Casi un año y medio después de que el Gobierno firmara el Acuerdo de Escazú, este jueves a las 9 de la mañana en el Congreso de la República se votará para decidir si se ratifica este convenio regional, cuyo propósito es la protección de quienes se dedican a defender el medioambiente.
La semana pasada terminaron las audiencias públicas para su debate después de 10 meses de haberse radicado el proyecto de ley en el Congreso, con mensaje de urgencia por parte del Gobierno.
Para Colombia, la firma de este acuerdo es determinante, pues es el país más riesgoso para ejercer la defensa del ambiente y el territorio, según el más reciente informe de la ONG británica Global Witness, según el cual en el territorio nacional perdieron la vida 64 defensores y defensoras en 2019.
Además, resulta muy importante en momentos como los que vive el país, pues permitirá prevenir los conflictos ambientales que surgen a diario en el territorio y evitar el aumento desmedido de asesinatos de defensores ambientales.
Ante esta necesidad, los defensores del medio ambiente, periodistas, actores, académicos y científicos se han unido en una sola voz con el fin de pedir que se realice la votación, pero que además esta sea positiva para que la iniciativa pueda continuar su trámite en el Congreso en la próxima legislatura.
Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y presidente del Foro Nacional Ambiental dijo que este es un día especial y “pasará a la historia como aquel en que los congresistas de las comisiones 2a, al votar por el sí al Acuerdo de Escazú, le cumplieron a Colombia y a América Latina y el Caribe, superando las singulares presiones de los gremios en su contra”.
Por su parte, Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano, manifestó que “los acaparadores de tierras se oponen con fuerza al Acuerdo de Escazú, lo que se constituye en una señal para que hoy en el Congreso se ratifique este importante acuerdo regional, el cual ya fue ratificado por 12 países.
¿Cuál es su importancia?
El Acuerdo de Escazú es una herramienta vital para regular los derechos para acceder a la información, participar de los asuntos públicos y para que la justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de nuestros recursos naturales.
Este instrumento entró en vigencia el pasado 22 de abril en América Latina y el Caribe después de haber sido ratificado por 12 estados entre los que están México, Argentina, Ecuador, Bolivia y Panamá. Ahora es necesario que Colombia asuma el compromiso que manifestó con la firma del Acuerdo el 11 de diciembre de 2019, como una oportunidad histórica para fortalecer la paz y la democracia ambiental.
Para este momento, ya se realizaron cuatro espacios de discusión para aclarar en el Congreso de la República todas las dudas sobre el acuerdo. Allí participaron gremios, organizaciones de la sociedad civil, líderes ambientales y sociales de varias partes del país.
Según la Alianza por el Acuerdo de Escazú, contrario a lo que se ha dicho, este no atenta contra la soberanía nacional, pues no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional. “De hecho, su implementación se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los estados: el artículo 3 menciona los principios de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, e igualdad soberana de los estados; y el artículo 4 dispone que las obligaciones contenidas en él deberán ser incorporadas por los estados según su propia legislación, sin que éstas limiten o deroguen otros derechos y garantías más favorables previstas por las legislaciones del Estado que lo ratifique”, afirma en una comunicación oficial.
Para Colombia, el Acuerdo de Escazú es un instrumento de vital importancia que le permitirá superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales.
El espacio de este jueves es la última oportunidad, en el corto plazo, que Colombia tiene para ratificarlo. Si la discusión se pospone o se cancela, el proyecto quedaría archivado por vencimiento de términos y, si no logra la mayoría de votos, su futuro sería incierto.
La ratificación del Acuerdo enviaría una fuerte señal a los demás países, incluidos los aliados comerciales y de cooperación, así como a los inversionistas extranjeros, al reafirmar el compromiso de Colombia con la buena gobernanza, la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, en el marco de su vinculación con la Ocde y de inversiones a través de la Banca Multilateral, entidades que han liderado o dado su aval y apoyo a este Acuerdo.
En lo que respecta al desarrollo de proyectos, obras o actividades, Colombia es un país en el que la mayoría de contingencias relacionadas con proyectos del sector privado ocurren justamente por falta de procesos de participación y acceso a la información efectivos, lo que demuestra la importancia del Acuerdo de Escazú para el fortalecimiento de agendas de desarrollo a favor de todos los actores involucrados.