SEMANA: Es muy importante esta lucha que usted ha emprendido, yo la llamo lucha porque usted tiene unas preocupaciones muy válidas e importantes sobre posible excarcelación de delincuentes, después de una orden o cambio en el Gobierno nacional. Cuéntenos, ¿cuáles son esas preocupaciones?
Claudia López (C.L.): Este es un tema que yo vengo trabajando con los bogotanos, con la Policía, con la Secretaría Jurídica desde hace dos años. Para nadie es un secreto que después de la pandemia, por la pobreza, por el paro, por el estallido social, por tantas dificultades que hemos tenido, la seguridad en Colombia y el mundo empeoró, también en Bogotá, desafortunadamente.
Con un esfuerzo enorme con los impuestos de los bogotanos logramos traer 3.000 policías, adicionales; traer más cámaras; apoyar los frentes de seguridad de la comunidad, del comercio; con alarmas comunitarias, conectando las cámaras con la Policía; en fin.
En julio de 2021, después del paro nacional, esta ciudad estaba destruida, así la dejaron después del paro, fue como el segundo bogotazo, el 80 % del sistema TransMilenio lo destruyeron, quemaron los buses, vandalizaron las estaciones, e hicimos un plan de seguridad desde entonces porque el hurto, el homicidio, todo estaba empeorando. Y de agosto de 2021 a diciembre de 2022, mejoramos notablemente; capturamos 449 bandas criminales, metimos 2.200 criminales del Tren de Aragua, de Los Maracuchos a la cárcel; logramos bajar el hurto de residencias, de comercios, de carros, de motos y de motocicletas, pero hay dos cosas con las que no hemos podido, que es el hurto a personas y el hurto a celulares. Ese es sigue siendo el tormento, el que hala, el que roba en TransMilenio, el que le pone un cuchillo a la persona para robarle el computador, es un tormento, y buena parte de este tormento ocurre porque no estamos tratando de combatir una gran estructura criminal, no es el Clan del Golfo, es una bandida de tres o cuatro atracadores que se montan a TransMilenio y atormentan a la gente en la calle y casualmente los capturamos en flagrancia, ahí con las manos en la masa, pero resulta que a ocho de cada diez ladrones y atracadores que son capturados en flagrancia, quedan libres.
Quedan libres porque la ley de Colombia, la justicia considera que el hurto de menor cuantía, es decir, menos de cuatro millones de pesos, tiene excarcelación automática, o sea impunidad asegurada.
Yo he trabajado con los jueces, con el fiscal, con el Consejo Superior de la Judicatura; hice una cumbre judicial hace más de un año y me dijeron: ‘alcaldesa, el problema es la ley, que no tiene un agravante, que si no se usa un arma, para que le podamos dar una captura’. Les dije, bueno listo, cambiemos la ley, me fui con el Gobierno anterior y cambiamos la Ley de Seguridad Ciudadana, para que se incautaran las armas, para que el uso de cualquier amenaza en hurto se convirtiera en un agravante. Listo, se cambió la ley, ya es agravante, ha pasado más de un año desde que entró en vigencia la Ley. ¿Y qué ha pasado? Que otra vez siguen dejando a ocho de cada diez atracadores libres.
Entonces a pesar de que el Gobierno nacional hizo la reforma, no logró bajar el hurto, y para cubrir la orden que le dio la Corte Constitucional al Gobierno nacional, de que no haya hacinamiento en las cárceles, el Gobierno anterior no recibió más a los delincuentes en las cárceles y los dejó hacinados en las estaciones de Policía y las URI; eso no es solución.
Y ahora llegó el nuevo Gobierno y nos propone lo siguiente: que los delitos menores ―el hurto es un delito menor―, el atraco simple, es un delito menor, que a esos les demos casa por cárcel o excarcelación. No, por favor, por favor, pero ¿en qué país viven? Es que no ven que a la gente la atracan en la calle, ese es el tormento de todos los días. O sea, a ocho de cada diez que capturamos los dejan libres, y a dos de cada diez que sí quedan capturados, ahora los van a soltar.
