En varios municipios de Putumayo, a finales del año 2017 empezaron a llegar a las estaciones de Policía y comisarías de familia denuncias de desapariciones de menores de edad entre los 12 y 17 años. Nadie tenía conocimiento de su paradero, pero luego de tres días volvían, lo cuál alertó a las autoridades de que estarían frente a una posible red de prostitución.

“Una posible existencia de una red criminal la cual se estaría dedicando a la explotación sexual comercial, teniendo como finalidad ofrecimiento de las menores de edad a los turistas y extranjeros que vienen a visitar este departamento”. Esa fue la primera hipótesis que manejó el investigador del caso, un uniformado de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Efectivamente, en una investigación que realizaron por más de un año, lograron identificar que las menores víctimas de explotación sexual eran indígenas miembros de más 20 comunidades que hay en dicho territorio. Muchas de ellas no habían tenido experiencia sexual, lo cuál mejoraba la tarifa para sus proxenetas.

500 mil pesos por 4 horas, ese era el precio de una niña de 13 años que entregaría “su virginidad”, como ellos manifestaban. “Usted sabe que una niña que sea virgen obviamente no va a tener el cuerpazo. Ella es normalita, normalita. No más va a cumplir 14 años. Yo la conozco, ya hablé con ella personalmente y es bonita”, se escucha en una de las llamadas interceptadas por las autoridades. La mayor preocupación entre el cliente y el jefe de la organización no va más allá de que la menor pueda quedar embarazada: “Como vos sabrás es una niña virgen, pues no planifica, nada de cuidados, ni nada. De pronto, usted le diga hágamelo así no más, qué tal la niña acepte y usted sabe, uno de hombre de la emoción llega y ¡pum! se le hecha adentro, y qué tal se embarace”. Según los investigadores, si la menor se embarazaba, no podía continuar en el negocio. Las niñas que entraban a la organización eran captadas, algunas de ellas con la falsa promesa de empleo como modelos. Luego les hablaban de ser damas de compañía, sin tener relaciones sexuales, pero la realidad era otra. A cada niña que entraba al negocio, su jefe le pedía que convocara a más menores de su edad y, a cambio de eso, le daba comisión extra. La mayoría de las menores tenían perfil de niñas vulnerables, el jefe de la organización que comercializaba con las menores sexualmente, quien era conocido con el alias de “Tato”, de quien se conoce era gestor de datos y contratitas de la Organización OZIP, la cual tenía un contrato con el ICBF. Y alias "Tato" tenía acceso a información de programas de prevención del ICBF que se adelantaban en la región con niñas y adolescentes.

Jhonatan Julian Jacanamejoy Juagibioi, alias “Tato”, tenía un café internet en Mocoa y desde allí operaba todo. Creó falsos perfiles para que las menores pensaran que había más integrantes en la organización. Si uno las amenazaba cuando las niñas intentaban salirse del negocio, él, con otro perfil falso, las convencía de que se quedaran, manipulándolas con la situación económica que atravesaban en sus casas. Entre sus víctimas también se cuentan menores de edad que llegaban de Venezuela. Las menores eran llevadas a fiestas de “manes duros”, dice el expediente, incluso fuera del país, en Ecuador. Pero, si bien es cierto que alias “Tato” era el que comercializaba con las menores, otros formaban parte de la organización como trabajadores de hoteles que facilitaban la prostitución de las niñas indígenas, alterando los libros de registro de ingreso y promocionándolas entre los turistas. Otros igual de responsables era los clientes, pues muchos de ellos tenían relaciones sexuales con menores de 14 años. El pasado 24 de noviembre en Mocoa capturaron a alias “Tato”, a algunos de los trabajadores de los hoteles y a dos clientes. Para el próximo 26 de agosto quedó programada la audiencia preparatoria y, según conoció Semana Noticias, se podrían presentar nuevas capturas.