Pedro Troconis, vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, observa desde el exilio en Estados Unidos el proceso de Álex Saab. El barranquillero, señalado de ser testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, fue capturado el pasado 12 de junio en Cabo Verde (África) cuando hacía escala para viajar hasta Irán, en lo que él aseguró era una misión diplomática. La Policía Internacional (Interpol) había emitido una alerta roja en contra del barranquillero por ser parte, según la justicia de los Estados Unidos, de una estructura criminal en Venezuela con alianza del alto gobierno de este país.
"Álex Saab es solicitado por Estados Unidos porque tiene un proceso en el Distrito Sur de la Florida, pero también lo buscan en Francia, Italia y Reino Unido. Saab está en una situación delicada y si no se demuestra que la detención hecha en Cabo Verde se dé por razones políticas, no habrá forma de detener la extradición", explicó Troconis en SEMANA Noticias.
Sobre el pago de honorarios, ante el cual se habla de que Saab habría gastado hasta 65 millones de dólares en abogados, la pregunta es de dónde salen estos recursos. "Si proviene del bolsillo de Álex Saab, significa que es dinero que obtuvo de manera irregular del Estado venezolano para conformar unas cajas a ser vendidas en Venezuela a personas de escasos recursos. El pago de los honorarios proviene del Estado venezolano porque la riqueza de Saab proviene del Estado", argumentó el magistrado venezolano.
Troconis, quien afirma que el gobierno de Venezuela es una asociación de delincuencia criminal transnacional, advierte que los abogados de Saab en Cabo Verde están intentando, sin éxito, demorar el proceso de extradición: "Algo que no han logrado porque el proceso avanza como establece la norma", aseguró. Incluso, señaló al abogado español Baltasar Garzón como una figura contratada "para intimidar a la justicia de Cabo Verde", pero explicó que él no se encuentra al frente del procedimiento de extradición, sino el abogado de Cabo Verde, Rutsel Martha.
También explicó que, a pesar de que Cabo Verde y Estados Unidos no cuentan con un acuerdo de extradición, ambos países forman parte de la Convención de Palermo, que da luz verde a la extradición de personas capturadas que hayan cometido delitos relacionados con la criminalidad internacional. En este caso, Saab, señalado de cometer el delito de "lavado de dinero", es considerado apto para que entre el país africano y EE. UU. se dé ese trabajo judicial mancomunado.