La novela por las 16 circunscripciones especiales para la paz continúa y el próximo capítulo se escribirá en los estrados judiciales. La razón es simple: mientras el Congreso ratificó que la reforma constitucional que les daba vida se hundió en la plenaria del pasado 30 de noviembre, el Gobierno se resiste a aceptar esa tesis y está dispuesto a llegar hasta las altas cortes.

La Casa de Nariño siente que tiene la razón al argumentar que dicho proyecto sí logró las mayorías requeridas al obtener 50 votos en el debate que se le dio el último día de vigencia del fast track, el pasado 30 de noviembre, pero las directivas del Capitolio se mantienen en que requería de 51 sufragios como mínimo para pasar a sanción presidencial y fue la falta de un voto lo que frustró ese proceso. El Ejecutivo apeló y el Legislativo se ratificó.

Ante este pulso, que entre otras cosas deja en evidencia la pérdida de gobernabilidad que el presidente Juan Manuel Santos está sufriendo en el Capitolio, el tema será llevado a dos instancias del poder judicial para que ante sus estrados se dirima esta dura polémica que cada día sube más de tono.

Santos fue el primero en advertir que "vamos a continuar peleando porque ese proyecto de acto legislativo sea aprobado", por lo que "vamos a acudir a esas cortes". Y algunos minutos después fue su ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien respaldó la postura de su jefe advirtiendo que "no nos vamos a resignar".

El proyecto en sí mismo ha sido motivo de una fuerte discusión desde que llegó al Congreso de la República, pues las 16 curules especiales se crearían sobre un mapa pensado en los 167 municipios que más han sufrido los embates de la guerra. La intención es que de allí salgan representantes de las víctimas.

No obstante, la oposición ha sustentado que los que llegarían a esos cargos no serían otros que los influenciados por las disidencias o testaferros del narcotráfico que se quedaron en las zonas tras la desmovilización de las Farc y que, además, la ahora exguerrilla ya tiene 10 curules aseguradas por el solo hecho de haber firmado la paz.

La primera votación de la conciliación de esta reforma constitucional se dio el 28 de noviembre y solo obtuvo 38 votos a favor, por lo que se dijo en ese momento que no había sido ni aprobada ni negada. Luego, el jueves 30, se volvió a votar y fue cuando le quedó faltando un voto –según la tesis de la Secretaría del Senado– para aprobar su examen legislativo. Ahí surgió la controversia que ahora queda en manos de los jueces.

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Rivera, por instrucciones de Santos, decidió pedirle a la Presidencia del Senado, en cabeza del conservador Efraín Cepeda –quien había votado sí por las circunscripciones–, que reversara la decisión de su secretario, Gregorio Eljach, para admitir que con 50 votos el proyecto tenía lo suficiente para ser aprobado.

Ejach se ratificó en su postura y Cepeda, tras varios análisis jurídicos e incluso haber dicho en público que se inclinaba por la tesis de la Casa de Nariño, decidió dar un giro en la noche de este lunes y negar las peticiones gubernamentales al dar por hundidas las circunscripciones de paz.

"No considero pertinente acceder a lo peticionado", fue el claro mensaje de Cepeda a Santos tras analizar todos los antecedentes. Incluso, allegados suyos reconocieron que tuvo en cuenta las implicaciones políticas y electorales de lo que finalmente decidiera, pues aspira a reelegirse como senador en el 2018 y, como todo candidato, no quiere perder ningún voto. Algo más que válido en democracia.

Esto recibió el respaldo de diferentes sectores, entre ellos del que lidera el Centro Democrático en cabeza de su máximo líder, el expresidente y senador Álvaro Uribe, quien insistió en que lo mejor es buscar una nueva fórmula para dar representación real a las víctimas en el Congreso. Esto fue acogido por conservadores, algunos liberales, Cambio Radical y otros sectores parlamentarios.

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Pero el Gobierno, al notificar que no se resigna a aceptar ese mensaje administrativo y político, dijo que enfilará batería en dos frentes. Por un lado, interpondrá una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, por el otro, una acción de nulidad ante el Consejo de Estado. Quiere ganar a través de fallos lo que no logró por votos.

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El ministro Rivera explicó, además, que si los jueces le dan la razón al Gobierno también se debe ordenar "una modulación (de los calendarios electorales) de tal manera que eventualmente se pudieran ampliar los plazos de inscripciones para que las víctimas puedan participar del debate electoral de marzo del 2018".

Todo esto deja claro que este novelón, que ya involucra a los tres poderes públicos de Colombia, aún está lejos de acabarse y que, por supuesto, casi todo lo relacionado con la implementación de los acuerdos de paz con las Farc divide fuertemente al país político y, por ende, a la opinión pública. El desenlace tardará algunas semanas en escribirse.