En las cárceles de Bogotá hay más o menos 17 mil presos, y si aplican los beneficios de casa por cárcel, de excarcelación, de reducción de penas, que está proponiendo el Ministerio de Justicia, podrían salir hasta 7.000 delincuentes a las calles. Yo, francamente, disiento mucho. Usted sabe, Vicky, que yo apoyo al presidente y lo seguiré apoyando en otros temas, pero en este tema disiento mucho como ciudadana y como alcaldesa. Se necesita seguridad y justicia.
Lo que ha propuesto Bogotá, porque yo no solamente me quejo, yo propongo e invierto, lo que propone y ha hecho Bogotá es invertir en mejor justicia, hemos hecho más casas de justicia, estamos construyendo más URI, hicimos un centro de reclusión en Bogotá que sí resocializa a la gente, porque no está hacinada y tiene segundas oportunidades.
Yo lo que le propongo al Gobierno nacional es que tramitemos el proyecto de ley para tener justicia restaurativa con cárcel, pero con cárcel digna y sin hacinamiento, que lleva dos años esperando trámite en el Congreso; en vez que lo que se proponga sea un excarcelamiento masivo.
SEMANA: ¿Qué pasa si eso se hace efectivo?¿Qué avizora para Bogotá?
C.L.: Lo primero que yo avizoro es que no radiquen el proyecto, es que para eso es la liberación democrática, yo por eso le estoy pidiendo esto a los ciudadanos, y el Gobierno escucha, y a mí me consta que escucha, y por eso le vamos a mandar un derecho de petición al presidente y al Congreso pidiéndoles que bajo ninguna circunstancia nos vayan a aprobar una ley que produzca este excarcelamiento masivo, sino que más bien pongamos recursos, el Gobierno nacional y los territorios, para hacer cárceles dignas, con segundas oportunidades, con justicia restaurativa, pero no con impunidad.
Aquí se generan generalizaciones: que las cárceles no resocializan a nadie. Falso. Las cárceles hacinadas e inhumanas no resocializan a nadie, pero la cárcel distrital, la de Bogotá, la que depende de la Alcaldía Mayor, no tiene hacinamiento, tiene 95 % de resocialización porque nos tomamos en serio las segundas oportunidades de la gente, pero es invirtiendo. Claro que toca invertir en proceso de justicia restaurativa, en resocialización con las víctimas, en formación para los presos, en oportunidades para los jóvenes para que no los reclute la delincuencia, pero yo me opongo a cualquier forma de impunidad y de excarcelación, yo lo que propongo es seguridad y justicia con buena infraestructura y con un buen procedimiento.
Este proyecto de ley del que hablo lleva dos años radicado en el Congreso de la República, en la legislatura pasada lo dejaron hundir, y en esta legislatura, Juan David Gómez radicó ponencia, denle trámite a eso, invirtamos en serio, pero impunidad bajo ninguna circunstancia.
SEMANA: Alcaldesa, cuando uno escucha al ministro de Justicia decir que no es excarcelación, sino que es resocialización, ¿qué se le pasa a usted por la cabeza?
C.L.: Mire lo que dicen, que la resocialización es mandarlo a uno a la casa, que le den casa por cárcel, y que allá algún día les van a dar una resocialización porque no dicen en concreto qué les van a dar.
Yo le voy a contar dónde me he encontrado yo y la Policía a los que estaban en casa por cárcel, hay como 2.000 personas en casa por cárcel en Bogotá, el Inpec no vigila a los presos de La Picota, ahora imagínese usted 2.000 viviendas dispersas en Bogotá; esas personas que estaban pagando casa por cárcel en Bogotá las encontramos como sicarios y en las ollas del Tren de Aragua, no estaban en la casa ni en la cárcel, estaban en las calle delinquiendo.
Me encontré a otro atracando en Monserrate por la Circunvalar, lo denunciaron, un teniente de la Policía se fue detrás de esa banda, y lo mataron. ¿Quién lo mató? Un señor que estaba en casa por cárcel. La casa por cárcel es impunidad plena, me consta como alcaldesa, entonces a mí que no me vengan a decir que la resocialización consiste en casa por cárcel, no, eso es impunidad.
