Mientras la pandemia generaba un confinamiento de meses el año pasado, las mafias deforestadoras acababan con los bosques, especialmente en la Amazonia.
Así lo demuestran los datos oficiales dados a conocer por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam), los cuales precisan que el año pasado se deforestaron 171.685 hectáreas de bosque en el territorio nacional, de las cuales el 63 % corresponde a la Amazonia. En esta región del país los departamentos más afectados fueron: Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, a los que que se suma Antioquia.
Meta fue el departamento en donde más se acentúo la tala de bosques, mientras que en Chocó se evidenció una reducción cercana a las 2.900 hectáreas. Por su parte, en los Parques Nacionales Naturales, para el año 2020 se evidenció un aumento del 2 %, lo que se traduce en que 15.886 hectáreas de bosque fueron arrasadas por la motosierra.
Según explicó el ministro Correa, en total hay 12 núcleos en los que está concentrada el 67 % de la tala ilegal. Sabanas del yarí, en el Bajo Caguán (16,7 %); Guaviare, en la Marginal de la Selva (16 %); Sur del Meta (10,5 %), Putumayo (5,5 %); Mapiripán, en Meta (5,1 %); Andina Centro Norte - Nororiente de Antioquia/Sur de Bolívar (5 %); Andina Norte, en el Catatumbo (4,6 %); Pacífico Norte (1,8 %); Andina Sur, en Cauca (0,5 %); Andina Sur, en Nariño (0,5 %); Pacífico Sur (0,3 %); y Sarare, en Arauca (0,1 %).
Para 2019, la cifra de pérdida de bosque fue de 158.983 hectáreas, lo que se traduce en un incremento de 8 %, según explicó el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa. En 2018, se habían talado 197.159 hectáreas.
Según el funcionario, la deforestación afecta la biodiversidad y genera un impacto social para las comunidades que habitan las regiones más afectadas por este flagelo y por ello, los esfuerzos para combatir esta problemática se concentran principalmente en estos 12 núcleos.
Las principales causas de esta situación están asociadas a praderización de terrenos para el acaparamiento de tierras de manera ilegal. A esto se suman las malas prácticas de ganadería extensiva, la infraestructura de transporte no planificado, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal y la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas.
Reducción en el primer trimestre de 2021
Para el primer trimestre de este año, las cifras de deforestación se redujeron para los principales departamentos afectados por esta problemática. En el Meta, según el ministro Correa, se talaron 15.300 hectáreas frente a 23.800 que fueron arrasadas en el mismo periodo de 2020.
Por su parte, en Caquetá la cifra pasó de 24.300 hectáreas taladas en los primeros tres meses del año pasado a 15.000 en el mismo lapso de este año y en Guaviare el dato pasó de 15.000 hectáreas deforestadas en los tres primeros meses de 2020 a 11.300 hectáreas entre enero y marzo de este año.
Según Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en las zonas donde más se deforesta hay un gran problema de gobernabilidad, pues las condiciones, normas y contextos locales son muy diferentes, a lo que se adiciona que las fuerzas que operan en esas regiones son más fuertes que el propio Estado.
A su juicio, ni la Unidad de Parques, ni el Ministerio del Interior, ni la Agencia Nacional de Tierras tienen la capacidad, por sí solos, de abordar este problema, pues son las grandes mafias las que se están adueñando de terrenos baldíos de la Nación para el desarrollo ilegal de ganadería extensiva y para la construcción de carreteras.
De acuerdo con datos analizados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en 2016 ocho de los municipios amazónicos más deforestados albergaban un poco más de un millón de vacas. El año pasado esa cifra superó los 2 millones.