Este jueves, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado comenzó a estudiar una ponencia con el fin de definir la viabilidad de desarrollar proyectos de fracking en el país. En la sesión realizada, el magistrado Ramiro Pazos expuso su ponencia; sin embargo, el debate se aplazó para la próxima semana.
El proceso que está en esta Corporación desde hace un poco más de cuatro años y sobre el cual debatirán los magistrados, tiene relación con una demanda en contra del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecen los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de esta controvertida técnica.
De acuerdo con la Alianza Colombia Libre de Fracking, la rama judicial se constituye en una de las últimas esperanzas que tienen los colombianos para ser escuchados y participar en los asuntos ambientales que tantas afectaciones tienen.
Señalan que “a pesar del llamado de dos relatores de Naciones Unidas al Congreso de la República en el sentido de prohibir esta técnica en el territorio nacional, la aprobación de una ley que lo materialice seguirá siendo una utopía, mientras el Legislativo siga siendo, con notables excepciones, portavoz del Gobierno y las corporaciones”.
Por esta razón, las comunidades ribereñas del Magdalena Medio fijan todas sus esperanzas en la decisión que tome la Alta Corporación.
Para los ambientalistas, por la trascendencia ambiental, social y climática, la decisión que está en manos de los magistrados es histórica. Según la organización, si el tribunal administrativo falla teniendo en cuenta dos peritajes de la Universidad Nacional y un alegato de la Procuraduría, las normatividades no tendrían mayores posibilidades de seguir en firme.
Tercera audiencia pública en el Congreso
Y mientras el país estaba a la expectativa por las decisiones que pudiera tomar el Alto Tribunal, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se realizó la última audiencia pública de debate sobre los proyectos de ley que buscan la prohibición de esta técnica en el país. Allí nuevamente expertos internacionales llamaron la atención sobre la inconveniencia de que en el territorio nacional se desarrolle esta práctica.
Una de las primeras en pronunciarse fue Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que invitó al Congreso de Colombia a prohibir estas actividades en el país.
La relatora expresó que “la aprobación de un proyecto de ley cuyo propósito sería acabar con la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, prohibiendo prácticas como el fracking, supondría una valiosa medida de protección ambiental, prevención de conflictos socioambientales y el cumplimiento de los compromisos que emanan del Acuerdo de París, como del propio Sistema Interamericano y la importante opinión consultiva No. 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al derecho a un medioambiente sano”.
“Con la adopción de legislaciones como la que está en discusión, prohibiendo prácticas contrarias a la renovación energética y la innovación ambiental, Colombia está llamada a promover una transición energética justa y sostenible”, puntualizó la experta de la CIDH.
La funcionaria le hizo un llamado al Congreso a tomar todas las medidas que junto con evitar emisiones masivas de gases de efecto invernadero fomenten el respeto y la implementación de acciones reales para la garantía de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
Sin embargo, no fue la única. Héctor de la Torre, del California Air Resources Board, agencia de calidad del aire de este estado de los Estados Unidos, uno de los mayores productores de petróleo en ese país, quien pidió que en Colombia no se vayan a cometer los mismos errores de este estado ni con experimentos ni con producción.
“Son proyectos que generan muchos efectos negativos a las comunidades en donde se realizan y al medioambiente. Estamos hablando de ácidos, químicos, arena y gran demanda de agua, todo lo que termina impactando el medioambiente”, manifestó.
De esta forma, las voces en torno a que el Legislativo apruebe los proyectos que plantean la prohibición de esta técnica se siguen escuchando, pero por ahora será la Rama Judicial la que tome la decisión.