El Decreto 281 del 18 de marzo de 2021, por el cual se establecen medidas para la protección y conservación de tiburones, rayas marinas y quimeras en el país, tiene preocupados a los armadores pesqueros, quienes argumentan afectaciones en el desarrollo de su actividad y el sustento de sus familias.
Ante la situación generada por la nueva normativa, el pasado 15 de mayo, los pesqueros agremiados en la Asociación de Armadores Pesqueros de Colombia (Asoarpescol), le entregaron una carta al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, solicitándole su intermediación ante el Ministerio de Ambiente, con el fin de que tanto estos empresarios como representantes de asociaciones artesanales sean recibidos por el titular de esa cartera, Carlos Eduardo Correa, para abordar el tema.
Es de recordar que en noviembre del año pasado, el propio presidente Iván Duque, anunció la prohibición de la pesca industrial y artesanal de tiburones en el país con el objetivo de proteger estas especies. En su momento afirmó que a través de decreto los ministerios de Agricultura y Ambiente establecerían las medidas de compensación para atender a este sector y de esta forma, unir esfuerzos en su protección.
El mandatario aseguró que si bien desde el 2010 se había prohibido la pesca de los tiburones a nivel industrial, resaltó que aún la actividad artesanal se registraba en algunas zonas costeras.
Los pesqueros indican que dado que la pesca de tiburones está prohibida de manera industrial, lo que existía era un porcentaje de pesca incidental (captura no intencionada) sobre estos recursos, que era aprovechada por las comunidades del Pacífico colombiano generando empleo y bienestar a mujeres cabeza de familia, afrodescendientes y víctimas del conflicto, entre otras.
Difícil garantizar la incidentalidad
“Sin embargo, con el Decreto 281 dicha incidentalidad queda prohibida y al darse se considera como delito contra el medio ambiente. En la realidad de la actividad pesquera es imposible garantizar un cero por ciento de incidentalidad. Por esto, el decreto genera una afectación directa a la actividad pesquera del país ya que sencillamente está acabando con la misma”, dijo la empresaria Shirley Ardila, representante legal de Asoarpescol.
Precisa que para realizar su actividad, actualmente los armadores pesqueros cuentan con permisos de pesca y patentes reglamentados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca (Aunap), además de los Certificados de Navegabilidad para pescar y hacer los zarpes de las embarcaciones, otorgados por la Dirección General Marítima (Dimar).
Argumentan que con la nueva norma, los armadores pesqueros se enfrentan a una situación compleja. Los empresarios del gremio decidieron hacer la petición ante el Ministerio de Agricultura con el fin de buscar un canal de diálogo con el Ministerio de Ambiente, pues, según dicen, esta última dependencia no ha escuchado los llamados para solucionar la situación presentada por la entrada en vigor del mencionado decreto.
“Asoarpescol entiende que este tema no es menester de ese Ministerio por tratarse de recursos ahora hidrobiológicos, pero también entendemos que sí es de dicha cartera el tema de la actividad pesquera y por ello son quienes nos deben informar qué se ha debido hacer desde que el decreto entro en vigencia”, manifiesta Ardila.
“Por ello reiteramos la necesidad de que desde ese ministerio nos ayuden a generar el espacio con el Ministro de Ambiente y no con sus colaboradores que ya en distintas oportunidades han mostrado su poco interés en la problemática que el decreto ha causado al sector”, dice la misiva enviada por el gremio pesquero de Buenaventura.
Acción de tutela
Ante las afectaciones, que señalan les está causando el decreto, el gremio interpuso ante el Consejo de Estado una Acción de Tutela como mecanismo transitorio o definitivo contra la mencionada norma.
En sus considerandos, esta acción jurídica argumenta que el decreto viola derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, vida, igualdad ante la Ley, derecho de petición, debido proceso, trabajo, y la protección del estado a la producción de alimentos.
Los pesqueros esperan para los próximos días el fallo por parte del Alto Tribunal y confían en que el magistrado a cargo tenga en cuenta todos los argumentos y tome una decisión a su favor.
Por último, el sector pesquero de esta zona del país declaró que garantiza la conservación de los recursos, pero no está de acuerdo con las prohibiciones impuestas por el Ministerio de Ambiente.
Plan de Manejo Ambiental
El decreto contempla la creación de un Plan Ambiental para la protección y conservación de las mencionadas especies, con el fin de garantizar un manejo sostenible y de esta manera disminuir la vulnerabilidad y amenazas causadas por el desarrollo de actividades antrópicas.
Dentro de las disposiciones, la normativa indica que este plan debe definir criterios de manejo para las áreas clave de apareamiento, alumbramiento y crianza de tiburones, rayas marinas y quimeras, así como estrategias para la conservación, ya que se trata de especies incluidas en el listado de especies silvestres amenazadas en el país.
El Plan también debe implementar proyectos que involucren incentivos económicos dirigidos a comunidades de pescadores artesanales, que voluntariamente celebren acuerdos tendientes a la conservación de estas especies y adelantar investigación científica para su conservación.
También se contempla la promoción de campañas de educación ambiental enfocadas a la protección de tiburones, rayas marinas y quimeras, entre otros aspectos.