Gran polémica hubo hoy en Colombia, luego de que, en el marco de las marchas de este 8 de febrero en el país, fueran agitadas banderas del Movimiento 19 de Abril, más conocido como M-19, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá.

El asunto llamó la atención toda vez que, en 1985, ese movimiento guerrillero, el M-19, posteriormente incorporado al escenario político cuando Colombia adelantó una Asamblea Nacional Constituyente, hizo arder la mismísima Corte de Suprema, la misma sobre la que ahora pone a ondear su bandera en 2024.

En Vicky en SEMANA, Heráclito Landinez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, no le encontró problema a este hecho. “El M-19 hizo un acuerdo de paz con el Estado colombiano y de ahí surgió, entre otras cosas, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para hacer las reformas que esos jóvenes que fundaron ese movimiento guerrillero proponían en los 70. Y se hizo la Constitución del 91 con una presidencia tripartita, en la cual estaba un miembro del M-19, un miembro del Partido Liberal y un miembro de Salvación Nacional, de origen conservador. Después de ese acuerdo, el M-19 participó como partido político”.

Vea aquí el debate completo:

“Yo no creo que sea un mensaje ni que sea interpretado como algo en contra de la Corte, sino una manifestación ciudadana que nosotros no podemos proscribir a alguien porque tenga esa bandera de un movimiento que hizo un acuerdo de paz con el Estado colombiano”, agregó el congresista del Pacto Histórico, afín al presidente Gustavo Petro.

“Creo que porque algunos ciudadanos llevaron una bandera no vamos a condenarlos. Es una manifestación en libertad, democrática, pero por eso no podemos decir que estamos cuestionando a la Corte Suprema de Justicia”, agregó el congresista. “Reconocemos a la honorable Corte Suprema de Justicia”, aseveró.

A su turno, Enrique Gómez, director del movimiento político de Salvación Nacional, le reclamó a Landinez por lo que dijo y le sostuvo que él lo puede interpretar como quiera, pero no por ello el país puede olvidar que la Corte Suprema de Justicia ardió en 1985 por cuenta del M-19 y ahora, en 2024, los manifestantes ondean frente a ella banderas de su victimario. “Resignifíquelo como quiera. La realidad es que ahí sucedieron, de la mano del M-19, los peores desafueros contra la Justicia colombiana de manera sistemática”, sostuvo.

Al mediodía del 6 de noviembre de 1985, miles de palomas grises abrieron las alas y levantaron vuelo precipitado hacia el cielo bogotano, tan gris como el color de las aves de la Plaza de Bolívar, en la capital del país.

La controversia alrededor de las banderas del M-19 en las marchas del 8 de febrero de 2024:

El sonido de un disparo pareció detener el tiempo en el Palacio de Justicia, que, como todos los miércoles desde hacía 37 años, era el único día de la semana en el que coincidían en su interior todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los disparos se repitieron y cientos de secuestrados en la sede de la justicia en Colombia se encontraron cara a cara con la muerte (94 fallecidos) que, en 28 horas, entre el 6 y 7 de noviembre, acechaba por cada rincón en el edificio que se habían tomado guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19), y que soldados del Ejército retomaron en un enfrentamiento a sangre y fuego que, como una de las peores pesadillas, Colombia no ha podido olvidar.

El M-19 incluyó a sus mejores estrategas militares, cuadros intelectuales y negociadores porque querían dar un debate ideológico y jurídico. En un principio, el plan era tomar el control del Palacio de Justicia, hacer un juicio popular al proceso de paz de la época, obligando al presidente Belisario Betancur a defenderse, poniendo como testigo a la Corte Suprema de Justicia. Además, unas proclamas en la radio.

La toma y retoma fueron calificadas como una masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aún no hay certeza de qué ocurrió dentro del Palacio de Justicia ni con los desaparecidos. La reconstrucción del edificio costó unos 100 millones de pesos de la época y las demandas han superado los 50.000 millones.