El bus de la “paz total” que viene promoviendo el presidente Petro, esta vez en relación con las modificaciones en el mecanismo de extradición a Estados Unidos, ya llamó la atención de unos 279 detenidos en las cárceles La Picota y El Buen Pastor. Ahora, en exclusiva para SEMANA, el vocero de estos extraditables, el abogado Alexánder Morales, habla sobre los beneficios y contribuciones que estarían dispuestos hacer los señalados.
Según indica Morales, los detenidos han afirmado que además de estar de acuerdo con las modificaciones planteadas por el presidente Petro, también estarían dispuestos a responder ante el Gobierno nacional para evitar ser extraditados a los Estados Unidos u otros países.
“Una de las causas del conflicto armado, tanto rural como urbano, indiscutiblemente es la economía informal. Un 80, 90, 95 % de las personas que están privadas de la libertad con petición de extradición es por este delito...”, explica Morales, afirmando que las personas que han manifestado su interés en contribuir con la justicia son o formaron parte de los problemas desatados por el conflicto armado y el narcotráfico.
“Entonces ellos están dispuestos a ayudar en la construcción de un nuevo país, a la construcción de una paz total y como han participado en estas actividades ilícitas, entonces están manifestando al Gobierno que sí quieren ayudar”, aseveró Morales.
El abogado afirmó que los detenidos buscan pasarse de una economía ilegal a una sostenible y legal, además de aportar a la “paz, justicia y sociedad”. Y con respecto a los compromisos que estarían dispuestos a hacer para esa nueva construcción, Morales indicó que los extraditables buscaban “desactivar” las economías ilegales, con contribuciones mediadas a través de sus abogados y limitadas al aporte que cada uno, desde su caso particular, pueda dar.
“Acordarse con el Gobierno colombiano y estadounidense sus condiciones, con cada uno de sus abogados para no ser extraditado, son 279 casos... Sí se podría indicar que hay personas que tiene una jurisdicción especial, como los indígenas y los exmiembros de las Farc”, acotó Morales, recalcando que, al no ser todos los casos iguales, se requería un tratamiento diferencial.
Al ser confrontado por los delitos cometidos por estos extraditables, como el narcotráfico, que sería la principal impugnación por la que fueron pedidos por Estados Unidos para responder ante sus tribunales de justicia, Morales afirmó que los países involucrados también tenían un deber con la construcción de la paz en Colombia, por lo que también deberían estar dispuestos a retirar las órdenes de extradición.
“Nosotros esperamos que Estados Unidos tenga la suficiente gallardía y análisis sociológico para que no solamente termine la petición de extradición, sino que también termine con el proceso y no se sigan solicitando órdenes de captura de estas personas, no solo en Colombia, sino también en otros países”, afirmó Alexánder Morales.
Entre otras condiciones que los extraditables estarían solicitando al Gobierno nacional para la negociación serían: una mesa establecida de derechos humanos en todos los escenarios, un delegado del Gobierno nacional, un delegado del movimiento Sinergia, en donde los detenidos contarían su caso, y se tengan en cuenta las vulnerabilidades que algunos pueden tener, como es el caso de las mujeres cabeza de familia.
Según continuó explicando el abogado Morales, los extraditables habrían expresado que, en esta petición para evitar la extradición, una de sus motivaciones sería el no ser alejado de su núcleo familiar y, según afirmó, estarían dispuestos a contribuir con la justicia colombiana, “hablar con la verdad, hablar de las reparaciones con la sociedad y con las víctimas... no están pidiendo inmunidad, pero sí justicia”.
A la duda sobre la continuación de los negocios del narcotráfico desde las cárceles nacionales, a cuestas de mantenerse en el país y no ser extraditados, el abogado Morales aseguró que en los pabellones en los que estas personas se encuentran internadas, además de ser vigilados por el Inpec, también estarían bajo la lupa de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos).
Y con respecto a los modelos de repatriación, el abogado insistió en que los extraditables no estarían buscando la impunidad, sino que llegarían al país a continuar su condena, pero ya con el apoyo de sus familiares. Además de recalcar que también se le apuntaba a la llegada de personas que están en situaciones “deplorables” en otros continentes.