Terminó la espera. Este jueves, en el marco de la celebración del Día de la Tierra, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, el pacto regional que propende por proteger los derechos de los defensores del medioambiente.
En total 12 países ratificaron este pacto y de este listado no forma parte Colombia, a pesar de que desde julio del año pasado el Gobierno presentó ante el Legislativo un proyecto de ley con mensaje de urgencia, para que el Congreso otorgara el aval para ratificarlo.
En la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se realizó la ceremonia de inicio de este acuerdo, el primero en introducir disposiciones específicas para proteger los derechos humanos de los defensores de la naturaleza en América Latina, donde son asesinados el 60 % de los ambientalistas del mundo.
Lo más grave es que Colombia lidera este triste ranking en la región. Según la ONG británica Global Witness, en 2019 fueron asesinados en el territorio nacional 64 defensores de la tierra y del medioambiente, de los 212 que perdieron la vida en el mundo. En 2018, de acuerdo con la misma organización, el país fue segundo en este deshonroso escalafón.
Frente a esta realidad, el representante a la Cámara Juan Carlos Losada le pidió al presidente Iván Duque que envíe mensaje de insistencia a las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, para que de manera inmediata se debata este proyecto.
Manifestó que si esto no sucede en los que queda del primer semestre, el ministro Carlos Correa, de Ambiente, debe renunciar, porque el Congreso tiene engavetado el proyecto, por presión de gremios económicos como Fenalco, Fenavi, Fedegán, Analdex, Andesco, Asobancaria y el propio consejo gremial, además de políticos como Germán Vargas Lleras, quien abiertamente ha manifestado su oposición al tratado.
Para Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano, es imperativo que Colombia lo ratifique. En su concepto, esta será una herramienta determinante para frenar el asesinato de los líderes ambientales en el país. Recuerda que Colombia está catalogado como el más peligroso para quienes se dedican a proteger los recursos naturales.
En el mismo sentido se pronunció el exministro de Ambiente y presidente del Foro Nacional Ambiental, Manuel Rodríguez, quien lamentó que en el país no se haya avanzado en este trámite.
¿Por qué es importante este tratado?
Según la ONG Ambiente y Sociedad, este acuerdo es producto de una negociación entre 24 países de Latinoamérica y el Caribe que decidieron implementar estándares comunes para fortalecer la democracia ambiental.
A través del mismo se busca que los estados garanticen espacios seguros y libres de violencia para las personas y organizaciones que trabajan por la conservación del medioambiente garantizándoles el derecho a trabajar en la defensa de sus comunidades y sus territorios.
De igual forma, el marco legal del acuerdo contribuye al desarrollo de proyectos e inversiones, ya que establece reglas claras que garantizan la seguridad jurídica y generan desarrollo sostenible a largo plazo. El acuerdo, además, crea órganos para facilitar su implementación y reglamentación.
Para esta ONG, si bien el tratado ya entra en vigor gracias a que el número de países que lo ratificaron fue superior al que se requería, es importante que todas las naciones de la región asuman esta oportunidad histórica de fortalecer la paz, la democracia ambiental y la seguridad de las personas que trabajan en la defensa del medioambiente.
Los países que lo ratificaron fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
En un mensaje grabado, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó que la entrada en vigencia de este acuerdo “da esperanza e inspiración y pavimenta el camino para una regulación sostenible y resiliente” para frenar el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del ambiente natural.