente que miembros sospechosos de estos actos irregulares hagan de "policía" de estas graves acusaciones. Por esto, Pablo Bustos, quien lidera la red de veeduría ciudadana, solicitó al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alberto Rojas Ríos, que las magistradas Fajardo, Pardo y Ortiz, no participen en dichas investigaciones. "Se ha reportado que las mismas mujeres estarían discriminando a otras mujeres, más si la subalterna está más preparada o sabe más del tema que están trabajando. Las presuntas víctimas dicen que han hecho campaña para desprestigiar a mujeres que trabajan en la Corte", aseguró Bustos en Semana Noticias. Bustos también explicó que, paralelamente, tres mujeres han presentado denuncias de acoso laboral y sexual en el Consejo Superior de la Judicatura, en particular, tal y como dio a conocer Vanguardia Liberal, sería contra tres magistrados de la Sala Disciplinaria quienes, al aprecer, habrían aprovechado su cargo para denigrar su trabajo e incluso solicitar encuentros sexuales a cambio de benficios laborales. Ante estos casos, Bustos hizo un llamado a que quienes se consideren víctimas de acoso sexual y laboral, así mismo, etendió un llamado a la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales como la CIDH para poner fin a este tipo de situaciones: "Es el momento histórico para depurar nuestras cortes de este tipo de irregularidades", agregó.