Una polémica sacude al Inpec y a la cárcel La Picota luego de que se conociera información sobre salidas irregulares del empresario Carlos Mattos, quien se encuentra -en teoría- privado de la libertad y ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación reconociendo su participación en el denominado caso Hyundai.
Esta situación desató un efecto dominó y produjo la destitución inmediata del director del Inpec, general Mariano Botero Coy, así como la del director de la cárcel La Picota, coronel (r) Wilmer Valencia. La orden fue hecha por el mismo presidente Iván Duque quien, además, solicitó el traslado de Mattos a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.
En diálogo con Vicky en SEMANA, el exdirector del Inpec, el general Mariano Botero Coy, dijo que se trata de “un hecho vergonzoso” por el cual está poniendo la cara y explicando lo sucedido. “Me enteré hoy en las noticias, viendo estas imágenes totalmente vergonzosas para el país”, dijo.
Además, manifestó su indignación por la imágenes en las que se observa a un miembro del Inpec, prácticamente, como “una persona al servicio de Carlos Mattos”. Sin embargo, señaló que mientras fungió como director del Inpec tuvo 132 establecimientos a cargo, los cuales son de igual o menor vulnerabilidad.
En ese sentido, mencionó haber generado una serie de protocolos y procedimientos que compartió con cada director de centro carcelario, quienes, finalmente, eran los encargados de ejecutarlos.
Según explicó el general Mariano Botero, el exdirector de La Picota Wilmer Valencia “tenía la responsabilidad de conocer las citas que durante lo corrido del año tenía Carlos Mattos (...) Estas remisiones médicas llegan directamente al despacho del director y, con base en ello, planifica el servicio”. Ante el escándalo que sacude a las instituciones por las salidas “como Pedro por su casa” protagonizadas por el privado de la libertad, Botero expresó que deben iniciarse las investigaciones disciplinarias y, de ser el caso, también penales.
El general Mariano Botero, hasta hoy director del Inpec, detalló que está colocando a disposición 35 años de servicio al país. “Cuando se habla de destitución es porque hay unos eventos de complicidad delincuenciales y criminales que, realmente, no calan muy bien en mi hoja de vida”.
En ese sentido, aseguró que en sus años de servicio se ha desempeñado como un hombre “honorable, respetuoso de las leyes y que las ha hecho cumplir”. Dado que se trata de un hecho —en sus palabras— de vergüenza nacional, tomó la decisión de presentar su renuncia.
“Hubo una falta total de supervisión”
Botero Coy explicó en Vicky en SEMANA cómo se organizan las salidas de los reclusos, cuando han sido autorizadas. En dicho caso, el director del centro carcelario es el encargado de planear la operación de acuerdo con la clasificación de cada preso, es decir, temas de desplazamiento, acompañamiento y posterior regreso al sitio de reclusión.
“Lo que yo veo es que hubo una total falta de supervisión por parte del jefe de gobierno (de La Picota). Directamente, él emite el acto administrativo donde deja plasmado cómo se va a hacer y quién va a hacer la supervisión, pero aquí es evidente que hubo una falla total y absoluta”, indicó el exdirector del Inpec.
¿Llegó la hora del reformar el Inpec?
Ante la pregunta en relación a si es oportuno realizar una reforma de fondo al Inpec, el general Botero estuvo de acuerdo y señaló que es importante definir nuevamente los procesos y generar una nueva estructura, ya que los existentes están muy débiles. “Si trabajamos en ello, vamos a lograr un mejor instituto”, aseguró.
El exdirector del Inpec se refirió al trabajo con el gobierno norteamericano y destacó el proyecto de conformación de pabellones de alta seguridad. “Hoy están identificadas 147 personas privadas de la libertad que tienen poder adquisitivo y, desde las cárceles, siguen haciendo daño. Es necesario neutralizar a estas personas”, resaltó el general Botero.
Frente a este tema, el exdirector del Inpec sostuvo en Vicky en SEMANA: “Si nosotros hacemos las labores de incomunicarlos —en lo que corresponde a la ley—, de aislarlos efectivamente, la seguridad del país va a mejorar ostensiblemente”.
Estas 147 personas a las que se refiere el general Botero son catalogadas como “Nivel 1” de seguridad y sus detalles fueron compartidos con el gobierno de Estados Unidos. “Por eso estábamos proyectando pabellones de alta seguridad con una guardia especial, precisamente, para evitar el actuar delincuencial y criminal de estos individuos y que le sigan haciendo daño a la seguridad”, agregó.