El aumento en los niveles de deforestación y la inseguridad a la que se enfrentan los defensores del medioambiente ha agravado la crisis que desde hace décadas registra la Amazonia colombiana, de acuerdo con un informe presentando este jueves en Alemania.

Si bien se trata de una problemática que se presenta desde hace muchos años, lo cierto es que ha cambiado significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016, según lo indica el informe Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonia colombiana, soportado por nueve organizaciones ambientales que trabajan en esta región del país.

De acuerdo con el análisis, la intensificación del acaparamiento de recursos y actividades económicas ilegales como los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la minería, la ganadería y la agricultura no solo impulsó la degradación ambiental y la deforestación en la región, sino que aumentó la violencia.

Según cifras del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam), el 70 % de la deforestación en el país se concentra en la Amazonia y sigue en aumento. De 98.256 hectáreas taladas en esta zona en 2019, se pasó a 109.302 hectáreas deforestadas en 2020.

“Las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones estatales que intentan proteger la Amazonia entraron en conflicto con los intereses de estos grupos poderosos y, como consecuencia, se han convertido cada vez más en blancos de ataques”, dice Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y uno de los autores del análisis.

El informe realizado por Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Adelphi —producto de una iniciativa de WWF, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) Colombia, Amazon Conservation Team (ACT), la Fundación Gaia Amazonas, Tropenbos y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia— advierte que las comunidades indígenas de la Amazonia se han visto especialmente afectadas, pues están perdiendo sus tierras y medios de sustento, así como son objeto de afectaciones a los derechos humanos, violencia y desplazamiento.

Según el más reciente informe de la ONG británica Global Witness, en 2020 y por segundo año consecutivo, Colombia se ubicó como el país más peligroso para ejercer la defensa del ambiente y del territorio con 65 líderes asesinados.

Parques nacionales, grandes afectados

Los parques y reservas naturales son de los más afectados por la apropiación de tierras, la minería, la infraestructura ilegal y los cultivos ilícitos. De acuerdo con el informe, en este listado se encuentran los Parques Nacionales Naturales Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de La Macarena, así como la Reserva Indígena Nukak Makú y los municipios de San José del Guaviare y Calamar, entre otros.

Adicionalmente, el análisis plantea que una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos han aprovechado el vacío de poder dejado por el desarme de gran parte de las Farc, para ampliar su accionar y actividades económicas ilegales, las cuales, en su mayoría, impactan negativamente la naturaleza.

Se suma que las medidas adoptadas con el fin de proteger a los defensores ambientales y otros grupos vulnerables han carecido de recursos y capacidades suficientes, así como no han logrado desempeñar un papel significativo para reducir los riesgos de seguridad que afrontan los más vulnerables.

De igual forma, indica que las operaciones militares como Artemisa y de seguridad emprendidas para frenar la deforestación no han logrado debilitar las redes que impulsan la inseguridad y la degradación ambiental. “Por el contrario, han sido más bien fuente de preocupación por los casos de abuso de la fuerza, la afectación de derechos fundamentales y las tensiones que han generado entre las comunidades”, dice el informe.

En este contexto, Garzón señala que “no está del todo clara la manera en que las políticas de seguridad contribuyen a crear condiciones para la protección y conservación del ambiente, ni hasta qué punto las medidas adoptadas en materia ambiental y de desarrollo son sensibles a las vulnerabilidades, y los riesgos que afrontan las comunidades y los defensores ambientales”.

El informe hace algunas recomendaciones específicas de corto, mediano y largo plazo para diferentes grupos de actores, divididas en las siguientes cinco líneas de acción:

1. Mejorar la protección de los defensores ambientales y las comunidades locales con la coordinación de acciones en las instancias locales, departamentales, nacionales e internacionales.

2. Abordar el control de la deforestación y las actividades ilegales como parte de una estrategia de paz más amplia.

3. Fortalecer la implementación de las políticas ambientales y climáticas teniendo en cuenta su dimensión de paz y conflicto.

4. Reconocer y fortalecer el papel de las comunidades locales en la protección del ambiente.

5. Transformar las causas fundamentales de la crisis y fomentar la resiliencia a largo plazo al cambio climático y los conflictos.