Mientras los barranquilleros se preparaban para celebrar las fiestas de fin de año en el 2015, la entonces alcaldesa, Elsa Noguera, firmó un decreto mediante el cual quedaba aprobado un nuevo impuesto para los usuarios de telefonías fija y celular. El Acuerdo 019 de 2015 fue propuesto y aprobado por el Concejo de la ciudad a mediados del 2015 y posteriormente fue firmado por Noguera.Además de lo expedito del proceso, lo que más sorprendió es que la entonces alcaldesa Noguera no oyó las recomendaciones que en su momento hizo el ministro de las TIC, David Luna, ahora compañero en el gabinete. En su momento, Luna había enviado una carta a la alcaldía de Barranquilla señalando que ese tributo “desincentivaría el acceso y el uso de los servicios de telefonía y generaría una carga irrazonable a los usuarios de dichos servicios, generando una barrera en el acceso a la tecnología”.Luna no fue el único en objetar el impuesto a la telefonía. Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, gremio que integra los tres operadores más importantes: Claro, Tigo Une y Movistar, también se opuso a la implementación de este gravamen al señalar que este tipo de cobros puede aumentar la brecha digital entre los usuarios.Además, la Asociación de  Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) también había enviado una comunicación a la alcaldesa para que descartara el proyecto. El argumento de Andesco era que el impuesto no pasaría la revisión de un tribunal administrativo. Indicaron que la propia Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema y la respuesta es la misma: sólo el Congreso puede implementar nuevos impuestos.A pesar de las voces en contra, Elsa Noguera firmó y a partir de la primera semana de abril los barranquilleros vieron una nueva línea en su factura. Los cobros quedaron así: los usuarios de telefonía fija fueron organizados por estratos: el estrato 1 paga $500. Estrato 2: $1.000; Estrato 3 pagaría $1.500. Estrato 4: $3.000.  Mientras que los estratos Estrato 5 y 6 pagarán $7.000 y $10.000, respectivamente. Los sectores industrial y comercial deben cancelar: $12.000.En cuanto a la telefonía celular, el impuesto para los usuarios que tienen plan pospago quedó de la siguiente manera: Las personas que tienen planes inferiores a $60.000 deben cancelar el 3 % de la factura. Quienes paguen planes entre $60.001 y $100.000 deben pagar el 4 %. Mientras que los usuarios que tengan planes superiores a $100.000 deben pagar el 5 %.El Distrito barranquillero espera recaudar al menos $20.000 millones anualmente. Los concejales que promovieron este tributo aseguran que “utilizarán estos recursos para cubrir el pasivo pensional de la extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones (EDT). Mientras que el 90 % se utilizará para la financiación del sector deportivo, desarrollo de actividades culturales, conservación y mantenimiento de parques y espacios públicos y, por último, arborización en la ciudad, de acuerdo con lo que informó El Heraldo.Para analistas del sector de las tecnologías “es grave” que los concejales tengan una visión reducida del impacto de la telefonía móvil en una ciudad. “Cuando las finanzas no cuadran echan mano de un servicio cada vez más utilizado como el celular y desincentivan el uso productivo de estas tecnologías”, señalan.Lo cierto es que cada vez son más los colombianos que utilizan sus teléfonos como herramientas de trabajo y conexión. Para muchos, ese instrumento es la propia oficina. A pesar de esto, dicen allí, los concejales de la capital de Atlántico perciben estos servicios como bienes de lujo y no como una necesidad básica.