El archivo en el Congreso del proyecto que busca ratificar el Acuerdo de Escazú cayó como un baldado de agua fría, pues fue evidente su falta de trámite e impulso por parte del Gobierno para que surtiera su curso normal.
Ante esta realidad, que deja muy mal parado al país frente a la posibilidad de contar con normativas más ambiciosas en torno a la protección de los defensores del medio ambiente y de la crisis ambiental generada por el cambio climático, la Alianza por el Acuerdo de Escazú le pide al ejecutivo que radique nuevamente el 20 de julio, el proyecto con mensaje de urgencia real para que el país pueda adherir a este pacto regional.
Según la Alianza, de la que forman parte organizaciones de la sociedad civil, académica y ambiental, esto permitiría que el Congreso realmente cumpla con los términos de este mensaje de urgencia, en el que se indica que el primer debate se debe llevar a cabo a más tardar 30 días después, es decir, antes del 31 de agosto. Si esto ocurre, se demostraría que realmente existe una voluntad política de ratificar el Acuerdo de Escazú, tal como se manifestó durante la semana anterior tanto por los Ministerios como por los congresistas.
Reiteran que este acuerdo no presenta riesgos para las inversiones; todo lo contrario, cuenta con lineamientos de política ambiental que coinciden con importantes inversionistas del país como el Banco Interamericano de Desarrollo. Tampoco realiza imposiciones jurídicas externas que afecten la seguridad jurídica, sino que contribuirá a superar las ambigüedades existentes en la legislación ambiental colombiana, lo que se hace posible en el marco de la propuesta de fortalecimiento de capacidades y cooperación del tratado internacional.
De la misma manera, el temor infundado de pérdida de territorio marítimo, terrestre o aéreo por condenas al Estado colombiano en tribunales internacionales no es objeto de este Acuerdo. Así las cosas, estos puntos que se reiteran desde sectores que se oponen a la ratificación distan mucho del sentido y objetivo del Acuerdo de Escazú, indican desde la Alianza.
“En este punto, la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia debe superar tres fases: la primera depende 100 % del Gobierno que firma y presenta el proyecto de ratificación; la segunda de los congresistas que deben votar a favor en los cuatro debates reglamentarios; y la tercera, de la aprobación constitucional que realiza la Corte. Así las cosas, la ratificación del Acuerdo de Escazú está un paso atrás y solamente el Gobierno Nacional podrá volverlo a poner en camino a la ratificación” señala Lina Muñoz, profesora de la Universidad del Rosario.
Por su parte, Mauricio Cabrera, asesor de Relaciones de Gobierno de WWF Colombia, indica que “en los últimos años, Colombia ha sido líder en materia ambiental a nivel internacional y no apoyar el acuerdo sería contradictorio con ese propósito.
“En entrevistas, foros y discursos de talla global, el Gobierno ha insistido en que temas como el cambio climático y el control de la deforestación, entre otros, son prioritarios. Sin embargo, si no se logra en la nueva legislatura, Escazú sería el primer tratado internacional, en la historia del país, que es olvidado por el Congreso y el Gobierno Nacional no podría cumplir con el compromiso que el presidente Duque asumió al firmarlo en diciembre de 2019″, dice.
Este lunes en un trino, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, afirmó que el Acuerdo es una prioridad para el Gobierno y lo volverán a radicar en la próxima legislatura, lo cual ha generado todo tipo de reacciones, pues después de haber estado 11 meses engavetado, es poca la credibilidad frente al real compromiso que tiene el ejecutivo con esta iniciativa.
Antecedentes
Es de recordar que el 20 de julio de 2020, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ambiente y Desarrollo Sostenible radicaron el proyecto para la ratificación del Acuerdo con mensaje de urgencia. Sin embargo, desde entonces y hasta el último día de la legislatura, el pasado domingo 20 de junio, no se observó ningún impulso de su parte.
Pese a que la votación se agendó para el 17 de junio, esta no se pudo realizar, pues las intervenciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de algunos congresistas se demoraron más de lo previsto, lo que causó una simultaneidad con la plenaria de Senado de la República que impidió la votación.
Esto ocasionó una compleja situación que puso en incertidumbre el futuro del Acuerdo, en la que, las presidencias de las comisiones debían citar a sesión conjunta, a más tardar el 19 de junio para que pudiera votarse al día siguiente, pero esto no ocurrió.
Llegó el sábado, último día para hacer el anuncio para la votación y tampoco fue posible hacerlo en comisiones conjuntas, dada la ausencia de convocatoria a los representantes de la Cámara y la instalación simultánea de la plenaria que impidió que la comisión segunda de Cámara de Representantes sesionara en conjuntas con el Senado de la República.
Así, luego de múltiples aplazamientos y demoras, esperaron hasta el último día de la legislatura, y sin anuncio no se pudo hacer la votación de acuerdo con los requisitos de la Ley 5.
¿Hay posibilidad de votar en sesiones extraordinarias? En este momento, no. Sin embargo, ante el inminente archivo del proyecto, algunos congresistas presentaron una proposición para que el Gobierno Nacional incluyera la votación del primer debate en sesiones extraordinarias. No obstante, el decreto que convocó a sesiones extraordinarias no lo incluyó.
Prioridad para la ciudadanía
Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, reconoce el papel y protagonismo de los jóvenes, estudiantes y artistas, que han apoyado el proceso a través de las redes . “Lo ocurrido con Escazú demuestra que este tipo de debates son prioridad de la ciudadanía, y que hay un llamado colectivo por una mayor justicia ambiental. La ratificación del Acuerdo de Escazú es un clamor de la voluntad cívica en este momento”.
“Desde la Alianza hacemos un llamado a la esperanza y a seguir apoyando el acuerdo. Que el proyecto de ley se haya archivado, no quiere decir que se haya perdido el inmenso trabajo hecho hasta ahora. El proyecto de ley puede ser presentado de nuevo y es clave que la sociedad civil mantenga su liderazgo para que el Gobierno cumpla con los acuerdos adquiridos en el marco del paro nacional de 2019, así como respalde a todas las personas que ponen su vida en riesgo a diario en la defensa del medio ambiente”, concluye.