El 9 de febrero de 2021, el departamento del Quindío amaneció con una extraña noticia: Néstor Ocampo, un respetado ambientalista de 70 años, anunció que no volvería a hacer las tradicionales caminatas ecológicas que por más de 30 años llevó a cabo con su fundación ecológica Cosmos en las montañas del municipio de Salento y alrededores.
Si bien la noticia fue local, con poca repercusión para otros colombianos, sí impactó de manera profunda a miles de ‘cuyabros’, quienes en algún momento de su vida participaron en las caminatas de este vigoroso calarqueño de largo cabello gris. Caminar en la naturaleza hace parte del ADN de la región.
“Alcanzamos a hacer 350 caminatas en 3 décadas, siempre una el último domingo de cada mes. lamentablemente es inseguro volver a esas montañas”, explicó Ocampo en su momento.
Lo que si logró este anuncio fue generar preguntas: ¿Qué sucedió en el valle del Cocora para que Néstor no pudiese volver a sus actividades? ¿En qué se basaba su denuncia? SEMANA investigó.
“En las últimas caminatas nos salían tipos armados de todo tipo: a veces de empresas de seguridad privada, uniformados, y a veces unos “malencarados”, sin uniforme alguno, legales o ilegales (porque uno se da cuenta) a decirnos “Señor: por aquí ya no puede volver a pasar, orden del patrón”, a veces de una manera agresiva con sus armas”, relata Néstor indignado.
¿Para quién trabajan estos hombres armados? de plano se descarta una operación de cultivos ilícitos, pues la zona es fuertemente custodiada por militares pertenecientes a la Octava Brigada del Ejército. Lo cierto es que su aparición concuerda con la llegada de múltiples terratenientes a la región, dedicados a la construcción y al turismo, además de algunas empresas extranjeras, las cuales siembran aguacate de la variedad Hass.
“Aquí tienen fincas las empresas Camposol Colombia S.A.S, Agricola Altos del Valle S.A.S., Green SuperFood y otras nacionales e internacionales. Tienen miles de hectáreas de tierra y han ido modificando el territorio a su acomodo. Las servidumbres tradicionales y los caminos han sido cerrados por ellos y, a veces, ni los campesinos pueden pasar”, reveló el ambientalista.
En la zona pululan las fincas con usos mixtos, es decir que mezclan el cultivo de aguacate con el turismo, pues el valle del Cocora (hogar de la palma de cera, árbol nacional) es uno de los destinos más visitados en el Quindío. El problema es que dichos privados han levantado “Peajes” ilegales donde antes existían caminos veredales y han cercado el perímetro, obligando a propios y visitantes a pagarles tarifas entre 5 mil y 10 mil pesos por persona para poder cruzar hacia el Parque Nacional de los Nevados y otros destinos de la zona.
De un momento a otro, los verdes paisajes que durante décadas habían disfrutado los quindianos de manera libre y gratuita, fueron parcelados, cercados y comercializados por privados. Muchos de los dueños de estas montañas ni siquiera son de Colombia.
“Como puedes ver, dice “Propiedad privada – NO siga” y hay unos teléfonos a donde tiene que llamar uno previamente para pagar un importe y poder pasar por aquí. La montaña está privatizada, así como el acceso a propiedades que son de la nación, que han sido pagadas con nuestros recursos”.
Los turistas no son los únicos afectados. En 2018, un campesino que habita en la parte alta del Cocora protagonizó un fuerte altercado con los empleados de una de estas fincas con peaje, denominada “El Portón”. El hombre se negó a pagar la tarifa establecida, pues argumentó que llevaba más de 4 décadas utilizando dicho camino de herradura para llevar su producción de leche y café hasta Salento.
Meses antes del episodio, un grupo de individuos indignados le había prendido fuego a la estructura del peaje. Sin embargo, los dueños la instalaron otra vez y siguen cobrando sin distinción alguna entre locales y foráneos.
“Evitar el peaje buscando otro camino representa un esfuerzo demasiado grande para los campesinos: Hay que bajar al bosque y subir por el Alto de la Virgen, y hermano, eso puede significar 4 o 5 horas más de camino. Es que ir a la finca de ellos son 6, 7, 8 horas de aquí para arriba”, explicó enojado Ocampo.
¿Las autoridades permitieron los “Peajes” de particulares en las montañas?
La alcaldía de Salento lo niega. “A nosotros nadie nos ha pedido permiso: estas son dificultades que vienen de años y administraciones anteriores. Solo hay un paso así para una finca, llamada El Portón, porque se presentaban muchos daños, pero no se ha vuelto a tocar el tema”, explicó la alcaldesa municipal, Beatriz Díaz.