De verdad, yo lo que le propongo al Gobierno es que le demos un debate serio y una financiación, esto no se hace de la noche a la mañana, esto se hace con inversión pública, para tener justicia, para tener centros de resocialización con segundad oportunidades; para tener justicia restaurativa hay que invertir y esto no es con decretos ni con ley, esto es con plata.
Bogotá construyó en 20 meses, a pesar de la pandemia, el covid, un centro de retención para personas que todavía están sindicadas o no condenadas, no tiene hacinamiento, tiene casi 200 cupos y va a llegar a 300, entonces sí se puede, pero el camino es la inversión en seguridad y justicia, y no la excarcelación masiva con impunidad.
SEMANA: Usted ya lo ha anunciado y es que va a enviar ese derecho de petición y le está pidiendo a la gente que se une para que sean escuchados por el Gobierno. ¿Cómo va a ser ese mecanismo para enviar ese derecho de petición y qué espera?
C.L.: Estamos distribuyendo un link, un derecho de petición, un mecanismo que prevé la Ley y la Constitución, yo no estoy diciendo ni que nos opongamos al Gobierno ni que marchemos, nada de esas cosas. Yo creo en la democracia y el derecho de petición es un mecanismo mediante el cual uno hace una petición y ese funcionario público al que se le está haciendo esa petición, el ministro, los congresistas, el presidente, nos tiene que contestar, explicar el proyecto y decir cuál es plata que va a poner.
Yo los invito que entren a la página de la Alcaldía Mayor, en mis redes también está el link, se firma fácilmente electrónicamente y se manda por correo. Y hagamos un debate democrático y serio, yo de verdad creo que el presidente está haciendo una apuesta grande por la justicia social y la apoyo, en la lucha contra la pobreza, bienvenida; por la justicia ambiental, bienvenida también, y por eso queremos metro; pero también necesitamos justicia judicial, en un mar de impunidad no va a prosperar la paz total, tengan la plena seguridad.
La señal que manda el Estado colombiano es que nos queda grande lidiar con los atracadores y los apartamenteros, qué vamos a poder lidiar con el Clan del Golfo, con el ELN; tenemos que enviar una señal sólida de que somos capaces de ofrecer seguridad y justicia, sobre todo el primer gobierno de izquierda que tiene Colombia.
Nadie duda en Colombia, ni en América Latina, que los gobiernos de izquierda luchan contra la pobreza, contra la corrupción, contra el hambre; lo que está por verse es si pueden ofrecer seguridad y justicia, sino confunden autoridad con autoritarismo.
Entonces yo creo que en este tema, de verdad lo digo como una aliada del Gobierno, no nos podemos equivocar, es una mala señal del primer gobierno de izquierda de Colombia que lo que proponga sea impunidad, esto no es lo que la ciudadanía espera del Gobierno del cambio.
SEMANA: Uno encuentra ya muchas versiones, unas a favor, otras en contra, y precisamente quienes dicen que eso es acudir al estado de opinión, ¿usted qué les dice?
C.L.: No, eso es acudir al estado de derecho, el derecho de petición está contemplado en la Constitución de Colombia y los ciudadanos de Colombia no hacen marchas, no hacen tomas, no tiran piedras ni hacen vandalismo, hacen un derecho de petición, y le piden respetuosamente a una autoridad pública que considere su opinión y modifique su política en un sentido. Lo que estamos haciendo es mandar un derecho de petición al Congreso y al Gobierno nacional para que tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos.
Yo estoy proponiendo una alternativa, que saquemos una ley que cree un procedimiento penal más expedito, de justicia restaurativa, de reconciliación con la vida y con la víctima, pero con cárcel y en unos centros de retención que no tengan hacinamiento y tengan segundas oportunidades; eso nos va a costar una inversión pública, sí. Es mejor invertir en seguridad y justicia que dar impunidad.
