El gobernador de Santa Marta, Carlos Caicedo, y el exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, tienen algunos de sus bienes "congelados". Se trata de predios en Barranquilla, un local comercial en Soledad (Atlántico), dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta (Magdalena). Esta es una medida cautelar (preventiva y temporal) que aplica el ente acusador mientras un juez de la república considera si es pertinente embargar de forma definitiva estos bienes inmuebles porque asume que han sido obtenidos con recursos ilícitos.
La fiscal para extinción de dominio Ana Catalina Noguera explicó en Semana Noticias que se trata de una solicitud que debe ser avalada o descartada por el juez pero que, mientras tanto, supone que ninguno de estos 11 bienes puedan ser manipulados por su propietario (como cambiar de propietario o vender) o que les produzcan algún beneficio (como a través de un arriendo). La decisión la tomó el ente acusador en el marco de la investigación por la red de parques de la ciudad que ha sido motivo de que imputaran a ambos mandatarios el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales; un delito penal que se imputa a aquellos funcionarios públicos de los que se cree han celebrado contratos de manera irregular. Esto fue lo que, en la imputación hecha a Caicedo en julio de 2018, informó la Fiscalía: "De acuerdo con la investigación por parte del ente acusador, Caicedo Omar, en su condición de alcalde para el año 2015, habría quebrantado el principio de planeación en los contratos 390 y 413 de 2015, al adicionar los dos contratos por valores de $25.443’324.330 y $13.476’017.575, respectivamente; cuyo objeto era la adecuación de 25 parques en el contrato 390 y 15 en el contrato 413", se lee en un comunicado del ente acusador. A raíz de estas presuntas irregularidades en contratos de demolición, construcción y adecuación de centros de salud (de los cuales, según la investigación, solamente uno fue construido), el exalcalde y actual gobernador habría obtenido dineros de forma ilícita con los que obtuvo los bienes que hoy son "congelados". A pesar de que se está a la espera de la decisión judicial, Caicedo ha manifestado que no tiene deudas con la justicia ni esconde ningún tipo de información. Además de aducir a su transparencia durante su etapa como funcionario público, señaló estas decisiones de la Fiscalía como una "persecución política en su contra". Por su parte, la fiscal Noguera sostuvo, al igual que el mismo fiscal general Francisco Barbosa afirmó ante la prensa con este y otros casos: "Somos un cuerpo neutral y no obedecemos a favores políticos ni peticiones de nadie".