Para este viernes se convocó a una reunión urgente en la Casa de Nariño ante lo que varios sectores han calificado como un “oso” del Gobierno. Por la falta de firmas en el decreto que expidió y que daba luz verde a subsidios para el pago de servicios públicos en medio de la pandemia, la Corte Constitucional tumbó esa medida. En ese encuentro se evaluará, de acuerdo con fuentes consultadas del alto Gobierno, las implicaciones de la determinación que adoptó el alto tribunal, y los efectos que la determinación puede traer para el bolsillo de los ciudadanos.
La reunión será liderada por la oficina de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda y otros funcionarios más del equipo de gobierno del mandatario Iván Duque, en la que se definirá el paso a seguir para garantizar un apoyo a las familias que necesitan del subsidio, para el pago de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, en el decreto faltaron dos firmas, la del ministro de Salud Fernando Ruiz y de la ministra de Ciencia y Tecnología Mabel Torres, panorama que ha generado desconcierto en la opinión pública. La decisión de la Corte Constitucional Luego de un análisis, la Corte Constitucional tumbó el decreto que establecía medidas en materia de servicios públicos de aseo, alcantarillado y acueducto en el marco de la emergencia sanitaria causada por coronavirus en el país. En ese sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, declaró inexequible el Decreto Legislativo 580 de 2020 “por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia”, al constatar que aquel no cumplió a cabalidad con los requisitos de forma exigidos en el artículo 215 de la Carta Política. Además, con una votación unánime, el alto tribunal dejó claro que la norma que establecía subsidios a usuarios de estos servicios no se ajustaba a la Constitución.
Finalmente, señaló el alto tribunal, el decreto expedido por el Gobierno no tenía todas las firmas de los ministros: "No fue suscrita por todos los ministros del despacho, como bien puede corroborarse a partir de una simple revisión de su contenido publicado en el Diario Oficial". La norma contó con la firma del presidente de la república, Iván Duque, pero no con la de todos los ministros, un requisito fundamental, para darle vida jurídica.