SEMANA: Es muy valiente esa lucha que usted emprende, porque lo más fácil es decir a todo que sí, como están haciendo muchos de los partidos aliados al Gobierno, y usted ha dicho: yo soy aliada del presidente, pero dice que tiene unos puntos de diferencia…
C.L.: La verdad, creo que en estos nos estamos equivocando, no le estamos mandando un mensaje acertado al anhelo del cambio de justicia, la gente no solo quiere justicia social y ambiental, la gente también quiere justicia judicial y que los que trabajan honradamente, que son la mayoría, la clase media, el que tiene un negocio, el que paga impuestos, que si lo atracan, no quede impune el que lo hizo.
No es con impunidad, en eso no nos podemos equivocar, de manera que yo he decidido abrir este debate porque estoy desesperada, Vicky; yo llevo dos años en esto, proponiendo, hablando con la rama judicial, dos años de que cambió la Ley de Seguridad Ciudadana y tampoco funcionó, dos años proponiendo que me dejen construir otra cárcel distrital en La Picota, que es un predio del Gobierno nacional, y no he logrado que tres ministros de justicia nos den esa autorización.
SEMANA: Esta impunidad cubre también a los miembros de la primera línea que incluso usted más que nadie sabe que el Gobierno nacional ha querido dejar en libertad…
C.L.: Es que fíjate que las cosas se van sumando, yo no me quiero meter en temas que son del Gobierno nacional exclusivamente, pero las cosas se van sumando: que a las disidencias de las Farc e Iván Márquez, no que pobrecito que lo entramparon; que a los de la primera línea en Bogotá, esto es una marca, no confundan a los jóvenes de Bogotá con la primera línea, no caigan en ese error, yo les ruego, no estigmaticen a los jóvenes de Colombia, en esta ciudad, el 99,9 % de la gente que salió a marchar, lo hizo pacíficamente, no quemó nada, no vandalizó nada, no destruyó nada, no agredió a nadie, y ese paro legítimo de la ciudadanía produjo un gran cambio en Colombia; la primera línea es una marca para justificar vandalismo y violencia, y en Bogotá, cinco personas de la primera línea están judicializadas, no por protestar, sino por torturar a unos ciudadanos, por violentarlos físicamente.
Entonces, a Iván Márquez, pobrecito, entrampamiento e impunidad; a los torturadores de la primera línea, condenados, pobrecitos, impunidad; y ahora a los delincuentes y atracadores, pobrecitos e impunidad. No, yo no creo que ese sea el mensaje que está esperando el cambio ciudadano en Colombia.
SEMANA: Y eso que no estamos mencionando al Clan del Golfo y Los Pachenca, que había cinco órdenes de captura a levantar, varios de ellos narcotraficantes puros…
C.L.: En fin, yo me quedo en mi tema que es el que me atormenta como ciudadana y como alcaldesa que es el de los ladrones.
SEMANA: Y la debe atormentar mucho también la discusión alrededor del Metro. ¿Cómo se siente usted en ese debate?
C.L.: Primero, yo les ruego a todos que dejemos de hablar de la primera línea del Metro de Bogotá como si fuera una idea, no, la primera línea del Metro de Bogotá se está construyendo, hoy a las 7:30 a. m. se pararon 4.300 trabajadores a construir la primera línea del Metro, lo que pasa es que la gente no vive en Kennedy, no ve la obra del patio-taller que ya va en un 80 %, casi; los que pasan por la 72 con Caracas, ven la obra; el que pase por la Caracas va a pensar que nos cayó un meteorito en diez cuadras, no, es que compramos y tumbamos, todas las manzanas donde van a quedar las estaciones. La primera línea del metro la están construyendo, va en un 18 % de avance, ya compramos todos los predios, ya están los diseños.
El presidente nos ha hecho una solicitud respetuosa y yo en ese sentido le agradezco al presidente, él me ha dicho que no quiere parar el metro, la obra, pero que sí le gustaría que el contratista que está haciendo la obra, le diga si todavía hay posibilidad o no de subterranizar un tramo, se lo pidió al contratista en noviembre del año pasado y el contratista muy generosamente, porque eso no hace parte de su contrato, hizo el análisis y hoy se lo vamos a presentar al presidente de la República a las 6:00 p. m., ese análisis se lo vamos a presentar primero respetuosamente al presidente, yo no la he querido comunicar públicamente y veremos que instrucciones nos da; pero el metro es una realidad y si algo necesita Bogotá es Metro.
