Se acaba el tiempo. Este jueves será definitivo para el Acuerdo de Escazú, pues está prevista la votación del proyecto que busca ratificarlo. Ante esta posibilidad, ambientalistas, académicos, científicos y actores se han unido en una sola voz con el fin de pedirle al Congreso que le de vía libre a este trámite, pues es la oportunidad que tiene el país de proteger a sus defensores del medio ambiente.
Con los hastag: #EscazúAhoraColombia, #RatifiquenEscazú y #EscazúAhora, entre otros, desde diferentes frentes de la sociedad se pronuncian para que se apruebe que Colombia haga parte de este pacto regional, el cual entró en vigencia el pasado 22 de abril, luego de que 12 países lo ratificaran.
En Colombia el proyecto de ley, que el Gobierno radicó con mensaje de urgencia el 20 de julio del año pasado, tiene su última oportunidad este jueves, pues no ha surtido su primer debate. Es clave que se de esta votación y que pueda ser mayoritaria para que el proyecto pueda avanzar en el Congreso, de no ser así se hundiría por vencimiento de términos, según explica Alejandra Lozano, miembro de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, pues este primer debate debe darse antes de terminar la presente legislatura, la cual culmina el 20 de junio.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de la región y el primer instrumento vinculante en el mundo en el que se reconoce el rol de las personas defensoras del ambiente.
Para Colombia ratificar este acuerdo es determinante, pues se trata del país más inseguro para los defensores de la naturaleza. Según la ONG británica Global Witness, de los 212 protectores de la tierra y del medioambiente que fueron asesinados en 2019 en el mundo, 64 eran colombianos.
Aunque las cifras son contundentes, al tema no se le ha dado la importancia que tiene en el Congreso, pues su avance ha recibido la oposición de diversas fuerzas, especialmente de los gremios económicos, que consideran que su contenido puede prestarse, en algunos casos, para interpretaciones que generarían problemas desde el punto de vista de seguridad jurídica y en el desarrollo de proyectos productivos.
Este acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades a la protección del derecho de cada persona, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Para actores, influenciadores y periodistas como Claudia Bahamón, Toya Montoya, Daniel Samper Ospina, Roberto Cano, Marcela Carvajal, Natalia Reyes, Alejandro Riaño, Carolina Guerra y Santiago Rivas, entre otros, no es posible que Colombia siga esperando para asumir este compromiso que fortalecerá la paz y la democracia ambiental, así como la seguridad de quienes dedican su vida a defender el ambiente.
A su juicio, Escazú tiene herramientas como las que necesita el país en este momento y contribuirá a disminuir el déficit de protección de participación ciudadana en el desarrollo de las actividades ambientales.
Grandes desafíos
En ese mismo sentido se ha pronunciado de manera enérgica la Alianza por el Acuerdo de Escazú la cual ha reiterado una y otra vez que el Gobierno tiene la necesidad de impulsar de manera urgente la ratificación este tratado.
Si bien reconoce que Colombia ha realizado importantes avances en materia ambiental, aún enfrenta grandes desafíos como el déficit de protección a la participación ciudadana y a la justicia ambiental. El Acuerdo de Escazú brinda herramientas para un diálogo como el que el país necesita en este momento.
Vanessa Torres, subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad, la cual hace parte de la Alianza, puntualiza que en medio del contexto nacional el Acuerdo es una herramienta fundamental para impulsar consensos, espacios de diálogo, unir a la sociedad en el marco de la protección de las personas defensoras del ambiente. “Es importante recordar que el Acuerdo Escazú busca regular y articular los derechos socioambientales y derechos humanos y que ha involucrado a la participación ciudadana desde el día cero”.
Asegura que Colombia es unos de los países con mayor cantidad de conflictos socioambientales, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. “Somos el segundo en América Latina y a nivel global ocupamos el quinto puesto”, dice. Explica que las principales razones por las que se generan estos conflictos están relacionadas con la dificultad de las comunidades para acceder a información técnica sobre proyectos que van a llegar a un territorio.
Para esta Alianza de la que forman parte entidades como la Universidad del Rosario, la Asociación Ambiente y Sociedad, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Universidad de los Andes, Dejusticia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Red por la Justicia Ambiental de Colombia y la Universidad de Medellín, entre otras, es necesario que Colombia asuma el compromiso, que manifestó con la firma de este convenio el 11 de diciembre de 2019, como una oportunidad histórica, para fortalecer la paz, la democracia ambiental y la seguridad de las personas que trabajan en la defensa del ambiente.
Según la Alianza, contrario a lo que se ha dicho, el Acuerdo de Escazú no atenta contra la soberanía nacional, pues no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional. De hecho, su implementación se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los Estados: el artículo 3 menciona los principios de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, e igualdad soberana de los Estados; y el artículo 4 dispone que las obligaciones contenidas en él deberán ser incorporadas por los Estados según su propia legislación, sin que éstas limiten o deroguen otros derechos y garantías más favorables previstas por las legislaciones del Estado que lo ratifique
De acuerdo con Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia, “la difícil situación de seguridad de los líderes ambientales y sociales en el país, hace imperativo mostrar señales claras por parte del Gobierno y del Congreso de la República que evidencien su voluntad de protegerlos y que les permita ejercer sus derechos sin temor”.
Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano, por su parte, asegura que en el país no se ha aprobado la ratificación del tratado por el miedo de algunos sectores a la transparencia de la información, no solo en las regiones en donde se desarrollan proyectos, sino en las mismas ciudades, en donde las autoridades locales tendrían que brindar datos que ahora mantienen ocultos, por ejemplo, la calidad del aire que respiran sus habitantes, solo por citar un ejemplo.
Para el senador, Antonio Sanguino, este acuerdo beneficiaria a todos los sectores. “Es necesario dejar a un lado los mitos y comprender que este es un acuerdo regional que protege a los defensores ambientales, pero también brinda garantizas para la estabilidad e inversión extranjera en el país”
El Acuerdo determina la hoja de ruta para que países como Colombia que en el 2020 presento el 53 % de los asesinatos de defensores ambientales, garantice un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales.
“El Acuerdo reconoce y fortalece los derechos de los activistas ambientales y fomenta la cooperación internacional para enfrentar la violencia contra los defensores ambientales, la cual se ha recrudecido en el país, liderando la deshonrosa lista de asesinados de defensores ambientales, en el 2020 se presentaron 331 asesinatos, de los cuales según la organización Front Line Defenders, 177 casos fueron en el país. En Colombia parece ser que defender el ambiente, nos cuesta la vida”, dice.
¿Por qué es importante este tratado?
Este Acuerdo es producto de una negociación entre 24 países de Latinoamérica y el Caribe que decidieron implementar estándares comunes para fortalecer la democracia ambiental.
A través del mismo se busca que los estados garanticen espacios seguros y libres de violencia para las personas y organizaciones que trabajan por la conservación del medioambiente garantizándoles el derecho a trabajar en la defensa de sus comunidades y sus territorios.
De igual forma, el marco legal del acuerdo contribuye al desarrollo de proyectos e inversiones, ya que establece reglas claras que garantizan la seguridad jurídica y generan desarrollo sostenible a largo plazo. El acuerdo, además, crea órganos para facilitar su implementación y reglamentación.
Los países que lo ratificaron son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.