Este martes se abrió un nuevo capítulo en los procesos judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe, luego de que el exfiscal Eduardo Montealegre anunciara que presentará una denuncia contra el exsenador por los delitos de lesa humanidad. Esto por cuenta de su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, crímenes cometidos en 1996 y 1997, cuando era gobernador de Antioquia.
De acuerdo con la denuncia que radicó ante ese tribunal, entre los delitos se encuentran conductas como homicidio en persona protegida, lesiones en persona protegida, actos de terrorismo, desaparición forzada, tortura agravada y desplazamiento forzado agravado, "que deben ser leídas a la luz del Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario".
Asimismo, el abogado Jorge Fernando Perdomo Torres, otro de los accionantes, destacó que un gobernador tiene deberes o posiciones de garante "que le dan el deber de proteger a la población civil contra todos los peligros". Según dijo, "al exgobernador se le advirtió a tiempo sobre la existencia de un peligro concreto, inminente, elevadísimo contra la población de estos corregimientos, y él, conociendo esa situación, no hizo nada para evitarlo. Al contrario, se puede decir que promovió una política en contra de defensores de Derechos Humanos, de personas que estaban denunciando a esas organizaciones armadas".
Por su parte, el homicidio de Jesús María Valle se presentó el 27 de febrero de 1998 cuando dos hombres y una mujer llegaron a su oficina en el centro de Medellín y le dispararon dos balazos. Valle era un conocido defensor de derechos humanos que había denunciado las acciones de los paramilitares en Antioquia, especialmente en Ituango. ¿Qué implicaciones y alcance tendrá esta denuncia de Montealegre? Este es el tema central en el programa de Vicky en SEMANA, en el que los abogados penalistas Miguel Ángel del Rio y Francisco Bernate explicaron el panorama. Para Del Rio, la acción judicial de Montealegre es “una denuncia apropiada y de hecho él la había anunciado hace un par de meses. Entonces me parece rigurosa porque la opinión pública y el país están en deuda de saber quiénes son las personas que participaron en las masacres. Allí se dieron una suerte de situaciones macabras, pero con un componente: que el gobernador de Antioquia era Uribe y él fue informado de las graves amenazas“. Por su parte, el jurista Bernate señaló que “los hechos que denuncia Montealegre vienen siendo materia de investigación hace mucho tiempo y tan pronto sale de la Fiscalía saca a la luz varios anuncios. Lo de Uribe es de conocimiento público y ahorita el exfiscal sale con un carácter oportunista porque uno qué saca anunciando una denuncia por hechos ya investigados“.
Bernate insistió en que Uribe “está siendo investigado como gobernador y la competencia era de la Fiscalía y nunca pasó nada. Cuando él sale de la Fiscalía presenta esta denuncia luego de mucho tiempo y con un criterio político y oportunista sin cuestionar que sus argumentos en algunos casos son relevantes, pero en otros no porque el odio le gana al gran jurista como lo es Montealegre“. En contraste, el abogado Del Rio dijo que “luego de la salida de Montealegre de la Fiscalía se dieron hechos con relación de condenas contra el Estado por la masacre y el asesinato de Jesús María Valle. Existe una suerte de situaciones y de precisiones fácticas que no tenía en su momento. Aquí no podemos decir que hay una decisión sesgada porque si nos dedicamos a eso, terminamos deslegitimando el mensaje. No puedo establecer si tiene un sesgo o si es una consecuencia política (...) Lo que ha hecho Montealegre es un tema de valentía“. Para Bernate, se debe reconocer que “si hay alguien respetable en el mundo académico son Montealegre y Perdomo. En el caso del exfiscal, él ya fue citado por la Corte; entonces, ¿cuál era la necesidad de generar una denuncia donde habla de hechos supuestamente nuevos?“. En ese sentido, el litigante Del Rio recalcó que “no podemos deslegitimar al mensajero porque nos traiga información que no nos gusta. Tenemos que establecer cuáles son los elementos de convicción para que haya presentado esa denuncia“. “Tenemos que concentrarnos en elementos que soportan la denuncia porque no tenemos que lastimarlo como funcionario o como ciudadano“, manifestó Del Rio. En ese sentido, añadió que “estoy convencido que debemos darle la oportunidad a los ciudadanos y que si tienen elementos de convicción estructurados por una investigación, los pongan en conocimiento”. Sobre el tema, Bernate dijo que se debe hablar de manera objetiva: “La Corte ordena una investigación y que Montealegre sea escuchado. Tan pronto se entera que es citado como testigo, no hace lo que cualquiera haría, que es decir todo lo que sabe en ese momento, y luego saca una denuncia paralela. No he visto otros exfiscales saliendo al ruedo con un tema político. No se ve bien que un testigo a los ocho días salga a mediatizar una denuncia“. Así mismo, el abogado Bernate señaló que “un fiscal cuando se va de su cargo, lo normal es regresar al ejercicio de la profesión, pero desligándose del debate público. Montealgre como ciudadano puede interponer denuncias, pero no puede generar cuestionamientos sobre hechos que están siendo investigados hace mucho tiempo. Esto no le hace bien a la institucionalidad“, puntualizó.
Por último, ambos juristas manifestaron su opinión en el campo jurídico sobre la solicitud de la Procuraduría de enviar el caso de Uribe por su presunta responsabilidad en la manipulación de testigos a la Fiscalía, bajo el argumento de que la Corte Suprema no tiene competencia luego de que el expresidente renunciara a su curul en el Senado.
Para Del Río, la competencia con respecto a Uribe “debe recaer en la Corte y lo de la Procuraduría es un concepto, mas no una decisión. Este es un criterio adicional que debe tener en cuenta la Corte para valorar su competencia y es un concepto que no debería ser acogido por la Corte“. Por su parte, Bernate señaló que “el Ministerio Público es el que nos representa a todos. Este vela por las garantías del procesado, pero también de la sociedad. Es oír una voz adicional. La Corte se puede apartar de esa voz y ya sabrá qué decide“. Así mismo, añadió que “es un concepto jurídico y no un pronunciamiento institucional que vincule al procurador Fernando Carrillo; él no tiene el poder de imponer su criterio. Ahora bien, la Corte ya tiene dos puntos de vista y es el momento de que los magistrados se reúnan para valorar su competencia y tomen una decisión“.