Con más de 8,8 millones de kilómetros cuadrados en áreas protegidas, Latinoamérica y el Caribe se consolida como la región con mayor espacio protegido del mundo, con 24 % de superficie terrestre y 19 % de marina.
Este dato supera la cifra de 17 % terrestre y 10 % marina que establece la Meta 11 de Aichi. Este porcentaje equivale a la superficie total de Brasil o a la suma de los territorios continentales de Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay.
Lo realizado en la región en este sentido es clave. Sin embargo, la superficie protegida no necesariamente está siendo manejada de manera efectiva, según lo indica el Informe Planeta Protegido de Latinoamérica y el Caribe 2020 (IPP-LAC), dado a conocer este miércoles.
De acuerdo con el documento, tan solo el 14 % de las áreas protegidas de la región ha sido evaluado hasta el momento. Además, el 50 % de los ecosistemas no se encuentra suficientemente representado en los sistemas de áreas protegidas y conservadas.
“Los biomas de bosque y matorral mediterráneo, así como las praderas y sabanas templadas, están particularmente sub representados (con menos del 17 % de su superficie protegida). Sumado a esto, muchas áreas protegidas se encuentran cada vez más aisladas, lo que altera procesos ecológicos naturales e interrumpe el flujo genético, indispensable para tener poblaciones de especies saludables, es decir, convierte a estas áreas en islas de conservación”, argumenta el informe.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el país hay más de 120 zonas de carácter nacional, divididas en reservas forestales protectoras nacionales, distritos nacionales de manejo integrado y parques nacionales naturales (59). Igualmente, están las de carácter regional, distribuidas en áreas de recreación, distritos de conservación de suelos, distritos regionales de manejo integrado, parques naturales regionales y reservas forestales protectoras regionales. Además, existen reservas naturales de la sociedad civil.
El mejor mecanismo de conservación
Según el análisis, en un planeta marcado por la incertidumbre, las áreas protegidas se han convertido en el principal mecanismo de conservación de la naturaleza y fuente de servicios ambientales de los que depende la humanidad.
El informe, elaborado por la RedParques, el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, WWF y el Proyecto IAPA Visión Amazónica, describe el avance en el cumplimento de compromisos internacionales de 51 países en materia de áreas protegidas (Meta 11 de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB).
En esta Meta se establece que al menos el 17 % de áreas terrestres y aguas continentales y 10 % de áreas marinas y costeras, especialmente zonas de importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, deben ser conservados a través de áreas protegidas manejadas efectiva y equitativamente; con sistemas bien conectados, integrados a un paisaje más amplio.
El documento, en el que trabajaron 58 expertos y 40 organizaciones de la región, compila recomendaciones para la construcción de un plan estratégico al 2030 que permita fortalecer las áreas protegidas y sortear los retos que enfrentan actualmente, como la falta de financiamiento y personal.
También hace un llamado a unir esfuerzos para lograr una conservación más efectiva e inclusiva e invita a los gobiernos y a la cooperación internacional a incrementar significativamente los recursos financieros para los sistemas de áreas protegidas y a mejorar las capacidades y las condiciones laborales de los guardaparques, quienes permiten la conservación de estos espacios naturales.
El IPP-LAC muestra la gran diversidad de modelos de gobernanza en áreas protegidas y conservadas existentes en Latinoamérica y el Caribe. Según los datos reportados, el 57 % de estas es manejado por los gobiernos de los países, el 15 % por propietarios privados, un 6 % por pueblos indígenas o comunidades locales y un 2 % por esquemas de co-manejo, es decir, por el gobierno y las comunidades locales.
“El 20% restante de las áreas protegidas no reporta su tipo de gobernanza, por lo que es necesario exhortar a los países a mejorar sus sistemas de documentación”, indica el informe. En ese sentido, expone la necesidad de colaborar con otros sectores de la sociedad para contar con sistemas más representativos que incluyan la diversidad de los ecosistemas y de los mecanismos de gobernanza existentes.
En vísperas de la adopción del Marco Global de Biodiversidad post-2020 durante la próxima COP 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, este informe muestra los retos y oportunidades de las áreas protegidas de la región, proponiendo recomendaciones prácticas, como reconocer e incorporar el aporte de Otras Medidas Efectivas de Conservación, incrementar la cobertura de ecosistemas poco representados actualmente y facilitar el reconocimiento de otros mecanismos de gobernanza, entre otras.
El objetivo es facilitar el cumplimiento de metas más ambiciosas a través de la voluntad política y el esfuerzo conjunto de distintos sectores de la sociedad.