La Procuraduría General de la Nación elevó cuatro observaciones a la Registraduría sobre un proceso de licitación que avanza en medio de la pandemia en Colombia por el coronavirus, la cual tiene un valor de $120.000 millones para las elecciones juveniles que se iban a realizar en noviembre de 2020, pero se aplazaron para marzo de 2021 debido a la crisis sanitaria. De acuerdo con el documento, la apertura de la licitación se realizó el 30 de abril de 2020, bajo una modalidad de selección abreviada, que, de acuerdo con varios proponentes, podría beneficiar a una sola firma, reduciendo de tres meses a pocas semanas el proceso.La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que ese tramite de contratación, en su curso, podría tener una adición, lo que eventualmente traería consigo unos sobrecostos al no prever protocolos de bioseguridad por estar en medio de una pandemia como el coronavirus.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, en diálogo con Semana Noticias, afirmó que para ese proceso electoral se tiene que tener en cuenta el traslado de mesas, jurados de votación, material, protocolos sanitarios entre otros requerimientos. La primera observación que hace la Procuraduría es frente a la modalidad de selección. En ese aspecto la entidad señala que no es clara la justificación que hace la Registraduría en la medida en que los objetivos de los consejos de juventud, son canalizar los acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos, visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional; y generar propuestas para su desarrollo social. La segunda observación tiene que ver con el valor estimado del contrato y su justificación: según el análisis preventivo de la Procuraduría, los valores expuestos en la apertura de la licitación “coinciden integralmente con los presupuestos presentados por Thomas Greg, Carvajal, ASD e Indra quienes de manera conjunta el 12 de marzo de 2020, atendiendo un requerimiento de información y solicitud de cotización hecha por la Registraduría, informaron que la provisión de bienes y la prestación de servicios necesarios para la organización y realización del proceso electoral de los consejos municipales, locales y distritales de la juventud tenía el costo de $119.692.700.398”. Una tercera observación está relacionada con el plazo del proceso: se advierte por parte de la Procuraduría la oportunidad de tener escenarios para que se puedan radicar observaciones al trámite de licitación. “En todos los procesos de contratación, en aplicación del principio de transparencia previsto en el Estatuto General de Contratación, los interesados deben tener la oportunidad de presentar observaciones y conocer las decisiones que la entidad adopte, con el fin de preparar sus ofertas y lograr la selección de la propuesta más favorable en términos de calidad, oportunidad, economía, eficiencia y eficacia”, dice uno de los apartes del documento. La última observación tiene que ver con la publicación de las observaciones de los proveedores interesados. Allí el Ministerio Público indica que de acuerdo con la información publicada el 8 de mayo de 2020 en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el representante de la entidad anunció el aplazamiento de las elecciones de los consejos municipales, locales y distritales de juventud hasta el 7 de marzo de 2021 debido a la necesidad de proteger la salud de quienes participarán en dichas elecciones. Sin embargo, según la advertencia de la Procuraduría, en la plataforma del Secop II no se observa ninguna novedad sobre el particular.
“En ese orden, se solicita a la Registraduría informar, si pese a la nueva fecha de elecciones, postergada para el año 2021, se va a continuar con el proceso de contratación que tiene como objeto contratar los bienes y servicios necesarios para la organización y ejecución del proceso electoral, recalca la Procuraduría.¿Qué dice la Registraduría?Hace varios días se conoció un comunicado de prensa de la Registraduría Nacional, dando respuesta a las observaciones que elevó la Procuraduría, señalando en el documento que se pidió a la Contraloría General de la República un acompañamiento y control preventivo sobre el proceso de selección abreviada que adelanta la entidad para la realización de las elecciones de Consejos de Juventud.“El desarrollo del calendario electoral para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, así como el proceso de selección abreviada No.003, cuyo objeto es “Contratar para la Registraduría Nacional del Estado Civil los bienes y servicios necesarios para la organización y realización del proceso electoral de los Consejos Municipales y Locales de Juventud”, se han venido trabajando conjuntamente con la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación”, dice uno de los apartes del comunicado.Y agrega “muestra del trabajo institucional fue la reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles 20 de mayo con el viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González; el viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Daniel Palacios, y la consejera presidencial para la juventud, Raiza DeLuque Curiel. En dicho encuentro, el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, solicitó la instalación de mesas técnicas para hacer seguimiento a la adjudicación y al calendario electoral”.Otro de los puntos advierte que “el registrador Nacional del Estado Civil Alexander Vega pidió formalmente a la Contraloría General de la República un acompañamiento y control preventivo al proceso de selección abreviada que adelanta la entidad para la realización de las elecciones de Consejos de Juventud. La entidad brindará toda la información necesaria para este propósito”.Por último dice “la Registraduría Nacional del Estado Civil rechaza las recientes noticias falsas y la campaña de desprestigio sobre las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, previstas para el 2021. La entidad mantiene el compromiso de garantizar el efectivo proceso democrático”..