Por lo menos un 73 por ciento de los países de América Latina y el Caribe tienen una estrategia de gobierno digital, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta cifra evidencia el creciente interés de las naciones en usar estratégicamente las TIC para transformar la forma de trabajo de las instituciones, proveer mejores servicios a los ciudadanos y, en definitiva, aumentar su calidad de vida.

Elsa Estévez, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, e investigadora sénior de la Unidad Operativa en Gobernanza Electrónica Conducida por Políticas de la Universidad de la ONU, es una gran conocedora del concepto de gobierno digital. Su principal preocupación es que la digitalización contribuya a abrir aún más las brechas sociales, pues las poblaciones que más requieren los servicios del Estado son las menos conectadas.

SEMANA: ¿Cómo ha evolucionado el concepto de gobierno digital?

ELSA ESTÉVEZ: En un principio, el gobierno electrónico buscaba aplicar tecnología para poner información y servicios en línea. Entonces se dejó a las instituciones públicas la responsabilidad de digitalizar la información, crear portales de gobierno, y ofrecer los servicios a través de canales electrónicos. Pero se vio que esto no llevaba a los beneficios prometidos por el gobierno digital, el cual requiere profundas transformaciones en la cultura de las instituciones y en la forma de trabajar del gobierno. Por ejemplo, promoviendo la colaboración entre agencias públicas para que los servicios públicos no sean pedidos sino ofrecidos proactivamente. Estos cambios buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, facilitar la interacción con el Estado y lograr que las personas y empresas puedan participar activamente en el diseño de los servicios.

SEMANA: ¿Qué formas de participación ciudadana permite este modelo?

E.E.: Los presupuestos participativos son una forma de participación importante. Pero hay otras formas como la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno; en la formulación de políticas públicas. Aquí los ciudadanos colaboran activamente con las instituciones para el diseño de servicios públicos. Entonces si antes se podía hacer un grupo focal con ocho ciudadanos en Bogotá, ahora se puede hacer una encuesta o un taller en línea con ciudadanos de otras regiones. En vez de ver un pedacito de la realidad, el funcionario público ve las distintas realidades del país. Y, en segundo lugar, las tecnologías digitales permiten procesar toda esa información para realmente llevar a cabo lo que el ciudadano desea o necesita.

SEMANA: Esto tendría un impacto en la reducción de la desigualdad regional...

E.E.: Los gobiernos locales son los responsables de entregar la mayor parte de los servicios públicos y tienen un contacto más directo con los ciudadanos. Una vez el Gobierno nacional provee las soluciones digitales como portales web, es necesario profundizar las transformaciones sectoriales. Hay que tener mucho cuidado para que los nuevos canales electrónicos no aumenten estas brechas de desigualdad, porque las poblaciones que más necesidad tienen del Estado son generalmente las menos conectadas. Esto se puede lograr, por ejemplo, manteniendo los canales presenciales y usando la tecnología para facilitar el acceso presencial. Las políticas de inclusión digital deben tener en cuenta no solo el acceso a internet, sino la capacidad de compra de dispositivos tecnológicos.

SEMANA: ¿Cómo puede el gobierno digital ayudar a combatir la corrupción?

E.E.: Hoy los gobiernos de todo el mundo tienen un problema grave de legitimidad. La transparencia es una forma de asegurar el valor de la democracia para nuestro futuro. Las tecnologías digitales se pueden aplicar para aumentar la transparencia en el uso de los fondos públicos, la contratación de recursos humanos, los criterios de elegibilidad y entrega de servicios públicos, etcétera. Los gobiernos que más han avanzado en el gobierno digital, en el cual la transparencia es clave, son los que han considerado las políticas de tecnología como políticas de Estado. Es decir, quienes continúan estas transformaciones independientemente del gobierno.

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