La expedición del Decreto 380 que abre la puerta al regreso de la aspersión aérea con glifosato a los cultivos ilícitos en Colombia y la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de modificar el Plan de Manejo Ambiental de dicho programa, generan una enorme preocupación en los pueblos indígenas, pues temen por su salud y el medioambiente.
Con estas dos decisiones, el Gobierno cumple con dos de los requisitos determinados por la Corte Constitucional para que en el país se reanuden las fumigaciones con el controvertido herbicida.
Según Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), si bien el Ejecutivo ha insistido en que no hay pueblos indígenas que se afecten por las fumigaciones, la realidad es que hay más de un millón de hectáreas donde se confirma el traslape con los territorios ancestrales indígenas.
Niño Izquierdo asegura que el mencionado decreto se expidió sin seguir las normativas, pues no se cumplió con las consultas previas, ya que al realizar este mecanismo de manera virtual se violan los derechos de estas comunidades debido a que son territorios rurales que no cuentan con la conectividad necesaria y, por tanto, la participación es mínima. “Se han violado los principios de participación”, manifiesta.
Esta posición la comparte Roseli Finscue, líder indígena del pueblo nasa y coordinadora del Programa de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien asegura que es contradictoria la posición del Gobierno porque el país cuenta con el mecanismo de consulta previa, pero la instituciones se la saltan y toman decisiones sin tener en cuenta la opinión de las comunidades afectadas.
Niño Izquierdo dice que a partir del sistema de información geográfica, la CNTI elaboró un mapa que revela que más de 1,13 millones de hectáreas del programa de fumigaciones aéreas con glifosato se verían afectadas, impactando a por lo menos 40 pueblos indígenas.
El líder indígena arhuaco asegura que del total de municipios que serían objeto de aspersión, existen 54 donde hay certeza de la existencia de pueblos indígenas, que no están siendo reconocidos por el Gobierno.
Es enfático en afirmar que no es que los pueblos indígenas estén en contra de la erradicación de los cultivos ilícitos de sus territorios; sin embargo, con la decisión del Ejecutivo de reiniciar la aspersión aérea se están violando derechos fundamentales, pues este es un programa que atenta contra la seguridad alimentaria, la biodiversidad y las fuentes hídricas.
Indica que el Gobierno tampoco tiene en cuenta que en varios de los núcleos que contempla el programa de fumigaciones hay solicitudes territoriales indígenas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) respecto a territorios ancestrales, que no han sido formalizados como resguardos, pero en los que hay uso y ocupación por parte de los pueblos indígenas.
“A la fecha hay más de 1.000 solicitudes de resguardos indígenas que la ANT no ha tramitado, que son históricas, en donde el Estado colombiano tiene una deuda con estos pueblos, en vía del reconocimiento de sus territorialidades, lo cual constituye una violación de los derechos territoriales, que los pone en grave riesgo de extinción física y cultural”.
Por esto es tan importante la realización de la consulta previa, la cual, según Niño Izquierdo la quieren instrumentalizar, pues es evidente que quieren reducirle el alcance de participación a los pueblos.
“Consideramos que es necesario que se comprenda que el concepto de territorio para los indígenas va más allá de las áreas que han sido legalizadas y reconocidas formalmente por el Estado. El no reconocimiento de las territorialidades de los pueblos étnicos se constituye en una violación de sus derechos.
Para Finscue, la decisión del Gobierno de retornar con las fumigaciones con glifosato es una acción de muerte para los pueblos, pues se trata de territorios que están excluidos de la protección estatal y esto lo que generará son nuevos desplazamientos, además de acabar con la biodiversidad.
“Deberían evaluar otras formas de erradicación, en las que las comunidades reciban una compensación económica, pues aquí se está atentando contra los espacios de vida y especialmente habrá un impacto contra las mujeres y la niñez”, manifiesta.
Indignación y molestia
Frente al tema, Jhenifer Mojica, socia de la Corporación para la Protección y Desarrollo de los Territorios Rurales (Prodeter) asegura que es indignante que en menos de dos semanas el Gobierno haya tomado decisiones con las cuales planea saltarse las órdenes dadas por la Corte Constitucional, en torno al riesgo de efectos nocivos que puede producir el glifosato en el ambiente, la vida y la salud de las personas.
Dice que la primera se dio con la expedición del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, cuando “decidió asignarse su propio juez (el Consejo de Estado) para buscar que las decisiones sobre tutelas instauradas en su contra en temas de seguridad nacional y de uso de glifosato le sean favorables”.
La segunda fue el Decreto 380 del 12 de abril de 2021, con el cual aspiró a regular el programa de erradicación de cultivos de uso ilícito con glifosato y controlar su riesgo para la salud y el medioambiente.
Y la tercera, es la decisión de la ANLA de expedir el Auto No. 02134 para reanudar el trámite de licenciamiento ambiental del programa de fumigaciones aéreas con glifosato que se había suspendido desde enero por órdenes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto (como resultado de la acción de tutela presentada por consejos comunitarios y resguardos indígenas del Pacífico nariñense en protección del derecho a la consulta previa).
Para Mojica, la “jugadita” consistió en eliminar, con el citado Decreto 380, el requisito de la consulta previa o la certificación de la no procedencia de la misma, lo que la autoridad ambiental aprovechó para avalar el plan de manejo ambiental del programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato, el cual es evidente que ya tenía listo y que modificó luego de haber realizado un remedo de audiencia pública virtual, en el pasado mes de diciembre, que no fue efectiva debido a la baja participación de la ciudadanía.