El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, habló en Semana Noticias sobre los uniformados del Ejército Nacional que habrían abusado sexualmente de una menor de 13 años, perteneciente a la comunidad indígena embera chamí, en Risaralda. Lo anterior, por cuenta de la audiencia de imputación de cargos realizada este mismo jueves, en los juzgados de Pereira, en donde los siete uniformados aceptaron los hechos y les fue impuesta una medida de aseguramiento mientras los procesos avanzan en su contra. “El juez acaba de imponerles a todos los soldados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Se van para la cárcel”, dijo el fiscal Barbosa en diálogo con este medio. La cabeza del ente acusador celebró la decisión, argumentando que esa era una solicitud que se había hecho desde el organismo que él dirige por considerar de “deleznables”, por decir lo menos, lo ocurrido con esta menor de edad. “La víctima era una niña y lo digo con mucho dolor, porque es una niña”, dijo.
En tal sentido, cuestionó fuertemente la deshonra que, dijo, implicó la actuación de estos siete uniformados al Ejército con el delito que les fue imputado: acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado. “Causaron el daño más horrendo a una víctima y por eso tiene que caerles todo el peso de la ley, estamos hablando de gente joven que no está cumpliendo esa función de ser soldados del país, deshonraron el uniforme, deshonraron el Ejército, deshonraron la niñez colombiana y, por eso, merecen el repudio de todo el país”, dijo. Según detalló, estas siete personas, de las cuales seis fueron imputadas como autores materiales y otro más como cómplice, son jóvenes entre los 19 y los 20 años “que ni siquiera dimensionaron ni midieron el daño que estaban causando”. Eso sí, respecto de la pena que les espera, aclaró que no les será aplicada la recién aprobada cadena perpetua, porque aún no es la norma que está rigiendo en el país. “La vigencia que tenemos es la vigencia del Código Penal sin eso (sin la cadena perpetua), es lo que tenemos hoy, y cualquier norma que sirva con posterioridad no se podrá aplicar de forma retroactiva por el principio de favorabilidad del Derecho Penal”, explicó Barbosa. La pena que les esperaría, no obstante, sería la de pagar una pena de prisión de entre los 16 y los 30 años. “En ese marco, se buscará la condena de los responsables”, advirtió. En el mismo sentido, el fiscal también respondió a las versiones iniciales que se conocieron alrededor de los hechos, que apuntaban a que lo ocurrido contra la menor indígena en Risaralda habría sido por consentimiento mutuo. “Rechazo como fiscal cualquier tipo de justificación a un crimen, no acepto ese tipo de interpretaciones miserables, mezquinas y justificadoras de los crímenes. El acceso carnal con menor de 14 años es repudiable, no puede haber matices”, dijo Barbosa. Por eso, agregó que es “tan repudiable que existan opiniones alrededor de la dignidad de menores de edad y rechazo que utilicen cualquier tipo de justificación. Acá no más jueguito con los menores de edad. En este y en todos los casos habrá decisiones ejemplares de la Fiscalía para que todos los delitos donde se involucren menores de edad den la cara y no con rectificaciones sino por verdaderas sanciones criminales”, prometió el fiscal. Sobre el hecho en particular, contó que para hallar rápidamente las pruebas y lograr una respuesta eficaz en 72 horas, la Fiscalía realizó 40 actos de investigación urgentes. “Entramos, recogimos todas las evidencias y la evidencia física que nos permitía llegar a la audiencia de imputación de cargos”. Así, puntualizó diciendo que “no les quedaba otra opción más que reconocer y aceptar los hechos”.