La procuradora General, Margarita Cabello, dijo en Vicky en Semana estar acostumbrada a las fuertes críticas tras las decisiones que se toman contra determinados políticos o funcionarios, desde la Procuraduría.
La decisión más reciente por la que ha sido duramente cuestionada Cabello está relacionada con la suspensión provisional a Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por la compra de acciones de la Triple A.
En tal sentido, la procuradora general dijo que aquello que buscan algunos contra ella es deslegitimar su trabajo, llamándola “corrupta”.
“Son los mismos de siempre que desde que llegué a la Corte Suprema, a la Procuraduría, luego de ministra y procuradora, me han atacado. Y esos mismos de siempre, si uno mira hacia atrás, de acuerdo a las circunstancias y al momento, me han atacado dependiendo del político de turno en la ciudad. El pecado mío con ellos es porque soy de Barranquilla”, dijo.
Y agregó en Vicky en Semana. “Han dicho que ahora soy de los Char, porque los Char son los que mandan. Es decir, buscando por todas partes deslegitimarme, incluso afectarme emocionalmente. Yo no entiendo”.
La procuradora fue enfática en decir que no sabía dónde estaba la corrupción que ―algunos dicen― ella ejerce desde la Procuraduría. También destacó que, hasta su familia, ha sido víctima de ataques por temas relacionados con su trabajo en el ente de control.
“Se meten con mi hijo, una cantidad de mentiras. Se meten con mi familia. Ya estoy acostumbrada a eso. Y todo es porque soy recta, correcta, y eso me reafirma más que debo seguir por esa línea, porque no me dejo afectar ni influenciar”, destacó Cabello.
Por lo tanto, advirtió en Vicky en Semana que hará lo que deba desde la Procuraduría General de la Nación, siempre y cuando se ciña a la ley y a la Constitución Política de Colombia. Cabello también destacó que, a ella, no le interesan los sesgos de ninguna naturaleza.
“Lo voy a hacer así me sigan diciendo lo que siempre me dicen. Algunos amigos me decían, ‘parecen refritos’. Sacan lo mismo todos los años, lo mejoran, que el hijo mío es el contratista más grande de los Char, que mi hija es abogada. En fin, se meten con todo. Lo que les puedo decir es que seguiré luchando y que ojalá entiendan que lo que hago es con decisiones jurídicas y fundamentadas (...) ya veo el panorama que cada vez me toca sancionar, y me va tocar hacerlo, a funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos son del Gobierno, me van a hacer ese bullying y esa persecución”, destacó en Vicky en Semana.
En línea con lo anterior, la procuradora general le recordó a sus críticos que aquellas decisiones que toma desde la Procuraduría hacen parte de las funciones propias de su cargo, insistiendo en que lo seguirá haciendo hasta el último día en el Ministerio Público.
Vale destacar que, además del presidente de la SAE, José Daniel Rojas, la Procuraduría abrió una investigación contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
“Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena; a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A.”, afirmó la Procuraduría en un comunicado.
Según la denuncia que generó la apertura de investigación y estas decisiones, Barranquilla perdió una gran cantidad de dinero con la venta del 82.16 % las acciones de la empresa, avaluadas en $ 565 mil millones de pesos, cuando pasó a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021 mientras aún fungía como presidente Iván Duque.
Precisamente, ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82,16 % de las acciones suscritas de Triple A S. A. E.S.P., se abrió la indagación.