Los procesos de participación que se llevan a cabo actualmente en el país para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, generan vacíos en la socialización debido a que no hay un verdadero ejercicio de construcción colectiva, ni estudios de impacto ambiental para el licenciamiento.

Así lo determina una investigación realizada por la socióloga Claudia Patricia Romero Barreiro, magíster en Geografía de la Universidad Nacional, quien realizó un análisis geográfico frente al proceso de licenciamiento ambiental de las iniciativas hidroeléctricas que se desarrollan en el territorio nacional.

Esta situación, según el análisis, agudiza la movilización de los conflictos socioambientales, además de ocasionar problemas más amplios frente a la gobernanza ambiental en los territorios, especialmente por el recurso hídrico.

Hidroituango es una de las hidroeléctricas más grandes del país.

En concepto de la magíster Romero, se identifican vacíos frente a los procesos que consideren la participación social de los diferentes actores de un territorio para tomar una decisión en torno a la licencia ambiental, que es determinante o incide de manera directa en la planificación territorial.

Componente social es clave

A juicio de la investigadora, en Colombia es fundamental considerar este componente social para otorgar permisos para la construcción y operación de un proyecto hidroeléctrico.

En el estudio, dirigido por la profesora Nohora León Rodríguez, después de evaluar la delimitación de las áreas de influencia y la zonificación ambiental que se les dan a estos proyectos, se propone mantener un enfoque relacional desde la geografía económica y ambiental, que reconozca las dinámicas territoriales y la relación sinérgica y acumulativa que tienen los impactos ambientales.

La construcción de Hidrosogamoso tomó seis años y requirió una inversión de $4,3 billones.

Esto, según se determina en la investigación, contribuye significativamente a un análisis de la viabilidad y la sustentabilidad de las hidroeléctricas desde un proceso de licenciamiento ambiental.

Lo anterior porque hoy se definen los impactos ambientales como si fueran una fotografía (instantáneos), y no un proceso relacional, sinérgico y acumulativo.

“Parece que se hiciera una extracción, un corte de territorio al momento de hacer un análisis dentro de un estudio de impacto ambiental, y en la vida real eso no es así, sino que realmente sigue generando unos procesos relacionales ecosistémicos, ambientales y sociales”, sostiene la socióloga Romero.

Procesos participativos para la licencia ambiental

Teniendo en cuenta las problemáticas mencionadas, la investigadora propone una manera de hacer este análisis social para generar procesos de participación de las comunidades.

La propuesta abarca categorías importantes a tener en cuenta, entre ellas: el cambio climático, la disponibilidad del agua, la diversidad biológica, los servicios ecosistémicos, el riesgo geotécnico, la calidad de vida, la tenencia de la tierra rural, la diversificación de la actividad productiva y la gestión pública municipal.

A su juicio, las categorías de patrimonio cultural e implementación del Acuerdo de Paz también se deben incluir, pues la investigación identificó una alta concentración del desarrollo de hidroeléctricas en territorios rurales, especialmente en la cuenca del Magdalena y del Cauca, donde se concentra la mayor parte de la población colombiana.

El proyecto de Hidroituango ha sido uno de los que mayores quejas ha recibido por parte de las comunidades.

En esos extensos territorios rurales también es donde se han tenido los mayores impactos del conflicto armado, aspectos que tampoco se consideran para adelantar estos macroproyectos.

Categorías de análisis

Romero explica que para llevar a cabo el estudio, lo primero que hizo fue establecer unas categorías de análisis desde la perspectiva geográfica, para definir unas variables. Luego analizó los lineamientos que establecen las autoridades ambientales para identificar dos temas centrales dentro del proceso de construcción de los estudios de impacto ambiental: uno es la definición o delimitación de las áreas de influencia, y el otro es el proceso de zonificación ambiental, considerada como una forma de ordenar el territorio.

Después se sugieren unas categorías de análisis como criterios para la zonificación ambiental dentro de un espacio geográfico, a través de un análisis relacional entre la realidad ecológica y la realidad social. Y dentro de estas categorías se definen unas variables espacializables que permiten hacer un análisis social y espacial multicriterio, que es la propuesta central a la que llega la tesis.

Entre las consideraciones finales de este trabajo, la socióloga Romero señala que en el país se deben tener en cuenta los cambios en el tipo de producción hidroenergética.

“Se debe pasar de las grandes centrales con embalse a proyectos más pequeños y alternativos de generación energética, que se desarrollen a una escala más local y regional, atendiendo las necesidades de abastecimiento de manera más sustentable”, concluye.