Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que iban a realizar una inspección al relleno sanitario de Montería, Córdoba, no pudieron ingresar al lugar, puesto que la sociedad Urbaser Colombia S.A. E.S.P, que maneja el relleno sanitario del sector de Loma Grande, impidió una visita de la entidad.
Por lo anterior, anunció que como Ministerio Público pondrá en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos lo ocurrido cuando sus funcionarios de la entidad iban a verificar las condiciones y procedimientos con que se manejan allí los residuos sólidos.
La visita de inspección de la Defensoría del Pueblo, que estaría acompañada por autoridades ambientales, fue programada para el primero de septiembre, como seguimiento de la sentencia SU 217/2017, con el fin de atender las quejas de la comunidad aledaña al lugar de disposición de residuos, que dan cuenta de malos olores y brotes de lixiviados que están afectando a las personas y vulnerando los derechos colectivos y del ambiente.
De acuerdo con la Defensoría, los funcionaros llegaron al relleno sanitario del sector de Loma Grande en compañía de delegados de la Alcaldía de Montería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Procuraduría Ambiental y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), así como representantes de la comunidad. No obstante, al momento en que trataron de ingresar, les manifestaron que la visita y el recorrido no se podían hacer, y argumentaron que la gerente del relleno no se encontraba en el lugar.
Después de conocer la decisión de la sociedad Urbaser Colombia S.A. E.S.P de impedir el acceso al relleno sanitario y hacer el recorrido, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, los delegados de los organismos ambientales y los representantes de la comunidad se reunieron a las afueras del predio. Los delegados de la CVS, por su parte, manifestaron que de manera preventiva la entidad no ha adelantado las visitas de seguimiento, pero no garantiza que exista un control ambiental sobre ese relleno.
“Para la Defensoría del Pueblo, en su compromiso de velar por los Derechos Humanos y los derechos colectivos y ambientales, es de suma importancia que se le permita realizar sus funciones por las entidades o instituciones involucradas en el manejo de bienes o lugares que puedan afectar la comunidad”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Asimismo, manifestó que no se entienden los motivos que señalaron las personas que impidieron la visita de verificación, por lo que la entidad insistirá para hacerla efectiva y revisar las condiciones de dicho relleno sanitario. “Los derechos de las comunidades son lo más importante y nuestro compromiso es hacerlos respetar”, puntualizó.
El medio local GS Noticias informó que la comunidad de la vereda Loma Grande se declaró en rebeldía recientemente, ante Urbaser Colombia, la empresa operadora, debido a los “incumplimientos a todo el tema de la mitigación, compensación del tema ambiental generado por el relleno sanitario”.
En redes sociales se han presentado denuncias sobre la situación del relleno. Las personas denuncian que pocos se interesan por lo que está ocurriendo, mientras se acerca una posible catástrofe ambiental.
Incluso, el exconcejal de la ciudad, Jorge Iván Ríos, publicó recientemente en su cuenta de Twitter que el relleno es un “basurero a cielo abierto”, sobre el cual se adelantaron varios debates.
“Lo más grave de este obsoleto basurero a cielo abierto, radica en la problemática de salud que genera en las personas que habitan las veredas circunvecinas”, escribió Ríos.