Rocío Arias es una periodista paisa que trabajó como corresponsal en Antioquia de varios noticieros de televisión bogotanos. En marzo de 2002 obtuvo una curul para la Cámara de Representantes sin tener experiencia política y gracias a una votación atípicamente alta en Caucasia, su tierra natal. ¿Mancuso desde dónde debe contar su verdad?
La entonces novata legisladora llegó al Congreso con la bandera de la desmovilización paramilitar y desde entonces fue señalada como una de las legisladoras impuestas por los jefes de las autodefensas conocidos como alias Cuco Vanoy y Don Berna, quienes para ese entonces habían llegado al culmen de su poder en esa región del bajo Cauca antioqueño, donde Arias obtuvo su nutrida votación.
En ejercicio de funciones, Arias conformó con Eleonora Pineda el dúo de espadachinas que defendieron proyectos como la ley de Justicia y Paz, siempre diciendo que confiaban en la buena voluntad del Gobierno. Arias fue puente para la comunicación con los jefes de las autodefensas durante y después de creada la zona de Ralito, en Córdoba. Sus visitas a la Casa de Nariño para contar la versión de los paramilitares eran constantes. También visitó a los jefes de autodefensas como don Berna cuando fueron recluidos en la cárcel de Itagüí.
Su labor legislativa incluyó la presentación de un polémico proyecto de reforma constitucional para evitar la extradición de colombianos, abiertamente favorable a los intereses de los narcos y los paramilitares requeridos por la justicia de Estados Unidos. Lideró la iniciativa de frente y con ahínco, asegurando que la extradición era una “espada de Damocles que pendía sobre el Proceso de Paz”. Aunque para la época ya eran conocidas las versiones sobre los nexos de los paras con otros congresistas, fueron Pineda y Arias quienes llevaron el peso de su cercanía con las autodefensas, al punto que varios de los legisladores que fueron presas por el escándalo de la parapolítica se referían a ellas en voz baja como las “para-lamentarias”. Arias se acogió a sentencia anticipada y en 2008 un juzgado especializado de Medellín condenó a la exrepresentante por Antioquia por el partido Convergencia Popular Cívica a 45 meses de prisión por concierto para delinquir agravado. Hoy, en 2020, trabaja con las víctimas en varias mesas de reconciliación de Antioquia y por ello insta a que Salvatore Mancuso cuente su verdad en Colombia. Ante la posibilidad de que el exjefe de los paramilitares sea trasladado de Estados Unidos a Italia, o que termine en Colombia, la excongresista se pronunció. “Viví en una región donde había un conflicto muy fuerte. Lo que buscaba era la paz. Mi padre fue asesinado y cometí muchas equivocaciones en meterme en un proceso tan de frente”, aseguró. “Me siento mucho más tranquila ahora haciendo un trabajo con las víctimas. Falta mucho, pero muchas madres hoy pueden dormir tranquillas”, agregó. “Sin la presencia de Mancuso no puede haber una reconciliación”, aseguró, al indicar que muchas de esas víctimas solo instan a conocer la verdad, ni siquiera algún tipo de reparación. “El Gobierno tiene que utilizar todo el poder del Estado y traer a Mancuso a Colombia. No se puede quedar con sus verdades guardadas en Italia. ¡Qué tal, para él muy cómodo!”, aseguró, al indicar que su experiencia con las víctimas le ha demostrado que una víctima no requiere indemnización, sino conocer los hechos para poder descansar. “Mancuso debe decir cómo fueron esos acercamientos con agentes del Estado (…) yo pagué dos años en la cárcel, le dije la verdad al país”, aseguró, al insistir en que Salvatore Mancuso debe responder en Colombia por los delitos cometidos por los paramilitares. “Mancuso debe regresar a Colombia, lo digo de manera contundente. Es un compromiso con la ley de Justicia y Paz. El Gobierno debe propiciar ese regreso (...) Es el momento oportuno”, agregó. “La deuda con las víctimas se paga trayendo a Mancuso a Colombia”, aseveró. Texto construido con un fragmento de SEMANA publicado en octubre de 2007.