La Interpol y el Instituto Igarapé, que se centra en cuestiones emergentes de seguridad y desarrollo, divulgaron una cartilla en la que señalan una serie de recomendaciones para que la minería ilegal y la llamada “fiebre del oro” no acaben con la Amazonia.
“Este estudio ofrece una guía práctica para que las autoridades de protección ambiental, policiales y judiciales comprendan mejor el alcance y la escala del desafío. La guía se dirige a los investigadores ambientales, agentes policiales y fiscales al frente de los esfuerzos para desmantelar los delitos ambientales en la Amazonia”.
Además, las instituciones señalaron en el informe denominado Guía práctica para combatir los delitos ambientales —que se centra en Colombia, Perú y Brasil, los tres países más grandes de la Cuenca Amazónica— que “las actividades económicas ilícitas, incluida la minería ilegal, contribuyen a la degradación ambiental y alimentan múltiples formas de conflicto social e inestabilidad política”.
Asimismo, aseguraron que los delitos ambientales contribuyen y son mantenidos por redes nacionales y transnacionales de crimen organizado, involucradas en el tráfico de narcóticos, armas y personas, así como de otros delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero. “La minería ilegal de oro, en particular las operaciones de pequeña escala, está en aumento en la región y en los tres países más grandes de la Cuenca Amazónica”, señalan.
Los principales hallazgos permitieron dar las siguientes conclusiones:
- Los delitos ambientales en general y la minería de oro en particular están intrínsecamente relacionados con la corrupción y la alta vulnerabilidad social y económica preexistente en la región amazónica.
- Las nuevas tecnologías, especialmente los sensores remotos de alta resolución, están desempeñando un papel cada vez más central en la sensibilización pública sobre el problema.
- Es fundamental despertar una mayor conciencia sobre el alcance, la escala y las dinámicas de la minería ilegal de oro en pequeña escala y los factores que la impulsan.
Según el informe, en 2021 se identificaron 2.576 sitios de minería ilegal dentro de la Amazonia brasileña, la mayoría de ellos vinculados al oro. Perú es el mayor exportador de oro de la región, pues tan solo el sector minero representa 10 % del PIB y emplea a unas 212.000 personas.
Por su parte, en Colombia el sector minero representa 2 % del PIB nacional y proporciona un medio de vida para miles de trabajadores formales e informales en todo el país.
Medidas para combatir la minería ilegal
Colombia introdujo una serie de nuevos marcos regulatorios para el comercio del oro y así restringir la compra del oro extraído de sitios mineros no autorizados.
Una iniciativa muy importante en este sentido es el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), creado en 2012, de conformidad con la Ley No. 1450/2011. El registro en el RUCOM se volvió obligatorio en 2015 para quienes extraen, comercian y compran minerales en el país.
El registro es parte de un sistema de gestión de minería digital más amplio y mejorado (ANNA Minería), creado en 2019 para reemplazar los registros y sistemas de información mineros anteriores, como el Catastro Minero Colombiano y el Sistema Integral de Información Minera.
Además de los registros y los sistemas de gestión de información, Colombia está trabajando para cerrar otra brecha legal, las Zonas Francas del Pacífico y Palmaseca, consideradas vulnerables al oro ilegal y al lavado de dinero.
El país ha dado pasos concretos para crear y mejorar sus sistemas de inteligencia financiera.