El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, dijo desconocer la situación pero aclaró que dichos peajes son ilegales y un abuso contra el campesinado y los turistas. “No estoy de acuerdo con esos cobros porque los caminos de servidumbre le han ayudado desde siempre a la comunidad y son tradicionales. Como gobernador, me voy a poner al frente para evitar que continúe este abuso”.
Sin embargo, sobre esta temática también se pronunció el abogado Javier Mauricio Cárdenas Jiménez, apoderado de la señora María Carmenza Pérez Puerta, quien en escrito dirigido a SEMANA señaló que la finca “El Portón” es propiedad privada de dicha señora.
“En esta finca no hay ni ha habido siembra y/o cultivos de aguacate”, sostuvo. “Allí no hay camino de servidumbre ni paso público (...) el paso público es bordeando la finca por el costado occidental”, dijo el abogado. Dicha circunstancia la acredita con el dictamen emitido por el secretario de Planeación del municipio.
El Ministerio de Agricultura pareciera no tener velas en este entierro. “Conocemos las quejas contra las aguacateras en el Quindío y en Armenia los pobladores le expresaron sus quejas al ministro de Agricultura y al viceministro de Ambiente. Lamentablemente es la corporación ambiental la que tiene la competencia para investigar y sancionar”, comentó Néstor Riaño, asesor de la entidad.
Justamente la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) tiene abiertos 13 procesos sancionatorios contra terratenientes aguacateros por casos similares a este. “Habían unas afectaciones ambientales en la parte alta del municipio de Salento, como movimiento de tierra, afectaciones a áreas forestales protectoras, ocupaciones de cauce, aprovechamientos forestales sin el debido permiso de la autoridad ambiental, entre otros”, reveló Jaider Lopera, asesor de la dirección de la CRQ.
Justamente esta semana, el director de la CRQ, José Manuel Cortés, encontró cercadas y bloqueadas las vías de acceso a la vereda La Granja, sector Buenos Aires, y a los sectores aledaños del Alto de las Palomas y El Cedral, cerca al batallón de alta montaña en el municipio de Génova.
En la asamblea departamental también se ha denunciado la privatización de las montañas. “No es ni plausible que un privado pueda poner un peaje aledaño o dentro de un predio, porque simplemente se le dio la gana. No permitir el paso, pedir documentos o dinero por parte de particulares es absurdo porque no son autoridades públicas”, explicó el diputado Luís Carlos Serna.
Una visión diferente tienen los empresarios quindianos. “Aquí no se está privatizando nada porque esos predios ya eran privados desde antes. El PIB del Quindío creció aceleradamente con la llegada de las aguacateras, pues se ha generado empleo formal en el sector agrícola, se ocuparon los potreros que estaban inutilizados o poco utilizados con ganado, etc”. opina el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada.
Finalmente Corpohass, la asociación que agremia a las empresas aguacateras nacionales y extranjeras en Colombia, negó conocer dichas prácticas en el Quindío. “No regulamos el accionar de nuestros miembros, pero acabamos de establecer un código de ética que entre a vigilar, regular o sancionar a las empresas afiliadas que tengan malas prácticas evidentes, pero eso está en desarrollo”, dijo Jorge Restrepo, su presidente.
La tierra y el agua, en manos de las aguacateras.
Néstor Ocampo también denunció que empresas extranjeras como Green SuperFood, Altos del Valle, Camposol y la multinacional papelera Smurfit Kappa Group habrían desviado el cauce del río Navarco, uno de los más importantes del departamento, además del movimiento de las tierras aledañas.
“Desviaron el río 400 metros para proteger un pedazo de carretera por donde ellos pasan constantemente con sus actividades económicas en las veredas Canaán y La Palmera, en el municipio de Salento. Han abierto carreteras, han hecho captaciones ilegales de agua, han botado afluentes sin el permiso, han cerrado caminos, etc”.
Casos similares se han presentado en las veredas El Tunel y Planadas, así como en municipios de la cordillera central, como Pijao y Génova, todo en conocimiento de la CRQ.
Para Ocampo, si las autoridades no toman cartas en el asunto, en 10 años no quedarán campesinos o quindianos en las montañas del Quindío.
“Estos nuevos dueños, que son empresas extranjeras, poderosas, que no es gente de aquí, están desplazando al campesinado, están acabando con la diversidad biológica, están modificando el paisaje, están contaminando las aguas, están modificando la vida económica,etc.”
En otras palabras, “Este empieza a ser el territorio de otra gente”, puntualizó.