Semana Noticias conoció el decreto de incremento salarial para los funcionarios públicos de alto rango -entre ellos senadores y representantes a la Cámara- donde se establece que cada uno recibiría a partir de agosto 1‘550.000 pesos adicionales, concerniente al 5,2 por ciento. El dinero adicional vendría acompañado de la respectiva retroactividad, correspondiente al ajuste económico de los meses de enero a julio de 2020. David Racero, congresista de la bancada Decentes, denunció que dicho aumento tendrá un costo de 670 millones de pesos mensuales para las arcas de la nación: "Esto si contamos a los 370 parlamentarios, y si hacemos el cálculo por los 12 meses de 2020, la suma para nuestros bolsillos sería de 7.500 millones". Así las cosas, cada parlamentario pasaría a ganar 34 millones de pesos mensuales aproximadamente.
“En el marco de la pandemia y de la crisis económica y social que tenemos es completamente inmoral, indecente e inaudito que este tipo de aumentos sean canalizados a los congresistas”, expresó Racero. Aunque el representante a la Cámara Gabriel Vallejo -del Centro Democrático- también se mostró contrario a tal incremento salarial, aclaró que dicho decreto no es un capricho del presidente Iván Duque sino una disposición constitucional, amparada en el artículo 187 de la carta democrática; la medida también incluye al procurador general de la nación, el contralor general y los magistrados de las altas cortes. “El Gobierno nacional debe buscar la posibilidad, el análisis jurídico (…) puede alegar una inconveniencia económica, una situación de absoluta calamidad pública que ahora vive el país; este esfuerzo por mínimo que sea nos sirve”, explicó Vallejo. En entrevista con Semana Noticias, ambos congresistas coincidieron en la necesidad de unir a las distintas bancadas de Gobierno y oposición para evitar que este despropósito se convierta en una realidad. “La propuesta que le hicimos al presidente (Duque) es que este monto adicional se congele; que no se le entregue a los congresistas y más bien sea destinado a una bolsa para poder financiar una renta básica y con ello podríamos beneficiar a 8.500 familias damnificadas, brindándoles al menos un salario mínimo a cada núcleo familiar”, reveló David Racero.
El político de oposición cuestionó la postura "hipócrita" de muchos congresistas, quienes "en público condenan el aumento de salario, pero hace una semana, en la comisión primera del Senado se negó, con votación mayoritaria del Centro Democrático, la posibilidad de disminuir, de congelar, de redireccionar los 14 millones de pesos que representantes y senadores reciben como gastos de representación, puesto que no se puede ni viajar ni movilizarse”. Vallejo y Racero proponen la declaratoria de un tercer estado de emergencia en Colombia como salida a este dilema, puesto que el incremento salarial se puede congelar vía decreto.