Este viernes, 6 de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- dio a conocer que se inició una investigación contra la compañía de telecomunicaciones, Movistar, tras incumplir las órdenes que garantizan el derecho de los usuarios de portarse a otros operadores.
Como autoridad de protección al consumidor, la SIC recibió denuncias tanto de algunos operadores como de usuarios, las cuales dieron muestra de la posibilidad de que Movistar continuó realizando prácticas de rechazo o recuperación de usuarios que solicitaban la portabilidad, mediante la activación de estrategias comerciales, con el fin de hacer declinar dicha solicitud.
“Las estrategias se traducían en beneficios, promociones y ofertas, que al parecer estarían activando y cobrando a sus usuarios un producto, sin su autorización o aceptación previa y expresa; generando de modo inmediato una mora aparente que, a su vez, se estaría argumentando como razón para obstaculizar el traslado de la línea al nuevo operador”, indicó la SIC.
Por su parte, Movistar en su defensa presentó documentos que daban soporte de los rechazos de las solicitudes de portabilidad recibidas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Sin embargo, la Superindustria pudo determinar que dichos soportes no cumplirían con la orden emitida, ya que la información aportada no demostraría que habría actuado conforme a lo establecido en la normativa vigente para la fecha de los hechos.
Así las cosas, si se cumple el tiempo de todas las etapas propias del proceso administrativo sancionatorio, se comprueba que el proveedor incurrió en las conductas descritas, la compañía de telecomunicaciones “podría enfrentarse a la imposición de multas sucesivas hasta de 1.000 SMLMV, equivalentes a $ 1.160.000.000 (MIL CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.), por inobservancia de órdenes o instrucciones, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011″, explicó la SIC.
Es de anotar que, en marzo de 2022, la SIC ya había impuesto una sanción a este operador por un valor de $ 2.076 millones por vulneración a las normas de portabilidad numérica y a las órdenes impartidas por esta Entidad.
Cabe resaltar que, desde el año 2011, en Colombia se han llevado a cabo y de manera acumulada 43,2 millones de operaciones de portabilidad. De las cuales, 1,78 millones han sido registradas durante los primeros tres meses de este año. Lo que representa disminuciones de 5,3 % respecto de las cifras registradas durante el mismo periodo del año 2022, pero un aumento de hasta el 40 % frente al primer trimestre de 2021.