Con rondas de vigilancia permanente en conjunto con la Policía de Carabineros y la Alcaldía municipal, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) pretende poner freno a la caza furtiva de animales silvestres en el complejo de humedal Los Totumos de Puerto Salgar y sus alrededores.

La medida la anunció la Corporación luego hacer seguimiento en el lugar junto con la Defensa Civil y la Secretaría de Ambiente del municipio, tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre esta práctica ilegal.

Según reportó la entidad, se registra la afectación de especies de aves como palomas torcaces (columba palumbus), patos (anatidae), tinguas (rallus semiplumbeus) y chigüiros (hydrochoerus hydrochaeris), por cuenta de esta actividad ilegal.

“La caza ilegal se registra hace varios años y se debe a que eran terrenos baldíos donde no existía ningún tipo de control. Pero en el último año, cuando los predios fueron entregados a la alcaldía, se inauguró la reserva ecoturística Los Totumos, por lo cual como autoridad ambiental estaremos presentes en el cuidado y conservación de la fauna que habita en el lugar”, aseguró Camilo Bernal, médico veterinario de la Regional Bajo Magdalena de la CAR.

Para hacer efectivo el control y la vigilancia en el sector, la entidad organizó rondas semanales, diurnas y nocturnas para custodiar los predios e identificar a quienes practiquen la caza ilegal con el fin de adelantar las actuaciones pertinentes y erradicar la problemática.

“En el último recorrido nocturno contamos con la participación de soldados y suboficiales del Comando Aéreo de Combate No. 1 Cacom de la Base Aérea Germán Olano de Puerto Salgar, quienes de manera voluntaria se han sumado a las acciones de protección de fauna que transmitimos desde la entidad”, dijo Bernal.

La Corporación hizo un llamado a reportar cualquier irregularidad que atente contra la fauna silvestre en el sector y/o en toda la región.

CAR frenó una construcción en el Páramo de Sumapaz que sería utilizada con fines turísticos

Recientemente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) frenó, con la imposición de una medida preventiva, una construcción cerca al espejo de agua de la Laguna de Chisacá–Los Tunjos, ubicada en el área protegida del páramo de Sumapaz, en zona rural del sur de Bogotá.

Según la Corporación, fue una denuncia hecha por la comunidad la que alertó a la autoridad ambiental, que procedió a visitar el ecosistema y encontró que allí se adelantaba una obra para la construcción de una caseta a orillas de la represa natural, al parecer para realizar labores turísticas.

Construcción frenada en el Páramo de Sumapaz. | Foto: CAR Cundinamarca

“Desde la Dirección Regional Bogotá–La Calera atendimos de manera inmediata la denuncia interpuesta y establecimos que la edificación se estaba construyendo con prefabricados en concreto, la cual se utilizaría, presuntamente, con fines turísticos”, explicó Sandra Riveros Barbosa, directora de la oficina regional Bogotá–La Calera de la CAR.

La funcionaria añadió que en los últimos meses han incrementado las denuncias de la comunidad local y líderes ambientales, alertando por continuas visitas a las diversas zonas del páramo de Sumapaz, debido a la venta de paquetes turísticos a lugares atractivos, entre ellos los bosques de frailejones y la laguna de Chisacá.

“Rechazamos contundentemente esta situación. Este ecosistema es de gran importancia para Bogotá y el país, es el páramo más grande del mundo y es un área cuyo principal uso es el de conservación, no tiene vocación turística”, dijo la directora regional.

“La laguna de Chisacá es el espejo de agua donde nace el río Tunjuelo, uno de los principales afluentes de la cuenca media del río Bogotá. Es un espacio de interés histórico y cultural por los usos ancestrales que le daban las comunidades indígenas asentadas en la sabana de Bogotá”, añadió.

Frente a esta situación, la CAR Cundinamarca hizo un nuevo llamado a los bogotanos y habitantes de La Sabana a no adquirir estos planes turísticos, abstenerse de participar de ellos y a denunciar ante la autoridad ambiental, Policía Nacional y Alcaldía local a los operadores que los ofrecen.