Este 7 de julio se cumplió exactamente un año desde el magnicidio de Jovenel Moïse, quien para entonces era el presidente de Haití. El mandatario fue asesinado en su propia casa por un comando armado.

Por estos hechos, la policía haitiana arrestó a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos. Sin embargo, los procesos judiciales posteriores realizados tanto en Haití como en Estados Unidos han avanzado con extrema lentitud.

Los familiares y allegados a los 18 exsoldados colombianos que se encuentran presos en Haití, acusados de haber participado en el magnicidio de Moïse, acudieron a las instalaciones de la Cancillería para solicitar una reunión de urgencia, pues aseguran que sus seres queridos están “abandonados”, “secuestrados” y “sin un juicio justo”.

En diálogo con Vicky en Semana, Jeneline Carmona Flórez, madre del subteniente Yheyner Alberto Carmona, dijo: “La intención de este plantón es que hoy cumplimos un año y no hay un juicio justo para mi hijo y para los militares que están allá (en Haití) con él. Lo que pedimos es respeto al debido proceso. No queremos impunidad, lo que queremos es la verdad”. Así mismo, destacó que una solicitud en común tiene que ver con el pedido para que los connacionales sean llevados ante un tribunal internacional donde puedan hablar, defenderse y demostrar su inocencia.

Respecto a reuniones previas que han tenido con la Cancillería, anotó que las respuestas han sido las mismas: “Han hecho lo posible”. “Prácticamente, no es nada, porque hoy -un año después- no hay un juicio justo, no hay un juez en Haití, no hay abogados, no hay nada. Estamos como desde el principio (...). ¿Por qué no son sacados a hablar a un tribunal? Acá hay algo escondido y lo que no les conviene es que ellos demuestren su inocencia”, expresó Carmona Flórez.

A su turno, Claudia Grosso Salcedo, hermana del exmilitar Manuel Antonio Grosso, pidió al Gobierno colombiano que los apoye para que haya una cooperación entre los dos países, y sus familiares retenidos en Haití “acusados de un crimen que no cometieron” puedan tener un debido proceso y un juicio justo.

“Llevamos un año y no ha sido posible que ellos tengan asistencia de un abogado, tengan presencia de un juez y puedan rendir su indagatoria. En este momento, el proceso está como al principio. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”, afirmó Grosso.

Liseth Franco, hermana del soldado Naiser Franco Castañeda, dijo que su familiar fue contratado legalmente por una empresa americana para prestar servicios de seguridad en Haití.

“Hablamos con él hace un año, de ahí no hemos tenido ninguna noticia de él, no sabemos cómo está. Recibimos unas cartas -de dudosa reputación-, la verdad no tenemos cómo comprobar que esas cartas si son de ellos y si nos están diciendo la verdad. Entonces, estamos a la espera de que el Gobierno no ayude de alguna manera. Están en condiciones infrahumanas, totalmente abandonados por el gobierno después de haber servido 20 años”, manifestó en Vicky en Semana.

Respecto al estado de salud de los connacionales, Franco afirmó que fueron torturados y, por lo mismo, estuvieron “muy mal de salud”, sin embargo, no han recibido mayor información sobre cómo se encuentran sus familiares.

A la Cancillería también acudió un compañero de filas de Blanquicet Rodríguez, uno de los soldados colombianos acusados por el magnicidio de Jovenel Moïse. “Tuve la potestad y la oportunidad de ser el comandante de tres comandos que están detenidos en Haití (...). Todos son hombres de bien, son soldados honestos y leales. Nunca nos enseñaron en la institución a matar ni asesinar a nadie. Dentro de todas las funciones que cumplen los militares en Colombia, vamos bajo el régimen de una orden de operación, bajo la Constitución Política, bajo un Código Penal Militar. Los están señalando que fueron a matar al presidente Moïse: ningún colombiano, ningún ciudadano de ninguna nación va a ir a asesinar un presidente por 2.200 dólares”, comentó el sargento.

Moverlos a un país neutral

Los familiares de los connacionales coinciden en que mientras sigan retenidos en Haití no podrán hacer nada para ayudarlos. Por esa razón, solicitaron apoyo al Gobierno nacional, pues destacan que se trata de un tema que requiere de la cooperación entre los dos países.

Para ellos, sugieren que sus familiares sean trasladados a un país neutral, como República Dominicana, para que desarrollen un proceso justo.

“Para tener muy en cuenta, en el Palacio de Justicia de Haití han ingresado en ocasiones y hace poco se robaron parte del material de este caso. Acá hay manos oscuras que no les conviene que nuestros militares salan libres y que se sepa la verdad en el mundo entero”, puntualizó Carmona Flórez.