El proyecto que crea nuevos delitos ambientales en el país y actualiza algunos existentes está a punto de convertirse en Ley de la Republica.
La iniciativa superó su cuarto debate en el Congreso, además de la conciliación en la Cámara de Representantes y espera por la del Senado que está prevista para este sábado 19 de junio, para luego pasar a la sanción presidencial y convertirse en Ley de la República.
El proyecto, que hacía curso en el Congreso desde el año 2019, ajusta la normatividad con el fin de hacerle frente de manera más eficiente a las nuevas conductas delictivas que afectan gravemente los recursos naturales y el derecho a gozar de un ambiente sano. El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, autor del proyecto, celebró el avance como sociedad en la protección de la naturaleza.
El proyecto de ley actualiza el Título XI del Código Penal, crea siete nuevos delitos, incluye el concepto de ecocidio, crea agravantes para todos los delitos y ajusta penas y multas.
“Este es un proyecto que le da herramientas efectivas y eficaces a las instituciones de nuestro país para parar a aquellos que están arrasando la naturaleza en Colombia, especialmente a esas bandas delincuenciales dedicadas tanto al acaparamiento de tierras como la deforestación, pero también a todos a esos carteles que trafican con fauna silvestre en nuestro país” aseguró el congresista.
Losada ha explicado que con esta nueva normatividad, las personas que atenten contra el ambiente se enfrentarán a penas y multas mayores a las actuales y los promotores o financiadores de estos delitos serán castigados, pues en la actualidad no están sujetos a ningún tipo de judicialización.
Las penas van desde 5 hasta 15 años, las multas desde 134 salarios mínimos (121.742.484) hasta los 50.000 salarios que es el tope que maneja el Código Penal, una cifra que representa más de 45.000 millones.
Según el representante a la Cámara, los tres delitos que más afectan el ambiente en Colombia, son la deforestación, la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y el tráfico de fauna.
Sobre este particular señaló, que durante el año pasado se perdieron 8.000 hectáreas de bosque primario en la Amazonia. Los parques naturales Serranía del Chiribiquete, Tinigua, La Macarena y la Reserva Natural Nukak, son altamente afectados por esta problemática que avanza a pasos agigantados.
Adicionalmente, grupos armados ilegales, grupos delincuenciales, élites políticas locales y particulares se han apropiado ilegalmente de más de 200.000 hectáreas de territorio en esta zona del país.
Según Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, este proyecto es clave porque una de mas principales problemáticas que registra en el país es la creciente deforestación, causada en gran medida por la apropiación de terrenos baldíos, los cuales están siendo acaparados por grandes mafias.
Para él es claro que la deforestación no la causan los pequeños campesinos, sino que son grupos organizados que talan bosque para el desarrollo de diversas actividades como la ganadería extensiva.
Es de recordar que según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), de Amazon Conservation, el año pasado la motosierra acabó por lo menos con 140.000 hectáreas en la Amazonia, siendo el segundo dato más alto de la historia. Sin embargo, los ambientalistas creen que la cifra de tala de bosque en 2020 estuvo por encima.
Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente y presidente del Foro Nacional Ambiental, considera clave la aprobación de este proyecto pues, a su juicio, se requiere que los perpetradores de la deforestación paguen por su delitos. “Estas mafias no se pueden seguir apoderando de los terrenos baldíos que son bienes que le pertenecen al Estado”, concluye.