La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución No. 46587 del 5 de julio de 2018, formuló pliego de cargos contra 10 contratistas, una asociación de empresarios del sector de alimentos y 18 personas naturales proveedoras de productos alimenticios, requeridos por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá para su Programa de Refrigerios Escolares en el período comprendido entre 2007 y 2017.Según la entidad de control, la práctica anticompetitiva imputada a los contratistas investigados, tenía como finalidad repartirse, entre ellos, las distintas zonas de la ciudad respecto de la contratación de dicho programa, que beneficia a más de 780.000 niños en edad escolar, matriculados en el sistema educativo oficial de la capital del país.Es así como la SIC estableció que los contratistas más grandes, antiguos y consolidados del mercado se habrían cartelizado para no competir por cada una de las zonas objeto de adjudicación, con el objeto y/o el efecto de distorsionar o manipular el resultado de los mencionados procesos de contratación pública.Le sugerimos: Contraloría jaló las orejas del alcalde de Villavicencio por alimentación escolarAsí mismo, de acuerdo con la entidad, con su conducta anticompetitiva, los investigados habrían afectado procesos de contratación pública por un presupuesto aproximado de $1,5 billones.Los contratistas investigados son Aerodelicias SAS, Servicial SA, La Campiña SAS, Industrias Alimentos y Catering SAS - Catalinsa SAS, Diseral SAS, Fabio Doblado Barreto, Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS, Proalimentos Liber SAS, Alimentos Spress SAS, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda. y Asociación Colombiana de Empresas Proveedores de Alimento – Asoproval.En el evento en el que al terminar el proceso se declare que existió violación de las normas de la libre competencia económica, la SIC puede imponer las multas a los agentes del mercado investigados que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta de 100.000 SMLMV, equivalentes a $78.124 millones por cada infracción.En tanto, a las personas naturales vinculadas con los agentes del mercado que infrinjan esas disposiciones, hasta 2.000 SMLMV, equivalentes a más de $1.562 millones Le puede interesar: Procuraduría pedirá informes bimestrales sobre Alimentación EscolarSegún la SIC, los contratistas imputados a lo largo de los más de 10 años resultaron adjudicatarios de 178 zonas bajo la estrategia de ser proponentes únicos en una determinada zona; aparentar o simular estar compitiendo en otras zonas pero renunciando a hacer ofertas a la baja o inhabilitándose, entre otras estrategias coordinadas y concertadas de manera ilegal como la de desincentivar la competencia de terceras empresas no cartelizadas.Cabe señalar que el Grupo Élite contra Colusiones en Licitación Públicas de la Superindustria, encargado de liderar la presente investigación, encontró que los investigados celebraron reuniones, se cruzaron llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto (SMS), mensajes de WhatsApp y documentos digitales por medio de los cuales coordinaron los acuerdos y las conductas que eliminaron la competencia entre ellos.