Tras realizar un estudio en el que la principal conclusión es que luego de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, se incrementó de forma considerable la deforestación en la Amazonia, desde la academia se propone que los desmovilizados de esta guerrilla cuiden estas áreas y de esta manera se evite que este flagelo siga en ascenso.
Así lo plantea el ingeniero y especialista en derecho ambiental, doctorante en Derecho y docente de la Universidad del Rosario, Harold Alexander Villamil, quien sugiere que los excombatientes que están ubicados en espacios de reincorporación se trasladen a estas zonas, desde donde pueden ayudar a salvaguardar los bosques, más tendiendo en cuenta que son regiones que muchos de ellos conocen muy bien.
“Una posible solución es que el Estado junto con los excombatientes, formen una mesa de trabajo para que exista un mutuo apoyo en áreas protegidas sensibles, permitiendo que con la ayuda de ellos se haga presencia en territorios en dejación de armas, concediéndoles el rol de agentes policivos para la vigilancia y el cuidado de estas áreas y recibiendo una remuneración por estas funciones”, manifiesta Villamil.
En la investigación titulada: “El posacuerdo, detonante ambiental en Colombia”, también se propone que se aumente el presupuesto para las entidades ambientales, de tal manera que estos rubros sean invertidos en funcionarios responsables de realizar seguimiento y control a las áreas expuestas de ser saqueadas, otorgándoles autoridad y las herramientas necesarias para hacer prevalecer los derechos constitucionales del Estado.
De igual manera, se plantea que con el fin de evitar conflictos ambientales, territoriales y ancestrales, se debe respetar el derecho a la consulta previa, materializado en una ley que garantice los derechos y obligaciones tanto de los empresarios como de la población afectada.
“El modelo extractivista debe verse desde otra óptica. Colombia empezará a explotar su riqueza de suelos, mudándose poco a poco a una economía que dependa de agricultura, suscitando al aprovechamiento de un recurso que se está desperdiciando, siendo potencia mundial en generación de alimentos”.
Por último, el estudio propone que en áreas de dejación de armas es conveniente incentivar programas para capacitar a todos los habitantes y estimular la generación de empleo mediante otras alternativas que no sean ilegales, con el fin de preservar el patrimonio ambiental.
Todo hacia la Amazonia
Las propuestas surgen luego de analizar lo que ha sucedido con la deforestación en los últimos cinco años. Harold Villamil explica que mientras en 1990 esta problemática se registraba en altos porcentajes en Antioquia y Chocó, pues es una zona expuesta a la explotación minera; en 2016 comenzó a tener un comportamiento neutro, con deforestación en diferentes zonas del país, pero a partir de 2017, este flagelo se acentuó en la Amazonia, especialmente en las antiguas zonas de distensión.
Los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare, son los más afectados por esta situación que cada día genera la tala de cientos de hectáreas de bosque.
De acuerdo con el último boletín de detección temprana de deforestación, publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), correspondiente al segundo trimestre de 2020, la Amazonia concentró el 40,7 % de las alertas, confirmándose como la región con más reportes.
Una de las principales preocupaciones es que importantes áreas naturales protegidas se encuentran allí y están siendo afectadas fuertemente por la tala y quema de bosques.
Según el último informe anual del Ideam, un 7 % del total de deforestación en Colombia en el 2019 se ubicó dentro de Parques Nacionales Naturales (PNN), principalmente el PNN Tinigua (6.527 hectáreas deforestadas), el PNN Sierra de la Macarena (2.173 hectáreas), el PNN Serranía del Chiribiquete (820 hectáreas) y el PNN Paramillo (806 hectáreas). Los tres primeros se encuentran en la Amazonia colombiana y, según alertas recientes de deforestación de la plataforma Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI), la tendencia parece seguir consolidándose en 2021.
Las razones
Agricultura, ganadería extensiva, quemas sin control y minería, siguen siendo, de acuerdo con la investigación de Villamil, las principales razones que generan esta problemática.
En el caso específico de la minería, el especialista ambiental indica que si bien siempre se supo que en la zona y especialmente en la cuenca del río Putumayo había oro; la presencia de la guerrilla evitaba que las mafias interesadas en hacer minería ilegal se abstuvieran de hacerlo. Ahora ante la falta de presencia de esas fuerzas ilegales, pero también del Estado, la minería ilegal se ha consolidado como una de las grandes formas de deforestación.
Para este ingeniero Ambiental, el Gobierno tiene que asumir que después de la firma del Acuerdo de Paz, uno de los grandes damnificados ha sido el medio ambiente y, en su opinión, el Ejecutivo no tuvo en cuenta que una vez estas guerrillas abandonaran determinados terrenos, esas áreas iban a ser ocupadas para el desarrollo de actividades ilegales.