Para cerrar las brechas económicas y sociales, ya diagnosticadas desde hace varios años en Colombia, se requiere de una política pública que necesariamente debe estar articulada con la ambiental. Diseñar este tipo de políticas es necesario no solo por motivos de sostenibilidad de largo plazo, recogidos en compromisos internacionales y normas nacionales, sino por razones estrictamente económicas.
Los ingresos fiscales necesarios para financiar las políticas sociales de cierre de brechas, así como para atender los programas sociales actuales, dependen íntegramente de la actividad productiva del país. Adicionalmente, esa actividad económica, que determina los niveles de bienestar logrados por la sociedad colombiana, requiere de un flujo continuo y permanente de recursos económicos, posibles gracias a la generación de empleos y de valor por parte de ese gran tejido empresarial colombiano, dominado principalmente por pymes.
En el plano internacional, la actividad económica como motor del funcionamiento social de cualquier país es objeto de mayores requerimientos y exigencias para garantizar su acceso, en el presente y futuro inmediato, a los mercados más apetecidos. Por esta razón, los conceptos de sostenibilidad ambiental permean la sostenibilidad económica y social del país.
Temas como transición energética, un concepto ambiental surgido de la necesidad de controlar el cambio climático, en el caso colombiano presenta el agravante de una profunda repercusión macroeconómica. En Colombia, el 52 por ciento de los ingresos de divisas se obtienen a partir de la exportación de carbón y petróleo. Por esta razón, un reto como la transición energética requiere un plan de transición macroeconómica, para evitar un traumatismo social y económico.
Lejos de tratarse de un problema tecnológico, pues los países desarrollados ya han logrado avanzar enormemente en energías alternativas, contribuir a combatir el cambio climático global le supone a Colombia considerar todas las posibilidades, entre ellas, aquellas que logren un mayor impacto ambiental positivo, con el menor traumatismo social y económico. En otras palabras, las posibles hojas de ruta para el país pasan por consideraciones soportadas en su realidad social, ambiental y económica.
Somos un país energéticamente limpio, si analizamos economías similares; contamos con una matriz energética en torno al 70 por ciento de generación hidroeléctrica. Por lo cual, tenemos una ventaja comparativa para realizar la transición macroeconómica en condiciones de muy bajo traumatismo.
Este análisis se puede representar en un ejemplo real: si bien entre los combustibles fósiles el carbón presenta una carga contaminante superior al de la gasolina y el ACPM, esta consideración técnica no es suficiente para emprender una política de sustitución forzosa, ya que habría que empezar por el desmonte gradual de los subsidios a la gasolina y ACPM para tener señales de mercado más próximas a la realidad colombiana, necesarias para la toma oportuna y acertada de decisiones.
En la Corporación Ambiental Empresarial (Caem) estamos comprometidos con la sostenibilidad de nuestro país y, para ello, hemos lanzado el Observatorio de Acción Climática Empresarial, para ayudar a las empresas y al gobierno a tomar las mejores decisiones a partir de información veraz y confiable.
* Presidente Ejecutivo de la Corporación Ambiental Empresarial
*Contenido elaborado con apoyo de la Corporación Ambiental Empresarial