La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) expidió la resolución 2041 del 18 de agosto, con la que autorizó la pesca de atún en la modalidad de malla de cerca que, según voces académicas y ambientalistas, suponía un riesgo para la vida de los delfines en el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo, ubicado muy cerca del Santuario de Flora y Fauna Malpelo. Después de la polémica que desató el documento, el Ministerio de Agricultura lo derogó.
Sin embargo, para Camilo Prieto, quien dirige el Movimiento Ambientalista Colombiano (MAC), “el triunfo es temporal”, porque la resolución nunca debió existir y no requiere modificaciones, sólo debe eliminarse por completo.
En conversación con SEMANA, el ambientalista explicó las grandes problemáticas que supone el acto administrativo y por qué la decisión del ministerio no le parece suficiente.
Es importante aclarar que el documento no se refiere en específico a los delfines rosados que están en la zona, porque estos no son un recurso pesquero sobre los cuales el Ministerio de Agricultura tenga competencia, como sí la tiene el Ministerio de Ambiente. Esta se refiere al atún, pez que siempre viaja en grupo con los delfines, que quedan expuestos a un riesgo enorme por el tipo de modalidad de pesca que autorizaba el documento.
La zona de Yuruparí de la que habla la autoridad en el acto administrativo es de más de 2 millones de hectáreas y el plan de manejo está a cargo de Parques Nacionales Naturales. “Se sale de las competencias del Ministerio de Agricultura, por el tipo de animales y por el área de influencia, desborda las competencias de la AUNAP”, señaló, agregando que el Ministerio de Ambiente tiene un programa de protección de este tipo de animales.
Actualmente, suele pasar que algunos delfines quedan atrapados en las redes de pesca. De hecho, la captura de delfines durante la pesca del atún alcanzaría los 561, porque todos los años la entidad permite una cuota fija de muertes de estos cetáceos, como una especie de “daño colateral” en la pesca comercial que ronda los 600. En los últimos 10 años se ha autorizado la muerte de al menos 6.000.
“Esta norma parece hecha a la medida para favorecer a una industria”, indicó Prieto, quien se preguntó el objetivo de una resolución semejante, que pasa por encima de los límites de entidad, perteneciente a Agricultura.
El Movimiento Ambientalista Colombiano hará monitoreo de lo que suceda con la resolución y tomará acciones legales por medio de un recurso de nulidad, en caso de que el Gobierno reviva el documento.
Sus dudas tienen asidero en el trino de Rodolfo Zea, ministro de Agricultura, quien anunció su solicitud para la derogatoria de dicha resolución y con el objetivo de que los equipos técnicos de su cartera y Ambiente la revisen y así tener certeza de que los delfines de la isla están siendo protegidos. Para Prieto, el pronunciamiento sobre el acto administrativo no es lo suficientemente contundente.
“Quien tiene que tomar las cartas en este asunto es Parques Nacional, porque el objeto de Yuruparí es la protección de las especies, para que se realicen actividades sostenibles, que nada tienen que ver con la pesca industrial”, agregó Prieto en conversación con este medio.
Por su parte, el jefe de la cartera de Ambiente agradeció al alto funcionario la solicitud que hizo a la AUNAP. “Nuestro principal interés como Gobierno es proteger nuestro patrimonio ambiental”, escribió Carlos Correa.
Actualmente, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, está en Corea del Sur con el presidente Iván Duque, junto con otros funcionarios. Una vez regrese, verificarán el documento y la problemática.