Después de la inseguridad, todos estamos atormentados por el trancón, la congestión y contaminación, y no vamos a salir de eso por mucho pico y placa que tengamos, todo eso son cosas temporales, lo que tenemos que hacer, todo lo sabemos, y es hacer un sistema público masivo basado en metro para que no dependamos ni de buses, ni de carros. Lo estamos haciendo, ya estamos construyendo la primera línea, ya incluso estamos sacando los recursos para la licitación de la segunda línea, que va a ser subterránea como queríamos con el presidente y la mayoría de los bogotanos, desde la 72 con Caracas, hasta Suba y Engativá, entonces contratemos la segunda este año.
Yo soy de la posición de que hagamos el metro, el metro no se puede sabotear, no se puede parar, el metro no es de Peñalosa, no es de Petro, es de los bogotanos, lo estamos pagando con nuestros impuestos, es que las obras no son de los alcaldes, es de la gente, yo no estoy haciendo las obras de Bogotá con mi tarjeta de crédito si no con los impuestos de los bogotanos, y los bogotanos quieren metro y lo necesitan. Entonces más bien por qué no discutimos nuevas prioridades, hagamos la primera línea del metro, contratemos la segunda línea del metro, hagamos también el Regiotram de Occidente.
Bogotá Cundinamarca, tiene en este momento tres proyectos de tren eléctrico como quiere el presidente, está el Regiotram de Occidente, que es el primer tren eléctrico de Colombia qué va a traer a la gente desde Facatativá, Funza, Mosquera y Fontibón hasta el centro de Bogotá, maravilloso, y ya se está construyendo la primera línea del metro que arranca en bosa y Kennedy y llega a la 72 con Caracas. La segunda línea del metro la contrataremos este año para que arranque en la 72 con Caracas y baje por Engativá y llegué hasta suba.
Entonces, qué le pedimos al gobierno nacional, presidente hagamos el otro tren eléctrico el Regiotram del Norte que viene de Zipaquirá, Cajicá, Chía y llegará a conectarse con la primera y segunda línea del metro eso es lo que necesita Bogotá, avanzar.
SEMANA: Alcaldesa, ¿le molestó que el presidente le haya pedido ese concepto directamente a los contratistas y no a usted?
C.L.: Pues más que me moleste, me parece que se genera una descoordinación. Yo sí le dije tanto al presidente como al ministro que cuente conmigo para atender cualquier solicitud que el Gobierno tuviera, pero que no me salte presidente, no me salte, no se reúna directamente con mis contratistas, qué tal que yo llamara el contratista de la Ruta del sol y me reuniera con él aparte y le diera instrucciones aparte, cuando ese contratista es del Gobierno nacional. Entonces si les hice esa solicitud respetuosa y ellos la han tenido en cuenta la verdad.
SEMANA: Alcaldesa, usted que fue congresista y que se conoce al Congreso, ¿usted qué sabe de lo que denunció Gustavo Bolívar? ¿Usted vio algo cuando estuvo allá?
C.L.: Pues Vicky no, la verdad no, vi muchas cosas, a corruptos y que muchos además terminaron presos, a mí me tocaba sentarme con los herederos de quienes yo había mandado a la cárcel, entonces vi muchas cosas, pero la verdad, y tú sabes que yo soy una persona siempre abierta a recibir denuncias y a apoyar a los ciudadanos que la ponen, nunca en mis cuatro años del Senado se acercó alguien a mi oficina del Congreso a denunciarme abuso sexual, nunca.
Ahora no digo que no pase, y si pasa, es gravísimo y por supuesto yo espero que muy valientemente, y eso es algo que le decimos a las mujeres en Bogotá, no nos quedemos calladas, la intimidación, el miedo de un abusador de una persona que está en una posición de poder y se aprovecha de esa posición de poder, para abusar de una mujer, es un miserable y un desgraciado y es normal que nos dé miedo denunciar a alguien, pero no se queden calladas el que las grita, el que las humilla, el que las agrede una vez, lo hace otra vez.