El despido del sargento viceprimero Juan Carlos Díaz, del Ejército Nacional, ha generado polémica debido a que él fue quien denunció que los siete militares estarían relacionados con el abuso sexual de una niña indígena. Muchos consideraron como injusta la decisión que tomó el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.
Sin embargo, el alto mando salió hoy a aclarar por qué se tomó la decisión, “informar es su obligación moral, y deber como la de cualquier funcionario del Estado, pero prevenir era su responsabilidad”, dijo el general en compañía del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, en el marco de una rueda de prensa.
Zapateiro dijo que si se hubiese hecho el control adecuado a los militares que estaban bajo el mando del suboficial, muy seguramente no estarían frente a una noticia tan lamentable como la que hoy conmueve e indigna al país. Esas fueron medidas administrativas que no solo se tomaron en contra del sargento Díaz sino de otros dos suboficiales, que también tenían superioridad ante los militares investigados por el delito. El Ejército Nacional emitió un comunicado en el que deja claro que: * Las resoluciones mediante las cuales fueron retirados los suboficiales que tenían bajo su mando a los soldados implicados en esos hechos fueron expedidas con base en las facultades del Decreto Ley 1790 de 2000, las cuales, como cualquier acto administrativo, gozan de legalidad y pueden ser objeto de los mecanismos judiciales para controvertirse. * Como ha sido anunciado y se indica en la resolución difundida en redes sociales, el reproche realizado corresponde precisamente a la falta de mando y control de los suboficiales comandantes. Este es el fundamento para ejercer la potestad de retiro por facultad discrecional. * El deber de denuncia está consagrado en nuestra Constitución Política, e impone el obrar conforme al principio de solidaridad y de colaboración con la administración de justicia, consistente en notificar a las autoridades cualquier hecho delictivo del que se tenga conocimiento. * Finalmente, las medidas administrativas tomadas son independientes de las investigaciones disciplinarias y penales que por los hechos cursan. Cabe recordar que en medio de las medidas tomadas por el comando del Ejército está el haber relevado del cargo a dos oficiales, un mayor y el coronel que comandaba el Batallón San Mateo en Pereira, Risaralda. Según el Ejército, en lo corrido de cuatro años, 118 uniformados de la institución han sido investigados por delitos sexuales contra menores de edad, de los cuales solo 45 han sido retirados de sus filas y otros 73 permanecen activos mientras se conoce el resultado de las investigaciones.