A medida que aumentan los compromisos climáticos mundiales, los países y las empresas se enfrentan al desafío de transformar las economías para alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Un nuevo informe de McKinsey & Company ofrece una visión amplia sobre la naturaleza y la magnitud de los cambios económicos necesarios para alcanzar ese objetivo. A través de un análisis en profundidad de 69 países, el reporte: La transición hacia cero emisiones netas: ¿cuánto costaría? ¿qué aportaría?, examina las implicaciones para la demanda, el gasto de capital, los costos de producción y el empleo en los sectores que producen el 85 % de las emisiones totales. El informe evalúa la transición en dos dimensiones: sectores y geografías y su análisis toma como punto de partida los escenarios de la Network for Greening the Financial System (NGFS).
El reporte muestra que para la transición sea universal, se requerirá una transformación económica y laboral significativa y que su impacto, al menos al principio, será desigual entre países y sectores. Estas son algunas de las principales reflexiones destacadas:
- La transición sería universal. Todos los sectores económicos y países se verían afectados por la revisión de los sistemas energéticos y de uso del suelo que sustentan las economías globales. Y como es natural, cada país tiene distintos niveles de preparación —no solo financiera, sino en términos de talento y tecnología— para lograr la transición de forma exitosa. Esto, sin embargo, podría crear aún más brechas económicas entre los países de las que hoy en día ya existen.
- La escala de la transformación económica sería significativa. El gasto de capital en activos físicos ascendería a unos US$ 275 billones (trillion en inglés) hasta 2050 —aproximadamente US$ 9,2 billones (trillion en inglés) al año—, lo que supone un aumento anual de US$ 3,5 billones (trillion en inglés) con respecto al gasto anual actual, a medida que se reduzcan las actividades de altas emisiones y se incrementen las de bajas emisiones. Por ejemplo, hoy, el 65 % del gasto en energía y suelo se destina a actividades o productos intensivos en emisiones. En el futuro, el 70 % se destinará a productos de bajas emisiones y a infraestructuras de soporte, invirtiendo la tendencia actual. Poder financiar esta transición, dada la importante cifra que representa, implicará que el sector privado en cada país contribuya de forma muy evidente con el sector público, pues seguramente el sector público por sí solo tardaría mucho más tiempo en financiarla.
- Es posible que sea necesaria una amplia transformación del mercado laboral, con unos 200 millones de puestos de trabajo directos e indirectos creados y unos 185 millones a reasignar de aquí a 2050. Aunque esta es una oportunidad muy importante en reactivación del empleo en países como Colombia que hoy sufren de un desempleo estructural grande, también representará un desafío importante en la calificación de mano de obra especializada para los tipos de roles que se requerirán.
- Los cambios se concentrarían en la fase inicial. La próxima década será decisiva. El gasto aumentaría hasta el 8,8 % del PIB mundial entre 2026 y 2030, actualmente 6,8 %, antes de comenzar a bajar. Esto refuerza el hecho de que el sector privado —incluyendo el sector financiero— será clave para lograr una financiación rápida de esta inversión requerida a mediano plazo.
- El impacto de la transición se sentirá de forma desigual en los distintos sectores, países y comunidades. Los más expuestos serían los sectores con productos u operaciones de altas emisiones; los países de menores ingresos (a los que les cueste trabajo financiar la transición), aquellos con grandes recursos de combustibles fósiles, y las comunidades cuyas economías locales dependen de los sectores expuestos, pues el nivel de afectación en el mercado laboral y económico se sentirá de forma evidente. Los sectores más expuestos representan actualmente alrededor del 20 % del PIB mundial. Otro 10 % del PIB corresponde a sectores cuyas cadenas de suministro tienen altas emisiones, como la construcción. Los hogares de bajos ingresos pueden ser los más afectados por el mayor costo de la electricidad a corto plazo y por los costos de capital iniciales en los que pueden tener que incurrir para adquirir productos de bajas emisiones, como nuevas calefacciones o vehículos eléctricos.
- A pesar de la magnitud de los cambios necesarios, los costos y trastornos derivados del aumento de los riesgos físicos o de una transición desordenada serían probablemente mucho mayores. La transición conlleva riesgos, como por ejemplo la escasez de energía en algunas geografías y el consecuente aumento de los precios si no se gestiona de manera adecuada. Si se retrasa o es abrupta, la transición aumentaría el riesgo de abandono de activos y desarraigo de trabajadores. No obstante, los resultados serían mucho peores si no se toma ninguna medida: alcanzar las cero emisiones netas y limitar el calentamiento a 1,5°C evitaría los impactos más profundos del cambio climático.
- Una transición ordenada ofrece oportunidades de crecimiento y beneficios duraderos más allá de la descarbonización. Aunque los impactos se distribuirán de forma desigual, una transición coordinada reportaría altos beneficios, entre ellos el potencial de una disminución a largo plazo de los costos energéticos, la mejora de los indicadores de salud y la conservación del capital natural. Las áreas de crecimiento podrían darse por operaciones más eficientes y la creación de nuevos mercados para productos bajos en emisiones.
Lograr la transición a la neutralidad de carbono dependerá del compromiso de las empresas, los gobiernos, las instituciones y los individuos de todo el mundo, y requerirá un cambio de mentalidad total, que incluya la preparación para la incertidumbre y los riesgos a corto plazo y la ampliación de los horizontes de planificación e inversión.
Visión para Colombia
Para los países en vías de desarrollo, la inversión respecto al PIB será mayor que en los desarrollados, pues se estima alrededor de un 9 % (~US$350 mil millones para toda América Latina). Por su parte, para apoyar a la meta global de cero emisiones netas para 2050, Colombia tendría que hacer una inversión incremental de US$20 mil millones al año. Este esfuerzo equivale hoy al 7,5 % del PIB nacional o al 50 % de los ingresos fiscales, lo cual evidencia la importante brecha que tendría Colombia para poder financiar la transición completa únicamente a partir del recaudo fiscal.
El tipo de inversión y la velocidad de la transición también variaría entre los países. Se espera que las transformaciones necesarias se den con menor velocidad en aquellos en vía de desarrollo y que el principal foco en una primera instancia será el sector energético y la agricultura. Por ejemplo, en América Latina, la inversión en iniciativas de transición para la agricultura podría llegar a incrementarse un 50 % hacia 2050, principalmente en cultivos bajos en carbono, medidas de mitigación de emisiones y reforestación.
Por otro lado, muchos países de la región, incluido Colombia, cuentan ya con experiencia o se encuentran trabajando en ampliar la capacidad de generación proveniente de fuentes renovables. El desafío estará en acelerar la descarbonización de las matrices energéticas para cumplir con los compromisos de neutralidad de carbono, mantener y fortalecer el compromiso de luchar contra la deforestación, y empezar a buscar oportunidades para posicionarse como exportadores de productos bajos en carbono en el mercado global.
Y lo más importante para Colombia, en particular de cara a nuestra coyuntura actual, es que construyamos la conciencia conjunta entre los distintos sectores empresariales y el sector público y social para organizar una agenda concreta y decisiva sobre la transición. El momento de construir un crecimiento sostenible en Colombia es ahora, no perdamos la oportunidad.
Informe completo aquí
Por
Ángela Samper
Socia de McKinsey & Company Colombia