La deforestación en la Amazonia brasileña podría superar este año la peor marca desde 2006, con más de 15.000 kilómetros cuadrados depredados, según la estimación de una plataforma de inteligencia artificial de una ONG de Brasil.

Si no se toman medidas efectivas para controlar la tala, la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo podría perder unos 15.391 kilómetros cuadrados, de acuerdo con las proyecciones de la herramienta PrevisIA, desarrollada por el Instituto de Homens e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) y Microsoft.

De concretarse, significaría un incremento del 16 % respecto al período de medición anterior, entre agosto de 2020 y julio de 2021, en el que se registraron 13.235 kilómetros cuadrados devastados, y la peor desde 2006, cuando se destruyeron 14.286.

Según el estudio, el estado con mayor riesgo es Pará, con un área potencialmente depredada de 6.288 kilómetros cuadrados, el 41 % de todo el territorio amenazado en 2022.

Los cálculos de PrevisIA se basan en consideraciones de distintos indicadores relacionados con la tala de la floresta, rutas legales e ilegales, topografía, infraestructura urbana y datos socioeconómicos de diferentes áreas.

El investigador de Imazon Carlos Souza Jr. alertó además que al ser 2022 un año de elecciones, con las presidenciales celebrándose en octubre, la vigilancia de la floresta puede reducirse, tal y como ha sucedido en otros ciclos electorales.

“Es importante que los órganos de control actúen en la protección de la Amazonia”, aseguró.

En los comicios se espera que el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro busque la reelección, en una contienda en la que se enfrentaría con el exmandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-10), quien tampoco ha oficializado su candidatura y lidera los sondeos.

Bolsonaro, quien ha presionado para expandir la agroindustria y la minería en la Amazonia, el 60 % de la cual está en Brasil, ha enfrentado presiones y protestas internacionales por la destrucción del llamado “pulmón del mundo”, considerado vital para frenar el cambio climático.

El mandatario lanzó el lunes un plan para ampliar la extracción de oro en la región amazónica, despertando críticas de ambientalistas por impulsar una industria acusada de deforestar, contaminar e invadir tierras indígenas.

Bolsonaro firmó un decreto que crea un programa de apoyo a la minería artesanal, una actividad controvertida conocida como “garimpo”.

La minería artesanal es legal en Brasil, siempre que los mineros tengan las licencias ambientales correspondientes y la autorización para explotar terrenos determinados. Pero en la práctica, muchas explotaciones no cumplen con las normativas.

El decreto dice que el objetivo es “proponer políticas públicas y estimular el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala, fomentando el desarrollo sostenible de la región y la nación”.

También crea una comisión interministerial sobre minería artesanal, cuya “región prioritaria” serán los nueve estados brasileños que conforman la Amazonia brasileña.

Los mineros artesanales, o “garimpeiros”, generan divisiones en Brasil.

Bolsonaro, cuyo padre fue una vez “garimpeiro”, defiende a los buscadores de oro como hombres humildes y sacrificados. Los críticos tienen otra mirada.

La minería destruyó un récord de 125 kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña el año pasado, según datos oficiales. Buena parte de la destrucción se produjo en reservas indígenas protegidas.

El uso de mercurio para separar el polvo de oro del suelo también ha dejado contaminación tóxica en los ríos.

Los fiscales dicen que los mineros de oro ilegales tienen vínculos con el crimen organizado, y en el último tiempo ha habido enfrentamientos mortales entre mineros armados y grupos indígenas que se oponen a ellos.

El Gobierno de Brasil estima que hay 4.000 mineros ilegales que operan en territorio indígena en la Amazonia. Los activistas dicen que la cifra es aún mayor.

“Lo que debería estar haciendo (el Gobierno) es proponer y apoyar el licenciamiento ambiental de esta actividad y monitorear su implementación”, dijo Suely Araújo, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima, una coalición de grupos ambientalistas.

“En cambio... la administración de Bolsonaro parece dispuesta a defender los ‘valores históricos’ del sector, es decir, la destrucción ambiental”, agregó Araújo.

Con información de la AFP.